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Hay una poesía casi surrealista en convocar una huelga general el 11 de noviembre para pedir 'viviendas dignas' cuando tu propio inventario inmobiliario parece el catálogo de un señorito del siglo XIX. Mientras el trabajador medio hace malabares con la hipoteca y reza para que el casero no le suba el alquiler, Pepe Álvarez, el timonel de UGT, gestiona su patrimonio con la tranquilidad de quien sabe que el suelo no se mueve bajo sus pies. Empecemos por el plato fuerte: un ático dúplex de 132 metros cuadrados en el barrio de Gracia, Barcelona. Una joya tasada en 498.180 euros que adquirió en 1992, cuando ya estaba en la directiva del sindicato. Para el ciudadano de a pie, medio millón de euros es un sueño inalcanzable o una deuda eterna; para Álvarez, es solo una nota simple en el Registro de la Propiedad, complementada con una plaza de garaje para que el coche no pase frío. Pero la verdadera 'humildad' sindical se despliega en Asturias. En 2017, justo después de coronarse como secretario general, Álvarez decidió expandir sus horizontes en Belmonte de Miranda. No se limitó a una casita de pueblo de 60 metros con cuadra —que ya es un lujo—, sino que se hizo con cinco parcelas que suman 9.261 metros cuadrados. Hablamos de extensiones de 2.968, 2.352, 1.650, 1.400 y 891 metros cuadrados. Es decir, tiene más tierra que algunos municipios pequeños. La paradoja es deliciosa: el hombre que pide limitar el alquiler y la compra de viviendas desde la comodidad de sus fincas libres de cargas. Convocar una huelga a dos días de la campaña electoral del 29 de noviembre suena a estrategia política, pero hacerlo con un imperio de parcelas y un ático en Gracia suena a broma de mal gusto. La lucha por el techo es sagrada, pero es más fácil gritar 'vivienda para todos' cuando ya tienes el mapa de Asturias y Barcelona bien asegurado.
En el tablero del sindicalismo, donde las banderas suelen ondear al mismo ritmo, ha saltado un fusible. El Sindicato Libre de Transporte (SLT) ha decidido hacerle un 'ghosting' monumental a CCOO y UGT, negándose a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre. La jugada es sencilla: mientras los gigantes sindicales preparan el despliegue, el SLT se pregunta, con una ironía que corta, ¿por qué ahora? La respuesta parece estar en el calendario, ese viejo cómplice de la política, ya que la proximidad de las elecciones generales huele más a estrategia de campaña que a lucha obrera. El SLT no se ha guardado nada. Ha soltado que ocho años de respuestas insuficientes frente al drama de la vivienda son el verdadero currículum de CCOO y UGT. Para el trabajador medio, que ve cómo el alquiler se come su nómina como si fuera un buffet libre, que le pidan dejar de trabajar justo antes de votar parece un chiste de mal gusto. Es el clásico caso de querer arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada y el dueño se prepara para las elecciones de la comunidad. La cosa se pone fea cuando el SLT menciona el 'dudoso encaje jurídico' de la convocatoria. Básicamente, sugieren que si la huelga es un peón electoral y no una herramienta laboral, el fundamento legal se vuelve tan delgado como el papel de fumar. Saben que ir a la huelga no es gratis; para quien ya hace malabares para llegar a fin de mes, perder un día de salario es un sablazo que no se puede ignorar. En definitiva, el SLT ha decidido que prefiere defender la dignidad del trabajador sin que el calendario electoral le dicte el paso, dejando a los grandes sindicatos en una posición incómoda: la de quienes confunden la plaza pública con un mitin partidista.
Hay quien dice que la generosidad es una virtud, pero cuando Mohamed VI decide limpiar las cárceles a ritmo de oferta de Black Friday, la cosa huele a estrategia. Entre junio de 2019 y agosto de 2026, el monarca ha soltado a 74.633 condenados. No es un error de dedo en la calculadora; es una política de puertas abiertas que hace que el concepto de 'sentencia judicial' en Rabat sea tan flexible como un chicle. Lo verdaderamente fascinante es el calendario. Mientras Pedro Sánchez presume de una 'cooperación ejemplar' con Rabat, la grifería de los indultos se ha abierto a lo bestia. En 2022 eran 4.885 personas; para 2025 la cifra saltó a 26.189. Es decir, en tres años el perdón real se ha multiplicado por cinco. Es como si el Rey hubiera decidido que el espacio en las celdas era un lujo innecesario justo cuando España le daba la llave de la frontera sur. Pero vamos al grano, que aquí está el sablazo. El terrorismo ya no es una línea roja, sino una sugerencia. En 2025 indultaron a 46 extremistas, y en lo que va de 2026 ya van 69. Para que nos entendamos: de los 677 condenados por terrorismo que había en julio, uno de cada diez ha salido a pasear gracias al programa Moussalaha, donde basta con decir que ahora quieres a las instituciones para recuperar la libertad. Casos como el de Abdelkader Belliraj, condenado a perpetua y libre en 2025, son la joya de la corona de esta ingeniería social. Y para rematar el combo, el 19 de agosto de 2024, el Rey borró el expediente a 4.831 cultivadores de cannabis. Un gesto 'industrial' que coincide con que las incautaciones de hachís en España, tras caer un 44% en 2024, repuntaran un 29% en 2025 hasta las 257 toneladas. La Moncloa mira hacia otro lado mientras el socio del Estrecho juega al Monopoly con la seguridad europea.
España ha montado un sistema donde el Estado no es solo el árbitro, sino el cajero automático de casi la mitad de los que votan. Según los cálculos de La Bandera, unos 16,3 millones de personas —el 42,1 % de un censo de 38,7 millones— viven pegados al grifo público. No es que sea un dato sorprendente, es que es una arquitectura electoral fascinante: cuatro de cada diez electores cobran pensiones, ayudas o nóminas del Estado. Si desglosamos la factura, el grupo más gordo son los pensionistas contributivos con 9.537.978 personas, a los que se suman 720.276 de Clases Pasivas y 469.709 de pensiones no contributivas. Es un ejército de más de 10,7 millones que miran el calendario de revalorizaciones con más nervios que un estudiante en junio. Luego tenemos a los 3.646.900 empleados públicos (según la EPA del segundo trimestre de 2026), que son los que mantienen la maquinaria funcionando mientras cobran el sueldo de nuestros impuestos. Para rematar el cuadro, sumamos a 1.896.142 personas en paro y 1.647.502 adultos con el Ingreso Mínimo Vital. Claro que aquí hay truco: La Bandera ha tenido que aplicar un 'ajuste hipotético' del 9 % para no contar dos veces al mismo ciudadano que, como dice la AIReF, a veces combina el IMV con otras ayudas. Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, este dato es oro puro. No es que el votante sea un robot programado por la transferencia mensual, pero es difícil pedirle a alguien que vote a favor de cerrar el grifo cuando el grifo es el que paga el alquiler o la compra del mes. Es la paradoja española: el Estado es el mayor empleador y el mayor soporte, convirtiendo el censo electoral en una hoja de excel de pagos públicos.
Estamos en esa época del año donde la política española deja de ser un debate sobre el precio del aceite para convertirse en un guion de serie B de Netflix. A escasas semanas del 29 de noviembre, la precampaña ha decidido saltarse el paso de las promesas vacías para entrar directamente en el terreno de la ciencia ficción. La trama: un supuesto autoatentado del presidente Pedro Sánchez para salvar los muebles en las urnas. Todo empezó con Lucía Etxebarría, la Premio Planeta que, con la misma ligereza con la que uno elige el menú del día, lanzó un tuit advirtiendo que 'corre el rumor' de que Sánchez fingirá un ataque. Sin pruebas, sin fuentes, solo el 'lo dejo aquí por si acaso'. Es la nueva moneda de cambio digital: lanzar la piedra y dejar que el algoritmo haga el resto del trabajo sucio. La cosa escaló rápido, con usuarios prediciendo que el presidente se hará 'un Trump', imitando el episodio del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania, donde Donald Trump sobrevivió a un tirador. La teoría es sencilla: salir indemne, culpar a la derecha y jugar la carta del mártir mientras el resto del país intenta cuadrar la cuenta bancaria. En medio de este delirio colectivo, donde la desconfianza es el único dato sólido, aparece la conmoción por el fallecimiento de Maricarmen, sumando más gasolina a un incendio que ya no busca soluciones, sino clics. Mientras tanto, los problemas reales de los españoles quedan relegados a un segundo plano, sepultados bajo una montaña de hipótesis sin respaldo público. Al final, nos venden una conspiración de película mientras nosotros seguimos pagando la entrada de un cine que ya no sabemos quién dirige.
España se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven sin manual de instrucciones y el sentido común ha pedido la baja laboral. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado, en los despachos de Madrid se cocina una receta surrealista: Maricarmen Sánchez prepara el indulto para el Fiscal General del Estado. Es la definición perfecta de 'rascarse la espalda entre colegas', una ingeniería de favores que deja al resto de los mortales mirando el techo. Bajamos al terreno, donde la temperatura quema. En Sevilla, la movilización contra la nueva mezquita ha pasado de ser un debate urbanístico a un campo de batalla ideológico. No es solo cemento y cúpulas; es la sensación de que el barrio ya no reconoce su propio espejo. Mientras tanto, en Ceuta, la situación es un auténtico festival del absurdo. Juan Ruiz documenta que, tras más de dos meses de invasión, la ciudad parece el patio de recreo de quien quiera. La anécdota del invasor marroquí opinando sobre Pedro Sánchez es la guinda del pastel: el invitado que no fue llamado analizando al anfitrión que no sabe dónde ha dejado las llaves de casa. Para rematar la jornada, la Jueza Biedma ha tenido que soltar en el juzgado que el acoso ha cruzado la línea roja, llegando hasta el colegio de sus hijas. Cuando el miedo se cuela en la mochila de un niño, la justicia deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una urgencia. Entre militares marroquíes infiltrados que juegan al escondite en Ceuta y la indignación de Marta Ganadera y sus vecinas contra Paco Álvarez y los 'progres' de En Boca de Todos, el país parece un grupo de WhatsApp donde todo el mundo grita y nadie lee. Ana Rosa Quintana cierra el círculo con un editorial contundente, porque claro, si no hay un grito final, parece que el día no ha sido productivamente caótico.
La Puerta del Sol ha dejado de ser el lugar donde los turistas se hacen fotos con el Oso y el Madroño para convertirse en un experimento social donde, según JUPOL, la radicalización ha pasado de ser un rumor a una realidad tangible. El 9 de octubre, Laura García soltó la bomba en el programa Horizonte de Cuatro: la acampada ya no es solo gente con pancartas, sino un caldo de cultivo donde conviven simpatizantes de Hamás, amantes de la okupación y la Coordinadora Juvenil Socialista —esa escisión del Movimiento Socialista con aroma a izquierda abertzale— que, según el reportaje de Rebeca Crespo, no temen pedir que se 'incendien las calles'. Pero lo verdaderamente surrealista no es quién acampa, sino cómo se gestiona el tablero. Mientras el ciudadano de a pie intenta cruzar la plaza sin que le salpique el conflicto, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) parecen estar jugando a la ruleta rusa operativa. Según García, la Delegación del Gobierno ha dejado a los antidisturbios 'vendidos'. Imaginen que intentan cocinar una cena familiar pero no saben si tienen gas, si hay sartenes o si la cocina está ardiendo; así trabajan los agentes: a ciegas, sin instrucciones operativas y sin planificación. La hipocresía es deliciosa: en los despachos se habla de derechos fundamentales, pero en el asfalto, el mensaje que llega a los violentos es que pueden hacer lo que quieran. Marlaska, desde su atril, parece haber olvidado que la seguridad no es un concepto abstracto que se gestiona con PowerPoints, sino un derecho que se defiende con órdenes de servicio claras. Al final, entre la falta de mando y el envalentonamiento de los radicales, los policías de la UIP se han convertido en el escudo humano de una gestión política que prefiere mirar hacia otro lado mientras la plaza se calienta.
Hacer campaña es un arte, pero hacerla con el bolsillo ajeno es una maestría. Pedro Sánchez ha decidido jugar la última carta antes del 29-N con una precisión de cirujano electoral: un 'aguinaldo' exprés para 12,5 millones de votantes. No es generosidad, es ingeniería financiera aplicada al voto. Por un lado, Yolanda Díaz acelera la maquinaria para adelantar la subida del SMI cuatro meses, saltándose la costumbre de febrero para que el trabajador sienta el billete en la mano justo antes de marcar la papeleta. Un movimiento que deja a la CEOE y Cepyme pagando el pato, mientras el SMI presume de un 66% de subida desde 2018, dejando en ridículo el 23% del incremento salarial medio. Por otro lado, tenemos el festín de las pensiones. Gracias a la ley de José Luis Escrivá, que indexa las pagas al IPC, Moncloa no tiene que inventar nada; solo tiene que esperar a que el INE suelte el dato el 27 de noviembre. Dos días antes de las urnas, 9,54 millones de jubilados sabrán que su nómina sube, probablemente un 3,5% debido a una inflación que en septiembre alcanzó el 4,9%, la más alta en 45 meses. Es el truco perfecto: el Gobierno se cuelga la medalla, pero la factura de más de 7.000 millones de euros la paga una Seguridad Social que ya arrastraba un agujero de 7.387 millones al cierre de 2025. Al final, la cuenta es sencilla. Mientras el ciudadano medio ve que la lista de la compra es un deporte de riesgo, el Estado utiliza el dinero público como un imán de votos. El resultado es una subida lineal donde quien cobra la máxima se acerca a los 3.500 euros, y el coste lo asumimos todos en la factura final de la deuda pública.
Hay que tener courage, o quizás una capacidad de gimnasia mental digna de un circo romano. La UGT, bajo el mando de Pepe Álvarez, ha decidido que el próximo 11 de noviembre es el día ideal para que el país se detenga en una huelga general. El motivo: salarios dignos para que el trabajador no tenga que vivir en una caja de zapatos. Un discurso impecable, redondo y muy cómodo, siempre y cuando no mires hacia la calle Hortaleza 88, en pleno corazón de Chueca. Mientras el sindicato se llena la boca hablando de la crisis habitacional y se abraza al Sindicato de Inquilinas para coordinar la movilización, su antigua sede —un convento del siglo XVII— se está transformando en un hotel de lujo. No cualquier hotel, sino un establecimiento de la cadena Pulitzer Hoteles con 42 habitaciones donde el precio medio por noche rondará los 600 euros. Para que nos entendamos: una sola noche en ese hotel cuesta más que el alquiler mensual de muchos de los trabajadores que la UGT invita a hacer huelga. Es el clásico 'haz lo que yo digo, pero no mires mi cartera'. La ironía alcanza niveles estratosféricos si recordamos que en 2022 el edificio fue ocupado por grupos de ultraizquierda precisamente para denunciar este 'pelotazo'. En aquel entonces, la policía identificó a 25 personas que gritaban contra la especulación. Hoy, el sindicato ha decidido que la mejor forma de gestionar su patrimonio no es crear vivienda social, sino firmar un contrato de larga duración donde una hotelera internacional se gasta 10 millones de euros en reformas mientras la UGT cobra el alquiler sin mover un dedo. Una ingeniería financiera brillante que deja el discurso social en el cajón y pone el beneficio inmobiliario en el escaparate, justo a tiempo para las elecciones del 29 de noviembre.
Hay una diferencia abismal entre el despacho climatizado de Moncloa y el salitre que se come la cara en la frontera de Ceuta. Mientras Pedro Sánchez repartía felicitaciones por la 'humanidad' de los agentes, la realidad en el terreno olía a improvisación y a agua estancada. El escenario es surrealista: el Tribunal Supremo, el pasado 8 de julio, decidió cerrar el grifo de las devoluciones en caliente, y tres semanas después, la frontera se convirtió en una puerta giratoria sin llave. No fue una entrada, fue un tsunami. Más de 80.000 personas cruzaron en menos de 48 horas. Para que nos entendamos, es como si intentaras vaciar un estadio de fútbol usando una cuchara de postre mientras tu jefe te dice que lo estás haciendo con mucha sensibilidad. Los guardias civiles, que según el artículo 104 de la Constitución deben garantizar la seguridad, pasaron de ser agentes de ley a ser socorristas improvisados y, finalmente, recolectores de cadáveres. Sacaron un centenar de cuerpos que Marruecos, con la elegancia de quien ignora una factura vencida, se negó a reconocer, obligando a enterrarlos en el cementerio Sidi Embarek a partir del 21 de agosto. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva gritando que amplíen los espigones del Tarajal y Benzú desde el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas se ahogaron en un salto de 200. Pero en el lenguaje de la administración, 'pedir ayuda' es un deporte invisible. Ni siquiera la entrada de 10.000 personas en mayo de 2021 sirvió para mover un solo saco de cemento. Rachid Sbihi, con 30 años de servicio, lo resume con una ironía amarga: el Gobierno puso una 'boya ridícula' donde hacían falta muros. Ahora, 10.000 personas deambulan por las calles mientras los agentes se quedan con la medalla de la 'humanidad' y el vacío de no haber tenido órdenes concretas.
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Margarita Caballero