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El Tribunal Supremo ha cuantificado en 79.942,70 euros las costas del juicio que resultó en la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, estaba siendo representado por el letrado Gabriel Rodríguez Ramos, quien justificó sus honorarios argumentando la complejidad del caso y la falta de precedentes en la filtración de información reservada por parte de un fiscal general. García Ortiz fue condenado por revelar secretos y deberá pagar esta cuantiosa suma además de una multa de 17.200 euros. La minuta del abogado de González Amador asciende a 64.778,78 euros, a lo que se suman 13.603,32 euros de IVA y 1.560,38 euros por los honorarios de la procuradora. El letrado defendió que nunca antes un fiscal general había protagonizado una filtración semejante, involucrando a un representante público de un partido rival. Rodríguez Ramos detalló sus honorarios, cobrando 250 euros por la preparación de cada interrogatorio y 750 euros por cada recurso de apelación.
La red viaria española se encuentra en un estado penoso según la plataforma para la defensa del sector del transporte. Manuel Hernández, su presidente, denunció en el programa 'El Cascabel' de TRECE la peligrosidad insostenible que enfrentan los conductores, agravada por los últimos temporales. La plataforma presentó un escrito al Ministerio de Transporte el 11 de febrero detallando los tramos en peor estado, pero aún no han obtenido respuesta. Jesús Contreras, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, explicó que las carreteras se deterioran 'de arriba a abajo' por falta de mantenimiento. El proceso comienza con fisuras en la capa de rodadura debido al tráfico pesado. Si no se sellan, el problema se agrava. El agua es otro factor clave, ya que al entrar y aumentar la presión intersticial, daña la capa estructural. Los simples parcheos son ineficaces si no se sanea la base. Contreras criticó la inversión pública de 1.500 millones en la red estatal cuando debería ser de 5.000 millones. La carretera genera 30.000 millones anuales en impuestos, pero solo se destina un 0,75% al mantenimiento. Hernández destacó que el sector del transporte aporta 52.000 millones anuales en impuestos y tasas. La DGT registró 554 siniestros por reventones de neumáticos en 2024, con 1.017 víctimas y 39 muertos. Hernández vinculó estos incidentes al mal estado de las carreteras y denunció la falta de interlocución con el Gobierno.
La enfermera Susana Hernández, colocada por Pedro Sánchez en octubre de 2020 como presidenta de Sainsel Sistemas Navales, ha generado un escándalo por sus emolumentos. Desde su nombramiento, ha cobrado un total de 636.866,48 euros brutos. La empresa, vinculada a Navantia e Indra, se dedica a la ingeniería naval y ha registrado pérdidas coincidiendo con su mandato. Susana Hernández pasó de ser concejala socialista en Murcia a senadora del PSOE antes de asumir el cargo en Sainsel. A pesar de carecer de experiencia en ingeniería naval, su retribución ha aumentado progresivamente: 21.390,01 euros en 2020, 94.767,93 en 2021, 126.924,58 en 2022, 127.504,71 en 2023, y 131.265,20 en 2024, con una previsión de 135.014,05 euros para 2025. Además, ha gastado 35.748,96 euros en dietas y desplazamientos, con viajes a destinos como Colombia, Perú y Chile. La empresa ha acumulado pérdidas entre 2021 y 2023, aunque en 2024 mejoró gracias a una subvención europea de 373.000 euros.
El Gobierno ha defendido la incorporación de cuatro ex cargos del Ministerio de Transportes en puestos directivos de Renfe, argumentando que están 'capacitados' para sus nuevos roles. Entre los nombrados se encuentran Álvaro Fernández Heredia, actual presidente de Renfe, y Roser Obrer, exdirectora general de Transporte por Carretera, ahora gerente del área de Servicio Público en Renfe Viajeros. La mitad de estos directivos provienen del sector del autobús, lo que ha generado críticas internas entre los ferroviarios, quienes cuestionan su falta de experiencia en el sector ferroviario. Estos movimientos coinciden con la propuesta de jubilación forzosa de 1.300 trabajadores veteranos de Renfe, un plan que finalmente se paralizó. El Ejecutivo justificó los nombramientos basándose en 'criterios de oportunidad y capacitación' determinados por el Consejo de Ministros. Además, el Gobierno ha defendido otros movimientos corporativos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes, como el ascenso de Almudena Hernando en ADIF, pareja de un alto cargo de la misma empresa.
Borja Cabezón, íntimo amigo y colaborador de Pedro Sánchez, ha declarado prácticamente los mismos ahorros en sus cuentas corrientes en 2020 y 2025, pese a haber ocupado varios cargos públicos con retribuciones elevadas durante ese periodo. En 2020, declaró 17.600,83 euros en depósitos, mientras que en 2025 la cifra fue de 17.506,50 euros, apenas 94 euros menos en cinco años. Durante este tiempo, Cabezón acumuló salarios que superaron los 300.000 euros brutos. Su carrera política incluye puestos como director del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y consejero delegado de ENISA, con retribuciones anuales de hasta 98.474 euros y previsiblemente más de 100.000 euros en ejercicios posteriores. Pese a estos ingresos, el saldo en sus cuentas corrientes permaneció prácticamente congelado. La declaración de 2025 refleja cambios en otros apartados, como un aumento en el valor declarado de bienes inmuebles de 184.960,15 euros a 579.272 euros y un pasivo de 295.840,97 euros. Fuentes fiscales explican que la cifra declarada en depósitos no necesariamente refleja el total del patrimonio financiero, sino solo el saldo en cuentas corrientes o de ahorro. La estabilidad de sus ahorros coincide con una polémica sobre el posible uso de empresas y testaferros para eludir impuestos, lo que el PSOE niega. La coincidencia temporal entre la publicación de su declaración de bienes y la polémica sitúa a Cabezón en el centro del foco político.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría manipulado las primarias del PSOE en 2017 junto a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, según revelaciones de El Español basadas en el contenido del teléfono de Koldo. Los mensajes de WhatsApp muestran instrucciones para intervenir en votaciones en Navarra y otras comunidades autónomas. La expareja de Koldo, Patricia Úriz, habría introducido papeletas falsas y modificado actas. Los mensajes también señalan la implicación de otros colaboradores en Valencia, Madrid y Andalucía. La manipulación incluyó suplantación de votantes y alteración de censos. El escándalo se suma a denuncias previas de irregularidades en las primarias de 2014 y 2017. La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ya había cuestionado la legitimidad de la elección de Sánchez en 2017. Los hechos revelan una red de colaboradores y una posible trama de corrupción en el seno del PSOE.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un nuevo plan para construir 15.000 viviendas al año mediante un fondo soberano de 23.000 millones de euros. Sin embargo, esta promesa se suma a una larga lista de anuncios similares que no se han materializado en nuevas construcciones. La iniciativa 'España Crece' pretende dar prioridad a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible y social, combinando financiación a largo plazo con soluciones de inversión en capital. El anuncio se produce en un contexto de inmigración masiva e irregular, lo que podría aumentar la presión sobre el mercado de la vivienda. Según Funcas, la regularización masiva anunciada por PSOE y Podemos podría beneficiar a casi un millón de personas, lo que podría generar un efecto llamada y aumentar el flujo migratorio en otros 212.000 inmigrantes anuales. El déficit de viviendas en España es de unos 700.000 inmuebles, según el Banco de España.
El portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, ha generado un intenso debate en la izquierda madrileña al sugerir que el movimiento LGTBI no debe 'invisibilizar' a los 'chicos varones'. Sus declaraciones en eldiario.es fueron recibidas con críticas feroces por parte de compañeros de partido, como Jimena González y Carla Antonelli, quienes las calificaron de 'completo disparate' y 'torpeza inmensa'. El propio Más Madrid se desvinculó de sus palabras a través de redes sociales, afirmando que 'la mayor visibilidad del colectivo LGTBIQ+ no borra a nadie ni invisibiliza a otros'. El diputado del PSOE Víctor Gutiérrez también se sumó a las críticas, argumentando que la visibilidad LGTBIQ+ no implica la invisibilización de otros grupos. Finalmente, Delgado pidió disculpas, admitiendo que estuvo 'muy poco fino' en sus declaraciones y que tratará de explicarse mejor en el futuro.
La noticia revela que Borja Cabezón y Ferraz mintieron sobre su estructura empresarial y el uso de testaferros para eludir impuestos. Documentos de la Agencia Tributaria acreditan la existencia de un entramado mercantil con ramificaciones en Costa Rica, vinculado a Cabezón y a la sociedad británica Glengrove Limited. Estos documentos, intervenidos en abril de 2016, muestran que Cabezón continuó usando los servicios de Nummaria, un despacho dirigido por el fiscalista Fernando Peña, condenado a 80 años de cárcel en julio de 2025 por crear estructuras para eludir impuestos. La Audiencia Nacional detalló que Nummaria facilitó sociedades opacas en varios países, permitiendo a clientes como Cabezón evadir impuestos sin ser detectados. Cabezón y Ferraz desmintieron estos hechos, pero los documentos prueban que mintieron sobre la existencia de empresas en el extranjero y el uso de testaferros. El caso evidencia la complejidad de las redes de evasión fiscal y la implicación de figuras públicas.
En un tenso enfrentamiento dialéctico y digital, la diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, ha corregido públicamente las informaciones que circulaban sobre las intenciones de su formación y Vox respecto al uso del velo integral en España. Muñoz lanzó un ataque frontal contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusándola de 'mentir' para proteger una prenda que, según Muñoz, oprime a la mujer. La polémica gira en torno al burka, una túnica integral que cubre todo el cuerpo, incluso los ojos con una rejilla, y que es vista por Muñoz como una 'cárcel' para las mujeres, mientras que Díaz considera que prohibirlo vulnera la libertad religiosa. El debate ha llevado a aclaraciones sobre las diferencias entre hiyab, niqab y burka, prendas islámicas que han generado controversia. Muñoz subrayó que defender la libertad de la mujer es incompatible con normalizar el burka, y aclaró que su partido no busca distorsionar la realidad sobre estas prendas. La discusión se intensificó cuando Díaz vinculó la prohibición del burka con una vulneración de derechos constitucionales, específicamente los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, que garantizan la igualdad ante la ley y la libertad ideológica y religiosa. Muñoz respondió con contundencia, acusando a Díaz de mentir y de no ser feminista. El intercambio de acusaciones y aclaraciones ha puesto de relieve la complejidad del debate sobre la libertad religiosa, la igualdad de género y los límites de la libertad de expresión en España.
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Pilar Castro