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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales critica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños. Salvador Viada, portavoz de la asociación, considera que la reforma es una 'tomadura de pelo' y que no garantiza la independencia de la Fiscalía. La reforma busca que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales, competencia que desde 1882 ha correspondido a los jueces. Viada ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma y ha destacado que la independencia de la Fiscalía es crucial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, terminará su mandato en 2027. La oposición, incluido el Partido Popular, ha sido criticado por no implicarse en la reforma. La reforma plantea riesgos de injerencia política y se produce en un momento complejo para el Gobierno, rodeado de casos judiciales y acusaciones de corrupción. La estructura de investigación dirigida por fiscales solo funciona si la Fiscalía es independiente del Gobierno.
Mariano Moreno, exgerente del PSOE, ha declarado en el Tribunal Supremo que miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido cobraban dinero en efectivo en sobres. Moreno compareció como testigo junto a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE. Según fuentes jurídicas, los testimonios de ambos revelan un presunto sistema de blanqueo por parte del PSOE para encubrir sobresueldos en B a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Estos presentaban tickets y facturas de supuestos gastos que Ferraz liquidaba sin control ni comprobación. Moreno afirmó que Koldo cobraba las liquidaciones y luego las repartía entre Ábalos y Santos Cerdán. El exgerente reconoció que los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal cobraban liquidaciones de gastos en efectivo. El PSOE sacó cerca de 1 millón de euros en efectivo del banco desde mayo de 2017. Las liquidaciones de gasto para Ábalos, Koldo y Santos Cerdán sumaban unos 190.000 euros. El destino de los 750.000 euros restantes no ha sido aclarado. El empresario Víctor de Aldama aseguró haber entregado grandes cantidades de dinero en efectivo a Ábalos y Koldo.
El presidente Pedro Sánchez anunció el 31 de marzo de 2025 una medida para endurecer requisitos para universidades privadas. Su hija menor, Carlota Sánchez Gómez (18 años), se matriculó en ESIC University, institución privada de élite. La universidad cuesta 14.000 euros anuales más 2.000 euros de matriculación inicial. ESIC University, creada en 2021, tiene adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos. Begoña Gómez, esposa de Sánchez, también estudió allí. La medida anunciada por Sánchez permanece paralizada por alegaciones recibidas por el ministerio de Universidades de Diana Morant. El precio total de la carrera de cinco años asciende a 72.000 euros (14.000 euros/año x 5 años + 2.000 euros de matriculación). La noticia generó controversia por la aparente contradicción entre las declaraciones de Sánchez sobre universidades privadas y la decisión de su hija de estudiar en una de ellas. El ministerio y la universidad no han querido hacer comentarios.
La alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, ha sido imputada por regularizar 15 viviendas ilegales en el paraje Los García. El Tribunal de Instancia número 3 de Huércal-Overa investiga a Sánchez por presunto delito de prevaricación administrativa. La alcaldesa asegura que el delito de falsedad documental 'ha prescrito' y culpa al empresario implicado y al anterior gobierno del PP de ocultar la sentencia judicial que ordenaba la demolición de las viviendas. El Ayuntamiento fue notificado de la demolición en 2010 según el auto judicial. La causa también implica a otros miembros del Ayuntamiento y al empresario, a quien se le atribuyen tres delitos de estafa y tráfico de influencias. Purificación Sánchez afirma que el proceso de regularización se inició a iniciativa del empresario y que no existía constancia de la sentencia de demolición en los expedientes municipales. El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería notificó la orden de demolición el 2 de junio de 2010. La alcaldesa defiende que el Consistorio no conocía la orden de demolición y que la responsabilidad inicial recae en el entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y en el secretario municipal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el aniversario de la DANA que provocó 237 muertos el 29 de octubre de 2024 para no responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2025. Sánchez afirmó que «hoy no es el día» para responder a Feijóo sobre su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta corrupción en el PSOE, implicando a ex secretarios como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Sin embargo, sí respondió a Podemos y PNV. La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó la actuación de Sánchez de «indecente» por utilizar a las víctimas para evitar responder. Feijóo afirmó que Sánchez «volverá a mentir» en su comparecencia en el Senado. La sesión se produjo en el contexto del primer aniversario de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, donde fallecieron 229 personas.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) renovó el contrato de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, por cuatro meses hasta el 20 de diciembre. Recibe 6.000 euros mensuales por presentar 'The Weekly Mag'. La Diputación de Barcelona, presidida por Lluïsa Moret del PSC, acordó con Junts mantener el programa. El contrato más corto hasta la fecha sigue pautas de programación. La empresa que gestiona el espacio AILAIC recibe 17.400 euros por su cesión a la XAL. Junts y PSC mantienen su acuerdo en la Diputación pese a la ruptura a nivel nacional. El futuro laboral de Topor volverá a estar en manos del PSC en diciembre. La XAL explicó que hubo un primer contrato de seis meses y el actual de cuatro meses.
Los funcionarios del SEPE han iniciado una campaña informativa mediante carteles en sus centros de trabajo para denunciar el 'caos' en la tramitación de prestaciones por desempleo debido a la falta de personal y problemas técnicos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) impulsa esta iniciativa, destacando que el SEPE cuenta con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024, pero necesitan alrededor de 12.000 para cubrir la carga de trabajo. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, anunció la incorporación de 1.369 nuevos funcionarios. En Madrid, conseguir una cita para tramitar prestaciones resulta casi imposible debido al colapso del sistema informático y la falta de plantilla. Los afectados deben recurrir a presolicitudes o cambiar su domicilio a otra provincia menos saturada. UGT denuncia la existencia de un 'mercado negro de citas previas' en la administración pública.
La Policía Nacional ha concluido la operación Tabaiba, investigando un presunto desvío de ayudas europeas en centros de menores en Canarias. Cuatro directores de centros y un empresario han sido imputados. La investigación, iniciada en 2022, reveló que se retiraron más de 1,1 millones de euros en efectivo de los 1,6 millones recibidos. También se detectaron transferencias de más de 25.000 euros a cuentas personales y gastos personales pagados con dinero público. La fundación que administraba los centros presentó facturas falsas y documentos manipulados. Además, se descubrió una red de alquileres con precios exagerados, con un sobreprecio de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. La Fiscalía Europea ha acusado formalmente a los implicados por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Los investigados, entre 31 y 61 años, no tenían historial delictivo previo. La pesquisa sigue en curso para determinar el daño económico preciso.
El PSOE ha implementado un método para evitar errores en votaciones en el Congreso. El diputado Lázaro Azorín grita el sentido del voto junto con el color correspondiente al botón electrónico: verde para 'sí', rojo para 'no' y amarillo para 'abstención'. Este método ha sido bien recibido por los diputados socialistas. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita cada voto debido a su ajustada mayoría en el Congreso. El PSOE y Sumar han tenido que tomar medidas para asegurar la presencia de todos sus diputados en las votaciones. La legislatura comenzó con Sánchez obligando a varios ministros a renunciar a sus escaños para evitar riesgos en votaciones ajustadas. Sumar ha visto reducida su bancada de 31 a 26 diputados debido a cambios en el grupo parlamentario. En julio, el PSOE promovió una reforma para permitir el voto telemático en ciertos casos como embarazo, enfermedad o representación institucional en eventos internacionales.
En 2020, año de pandemia, las deducciones por aportaciones a partidos políticos en el IRPF cayeron a 240.212, el mínimo desde 2018. El importe total fue de 4.6 millones de euros. El PSOE declaró 837.506 euros en donaciones privadas ese año, un 203% más que en 2019. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, lanzó una campaña de microcréditos en mayo de 2020 para recaudar 3 millones de euros entre militantes. La UCO investiga el sistema de financiación del PSOE por posibles irregularidades. El número de deducciones por aportaciones a partidos políticos fue de 244.577 en 2018, 248.852 en 2019, 280.741 en 2021, 286.852 en 2022 y 283.869 en 2023. Las donaciones privadas al PSOE fueron de 158.879 euros en 2018, 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. La normativa permite deducir un 20% de las cuotas de afiliados y aportaciones a partidos políticos hasta un límite de 600 euros.
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Rocío Cano