Se echa en falta una perspectiva más amplia sobre las políticas ambientales europeas. El artículo se centra demasiado en la confrontación política, sin ahondar en los beneficios potenciales de las ZBE si se implementaran con una planificación adecuada y ayudas reales. El título, aunque efectivo, roza el sensacionalismo.
La Moncloa, con su afán de eficiencia digital, quería traductores disponibles 24/7. Sí, como esos camareros que te atienden a las 3 de la mañana, pero con textos en catalán o euskera. El Tribunal Administrativo, con la sensatez que a veces florece en la burocracia, le ha dicho: “¡Alto ahí!”. La licitación inicial, lanzada en diciembre, parecía redactada por un robot con delirios de control. Exigían disponibilidad perpetua para traducir, con la promesa velada de que las urgencias serían…urgentes. Seprotec Traducción e Interpretación, una empresa con nombre de película de espías, recurrió, alegando que el presupuesto era ridículo para semejante esclavitud moderna. Y tenían razón. ¿Cómo cubrir 24 horas con dos traductores por idioma? Apenas 80 horas semanales, lo que equivale a que el equipo duerma con el diccionario abierto. La Moncloa se defendió, alegando que solo querían un canal abierto para recibir mails, no obligar a nadie a trabajar sin descanso. ¡Vaya, qué considerados! El Tribunal, sin embargo, no se tragó el cuento. Consideró que la redacción era tan clara como el agua (o tan turbia como los intereses en juego) y que implicaba la obligación de atender y traducir, a cualquier hora. La Justicia ha dictaminado que la exigencia de disponibilidad constante es “manifiestamente excesiva”. Ahora, la licitación vuelve a empezar, con condiciones más humanas. Al final, hasta los traductores necesitan dormir, cenar y tener una vida. Y, seamos sinceros, la prisa no suele mejorar la calidad de la traducción. El Gobierno, en su intento de aparentar agilidad, se ha topado con una realidad ineludible: la calidad humana no se puede licitar a precio de saldo.
Alcorcón se ha gastado 3 millones de euros en una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, ojo, es más un colador que una barrera. La alcaldesa, Candelaria Testa, tuvo que desempatar con su voto porque, al parecer, incluso dentro del PSOE dudaban si esto era una ocurrencia o un timo. La ZBE, que no estará operativa hasta 2030 (sí, has leído bien, ¡2030!), permite entrar a los coches viejos si vas a ver a la abuela, al médico o a hacer un negocio. ¡Un clásico! El 2,5% del parque automovilístico se verá afectado, según la concejala de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, que defiende la medida con la misma convicción que un vendedor de cremas antiarrugas. La oposición, con Vox a la cabeza, clama contra esta “ingeniería social” que, según ellos, perjudica a los trabajadores y autónomos. El PP, por su parte, reconoce que es una exigencia europea para seguir recibiendo fondos, pero critica el modelo. En resumen, 3 millones de euros para que Alcorcón parezca que hace algo por el medio ambiente, mientras que los coches contaminantes seguirán circulando con un simple “voy a ver a mi tía”. El Ayuntamiento, eso sí, promete ayudas para paneles solares y coches eléctricos. ¿Será una forma de lavar la conciencia o de justificar el gasto? El debate, como es habitual, está servido y el aire, lamentablemente, no se está limpiando.
Un millón de euros. Esa es la cantidad que ha llovido sobre el Ateneo de Madrid desde que Luis Arroyo, ex-asesor de Zapatero y ahora su portavoz oficioso, tomó las riendas. Mientras tú y yo nos apretamos el cinturón para pagar la lista de la compra, el Ateneo se ha visto inundado de subvenciones públicas. Arroyo, un currículum socialista hasta la médula (Director de Gabinete, Subdirector… ¡parece un árbol genealógico del PSOE!), llegó al Ateneo en 2021 y desde entonces ha sabido cómo 'tirar de la cartilla' a los gobiernos de turno. 943.855 euros, para ser exactos, entre 2021 y 2026. Pero ojo, no todos los ateneos son iguales. El de Barcelona, por ejemplo, se conforma con apenas 60.000 euros. ¿Acaso la cultura catalana es menos 'democrática'? El contraste es brutal. En diciembre de 2024, el Gobierno aprobó una jugosa subvención de 400.000 euros para la “memoria democrática” en el Ateneo. Un detalle: Pedro Sánchez eligió precisamente este Ateneo para dar el pistoletazo de salida al curso político. Más del 90% de los invitados a los desayunos informativos, adivinen… afines al Gobierno. La Comunidad de Madrid, harta de este 'favoritismo', cortó una subvención de 100.000 euros en 2023. Arroyo, lejos de amilanarse, renovó su mandato el 26 de mayo. El dinero público, al final, parece haber comprado más lealtades que cultura. Una historia vieja, con nuevos actores y la misma partitura.
El PSOE, partido que prometía un cambio, parece más un club de amigos con facturas dudosas. La gerente federal, Ana María Fuentes, acaba imputada por el juez Pedraz por una trama de 132 millones de euros en contratos públicos, un agujero contable que haría sonrojar a un prestamista a interés. Y en el centro del huracán, Begoña Gómez, la esposa del presidente, tejida en una red de amistades íntimas que parecen diseñadas para asegurar que la lealtad valga más que la transparencia. Su amiga de la infancia, Lourdes Solís Toledo, no es solo una militante socialista de Torrelodones, sino la mano derecha de Fuentes, la encargada de 'asegurar el cumplimiento de las normas' que, casualmente, no vio las facturas falsas. Torrelodones, ese pueblo de la sierra madrileña, se ha convertido en el epicentro del 'sanchismo', un ecosistema de lealtades donde los padres de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá y otros afines tienen villa. La cosa ha escalado tanto que hasta un simple periodista, Vito Quiles, intentando hacer su trabajo en una cafetería, necesitó ser 'interceptado' por Solís, quien literalmente se abalanzó sobre él, como si defendiera un tesoro. Una 'defensa' que, irónicamente, se viralizó más que cualquier escándalo. La SEPI, Sepides, Mercasa y Enusa, entidades públicas que deberían servir al ciudadano, aparecen ahora en el centro de una investigación por malversación y tráfico de influencias. La imputación de Fuentes, junto a Santos Cerdán y otros, pinta un panorama desolador: organización criminal, cohecho y falsedad documental. La pregunta ya no es si hubo corrupción, sino hasta dónde llega la madeja de intereses cruzados. La denuncia de Begoña Gómez por agresión a Quiles, desestimada, es solo la guinda de un pastel en descomposición.
El Ministerio del Interior parece empeñado en un 'tetris' legal donde las piezas no encajan. Mientras la UCO, esos sabuesos que husmeaban en las cloacas del PSOE (y que ahora investiga el juez Pedraz), siguen dando guerra, Fernando Grande-Marlaska intenta reforzar su control sobre la Guardia Civil, pero no con medidas de transparencia, sino con una plaga de puestos 'a dedo'. ¿La excusa? Mejorar la eficiencia. ¿La realidad? Asegurar la lealtad. El proyecto, que llegará al Pleno de la Guardia Civil el 11 de junio, otorga a la directora de la Benemérita, Mercedes González –la misma que, según Pedraz, fue parte del problema–, mayor poder de designación. Estamos hablando de cargos clave encargados de, ni más ni menos, de dar obras sin licitación y comprar chalecos salvavidas que, quién sabe, quizás no salven a nadie. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que esto es ‘un peligro que genera servilismo’, es decir, que el mérito y la capacidad pasan a ser secundarios frente a la devoción al mando. Ya lo dijo el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco): menos puestos a dedo, más transparencia. Pero Marlaska hace oídos sordos y, para colmo, añade más nombres a la lista, incluyendo jefes de Tráfico, unidades de música e incluso psicólogos. La cosa va tan seria que la AUGC teme que el acceso a ciertos puestos dependa menos del talento y más de la ‘afinadad’ con los superiores. La situación es tan surrealista que, según la AUGC, ya suman más letras que un abecedario. Y mientras tanto, la pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde llegará este juego de tronos en la Benemérita? Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías ya están en el punto de mira de la justicia por un rosario de delitos que van desde la organización criminal hasta el tráfico de influencias. La UCO y la UDEF, con la lupa puesta. La independencia de la Policía Judicial en entredicho. Todo, en un contexto de desconfianza generalizada. La Guardia Civil, un polvorín a punto de explotar.
La memoria de José Luis Rodríguez Zapatero, ya de por sí erosionada por la crisis, recibe un nuevo golpe. No es un ataque directo, sino una radiografía de su 'entorno más próximo', cortesía de la UDEF. Gertrudis Alcázar, su secretaria de confianza durante años –la que movía los hilos desde la sombra–, se ha comprado un pisito. No uno cualquiera, ojo. Un chaletito de obra nueva en Velilla de San Antonio, pagado al contado en julio de 2023. ¿Coincidencia? La investigación apunta a que no. La UDEF, con lupa y olfato, quiere saber de dónde salió el dinero. Porque, mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca hasta la jubilación, la secretaria de Zapatero despachó con 2 millones de euros sin despeinarse. Alcázar, según el juez Calama, no era una simple taquillera. Era el 'operativo esencial' de una trama que, según los investigadores, utilizaba a Zapatero como el 'líder no visible' para facilitar negocios turbios: rescates de aerolíneas, petróleo venezolano, acuerdos con China... Un menú exótico, financiado con sociedades pantalla y contratos de consultoría que, en lenguaje llano, son formas elegantes de lavar dinero. Y la cosa va más allá. La hermana de la secretaria, Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla, está procesada por prevaricación. Un familiar en el ajo, siempre es un buen augurio. Zapatero, mientras tanto, se ha ido ampliando la colección de chalets: Lanzarote, Aravaca, Puerta de Hierro... Un patrimonio que florece a medida que sus 'actividades internacionales' –léase, contactos con chavistas y empresarios chinos– se multiplican. La UDEF, con paciencia, revisa cuentas bancarias y movimientos sospechosos. Porque, al final, siempre hay una factura que pagar.
El nuevo 'must-have' en la Luna no son banderas ni astronautas, sino catapultas electromagnéticas. SpaceX, con Elon Musk a la cabeza, sueña con lanzar miles de satélites de IA desde nuestro satélite natural, pero un informe de la American Foreign Policy Council envenena la idea: estas 'mass drivers' podrían ser armas de primer ataque imposibles de rastrear. Gerard O'Neill ya lo propuso en los 70, pensando en lanzar minerales lunares, pero ahora la cosa pinta a algo más bélico. Andre Sonntag, analista de seguridad cislunar, advierte que Estados Unidos debe espabilar o China se quedará con el control del espacio. La inversión necesaria para hacer viable un sistema de lanzamiento masivo es considerable, y aunque empresas como Auriga Space ya se mueven, necesitan un empujón. El informe no se centra en SpaceX, pero la sombra de Musk y su fábrica lunar de satélites es alargada. La paradoja es que, aunque el Tratado del Espacio Exterior prohíbe bases militares en la Luna, la naturaleza dual de estas catapultas hace que sea difícil determinar si son para lanzar rocas lunares o cabezas nucleares. China ya está estudiando el tema, pensando en una cadena logística lunar-terrestre ultraeficiente. El informe es un toque de atención: la carrera espacial ha vuelto, y esta vez, el premio no es solo la gloria, sino el control de un nuevo territorio estratégico con un potencial militar inquietante. Y mientras tanto, la NASA sigue con el programa Artemis, intentando poner algunas reglas al juego antes de que la cosa se ponga fea. Leonard David, veterano periodista espacial, lo está contando todo desde hace décadas.
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