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La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado el juicio oral contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor bajo su tutela. La decisión se produce tras la estimación parcial de los recursos presentados por las acusaciones, Gobierna-te, Vox y la defensa de la víctima, contra el archivo inicial del caso por parte del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia. El instructor había archivado el caso dos veces, argumentando falta de indicios de criminalidad. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha determinado que los hechos descritos son constitutivos de delito y ha ordenado la apertura del juicio oral contra Oltra y otros cuatro acusados. Por otro lado, ha confirmado el sobreseimiento de otros cinco investigados al no existir acusación contra ellos. La decisión de la Audiencia dificulta el regreso de Mónica Oltra a la primera línea política. El caso ha generado gran expectación debido a la implicación de una exdirigente política y a la gravedad de los delitos imputados.
El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una normativa para controlar económicamente a los medios de comunicación, limitando sus ingresos por publicidad institucional al 35%. Además, exigirá transparencia en la estructura de propiedad y accionariado de las empresas periodísticas. La medida busca reducir la dependencia de los medios pequeños respecto al dinero público, especialmente en territorios gobernados por PP o Vox. El Ejecutivo también ampliará el derecho de rectificación a medios digitales y perfiles con gran difusión, y aumentará las sanciones por incumplimiento. Esta legislación surge en un contexto de creciente confrontación entre el Gobierno y ciertos medios y periodistas críticos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público que incluye una limitación del 35% a la publicidad institucional en los medios de comunicación, justificándolo como una adaptación al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Sin embargo, el EMFA no impone ningún tope porcentual a la publicidad institucional, sino que exige transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos. Esta medida podría afectar desproporcionadamente a los medios críticos y locales que dependen significativamente de la publicidad institucional. El Ejecutivo sostiene que la reforma refuerza la transparencia y la calidad democrática, pero críticos argumentan que se está yendo más allá de lo exigido por la UE y que esto podría dañar la pluralidad y la viabilidad de ciertos medios.
La sociedad Tojsama 14, vinculada al exministro José Bono, ha incorporado en sus cuentas una valoración de 532.385 euros asociada a su participación en la sociedad dominicana Teivelpir RD. Esta cifra representa un aumento significativo respecto al valor de adquisición de 1.487 euros registrado en 2023. La sociedad Teivelpir RD, constituida en septiembre de 2020, se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría. José Bono figura como titular de esta sociedad con un 99,9% de participación. El valor de la inversión se ha actualizado debido a la incorporación de una valoración de la participación por primera vez en las cuentas de Tojsama. Bono obtuvo la nacionalidad dominicana en septiembre de 2020, poco antes de constituir Teivelpir y otras tres sociedades en el país. Tojsama, que tiene como objeto social el asesoramiento empresarial y la adquisición de bienes inmuebles, ha sido utilizada por Bono para realizar diversas inversiones tanto en España como en el extranjero. El exministro ha utilizado esta sociedad y otra llamada Joasa 2012 SL para comprar inmuebles en Toledo y Tánger (Marruecos).
El Gobierno enfrenta críticas del Partido Popular (PP) por una 'cuña fiscal' de 154.000 millones que afecta duramente a las clases medias. Según un informe de la Vicesecretaría de Economía del PP, liderada por Alberto Nadal y Juan Bravo, esta carga impositiva, derivada del IRPF, IVA y cotizaciones sociales, ha aumentado un 37,9% del PIB en 2025, tres puntos más que en 2018. La decisión de no deflactar el IRPF ha permitido a la Agencia Tributaria recaudar 70.000 millones desde 2018, con un impacto anual adicional de 1.800 millones hasta 2031. Además, el IVA ha generado 23.000 millones y las cotizaciones sociales 61.000 millones. Esta presión fiscal supera en cinco puntos la media de la OCDE y equivale al 83% del presupuesto para pensiones. El informe denuncia que la riqueza bruta ha disminuido en todas las franjas de edad por debajo de 65 años, especialmente entre los menores de 35 años, donde el porcentaje de hogares con vivienda en propiedad cayó ocho puntos porcentuales entre 2018 y 2024. El PP argumenta que el crecimiento del PIB es 'extensivo', basado en el aumento de la población ocupada, principalmente inmigrantes en empleos de baja cualificación, sin traducirse en mejoras para los trabajadores. Actualmente, el 80% de los trabajadores a tiempo completo gana menos de 30.000 euros, y la edad media de emancipación en España es de 30 años, casi cuatro más que la media europea. El PP concluye que el modelo económico actual genera empleo pero no seguridad ni poder adquisitivo, debilitando a la clase media trabajadora.
Pedro Sánchez ha reducido su círculo político a su mínima expresión y concentra el control de la agenda en su jefe de gabinete, Diego Rubio, ante la creciente desconfianza hacia sus ministros. Este repliegue coincide con un momento de bloqueo parlamentario, desgaste electoral y deterioro de las relaciones con sus socios, que han dejado al Gobierno sin capacidad para sacar adelante sus principales proyectos. La desclasificación de los documentos del 23-F es una medida de alto contenido simbólico diseñada para ocupar el centro del debate público. El presidente ha impulsado anuncios como la reforma constitucional del aborto y la ofensiva contra las grandes plataformas digitales. Estas iniciativas no surgen de los ministerios, sino del equipo de Presidencia. El Gobierno sigue sin Presupuestos y mantiene congeladas reformas que Sánchez anunció, como el plan anticorrupción y el impuesto al diésel pactado con Bruselas. La relación con los socios no ofrece margen de maniobra, y Junts ha certificado su ruptura con el Ejecutivo. El resultado es un modelo de poder cada vez más concentrado en torno al presidente y su gabinete de confianza.
La gala de los Premios Goya se celebrará el 28 de febrero en Barcelona, coincidiendo con su 40ª edición, en un contexto en el que el cine español enfrenta una profunda crisis de audiencia. Según datos del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en 2025 se exhibieron 727 películas españolas, pero más de la mitad, un 53,2%, no llegó a recaudar ni 1.000 euros. Solo 16 películas superaron el millón de euros de recaudación, y únicamente una alcanzó los 10 millones. La película 'Padre no hay más que uno 5', dirigida por Santiago Segura, lideró la taquilla con 13,4 millones de euros, representando el 16,9% del total recaudado por el cine español. La concentración de la recaudación es extrema: solo 10 películas son responsables del 55,65% del total recaudado. Estos datos revelan un desinterés generalizado por el cine español y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de la industria y la efectividad de las subvenciones públicas.
Suecia ha logrado crear un vibrante ecosistema emprendedor gracias a reformas fiscales estratégicas que han incentivado la inversión en startups y han fomentado la reinversión de capital. Con medidas como la abolición del impuesto sobre sucesiones y donaciones y la creación de cuentas de ahorro con tributación plana, Suecia ha pasado a ser el cuarto país del mundo en número de 'unicornios' per cápita. Entre 2016 y 2023, registró 823 salidas a bolsa, la mayoría en mercados de crecimiento para pymes. España, por el contrario, mantiene impuestos que penalizan el capital productivo y limitan el desarrollo de empresas jóvenes. La lección sueca sugiere que la clave para fomentar el emprendimiento no está en grandes fondos públicos, sino en políticas coherentes y sostenidas que incentiven la inversión privada.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva normativa para limitar al 35% la publicidad institucional en los medios de comunicación, en un intento por aumentar la transparencia en la financiación pública de los medios. Esta medida forma parte de su Plan de Acción por la Democracia, impulsado tras el estallido del caso Begoña Gómez. Desde que Sánchez llegó al poder en 2018, el gasto en publicidad institucional ha aumentado considerablemente, pasando de 62,85 millones de euros en 2019 a 155,6 millones previstos para 2026. En total, entre 2019 y 2026, el Gobierno habrá gastado más de 1.000 millones de euros en publicidad institucional sin que se sepa exactamente a qué medios han ido a parar estos fondos. El ministerio que más dinero recibe es el de Transición Ecológica, con 17,1 millones, seguido de Igualdad y Agricultura. La normativa necesitará el apoyo del Congreso de los Diputados, donde el voto de Junts será clave.
La tensión en el seno de la Policía Nacional sigue en aumento tras las graves acusaciones formuladas por JUPOL contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. Laura García, portavoz del sindicato, ha denunciado en el programa 'La Noche de Cuesta' de esRadio que el policía implicado en el 'caso DAO' no solo ha mantenido su cargo, sino que ha sido promocionado a un puesto de mayor relevancia. Óscar San Juan, mano derecha del exdirector del DAO, ahora ostenta el cargo de jefe de la Brigada de la Unidad Central Operativa de la Comisaría General de Policía Científica, uno de los puestos más destacados en la investigación de crímenes en España. Mientras tanto, continúa disfrutando de las prebendas asociadas a su posición, incluyendo una vivienda oficial y un vehículo con chófer. García ha subrayado que este trato de favor es inaceptable y ha generado un profundo malestar entre los agentes de policía. La situación ha llevado a JUPOL a convocar una concentración frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión de Marlaska. El sindicato ha criticado duramente la gestión de la cúpula policial, acusándola de encubrir a los implicados y de permitir que las órdenes políticas interfieran en los despliegues y traslados de agentes. La concentración tendrá lugar hoy, y mañana se repetirá con el apoyo del sindicato CEP, sumando presión a la petición de responsabilidades. García ha concluido que mientras se mantengan los privilegios para los altos cargos y se normalice el encubrimiento de delitos graves dentro de la Policía, la confianza de los ciudadanos y de los propios agentes en la institución seguirá deteriorándose.
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Rocío Cano