Zapatero: Borrando huellas con dinero público
Mientras la lista de la compra se dispara, alguien decidió que ciertos nombres debían desaparecer de Google. No de la memoria, claro, pero sí de la primera página. La Fiscalía Anticorrupción desvela un plan de “limpieza digital” orquestado en torno a Plus Ultra, la aerolínea que, con ayuda de 53 millones de euros públicos, se convirtió en el edén del blanqueo de capitales. Felipe Baca, un empresario peruano con más contactos que un teléfono fijo, se erige como el fontanero de la reputación, dispuesto a achicar agua por 85.000 euros. ¿El objetivo? Borrar referencias al rescate de la aerolínea y, sobre todo, los nombres de Baca, Flavio Borquez, Héctor Tobias y Rodolfo Reyes. La operación, internacional y silenciosa, se gestó entre septiembre y octubre de 2022, justo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara la ayuda.
Pero la cosa no quedó ahí. La investigación francesa desenterró pagos a cambio de “suprimir decenas de artículos” sobre “acciones de corrupción”. 60.000 euros fueron destinados a limpiar el rastro en Internet, mientras que otros 25.000 estaban comprometidos por Baca. El dinero, según la Autorité des Marchés Financiers (AMF), se usó para “nettoyer” (limpiar, en francés) el reguero digital. Y como buena telenovela, el caso escaló: el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero apareció en el radar, imputado por el juez Calama como líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Se habla de entre dos y cuatro millones de euros en comisiones y de sociedades offshore para ocultar el pastel. Hasta el abogado de Baca, Miguel Palomero, aparece en la ecuación, coordinando pagos a jueces y a la pareja del ministro Ábalos.
El rescate de Plus Ultra, que ya estaba en el punto de mira por sus vínculos con el régimen de Maduro y el programa CLAP, se convirtió en un agujero negro de opacidad. El borrado de información no solo buscaba proteger la imagen de los implicados, sino también facilitar la apertura de cuentas bancarias. Porque, a fin de cuentas, la reputación online también tiene precio. Y, al parecer, se pagó con dinero público.
Mario Herrera