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Hay promesas que tienen la fecha de caducidad de un yogur dejado al sol. En 2022, el PSOE se puso la capa de superhéroe feminista y anunció que aboliría la prostitución con una solemnidad que ya quisiera un cardenal. Pero claro, entre la teoría del despacho y la realidad del asfalto hay un abismo. La cruzada abolicionista se ha desinflado como un globo pinchado, dejando el camino libre para que el escándalo sea el único protagonista. Porque mientras el Gobierno hablaba de salvar mujeres, la realidad se filtraba por las grietas: el caso Mediador con Tito Berni, los audios de José Luis Ábalos y Koldo García, y esas saunas del suegro de Pedro Sánchez que parecen sacadas de una novela de espionaje barata. Como bien soltó Cayetana Álvarez de Toledo, pasamos de la ley utópica a ser el Gobierno que 'le puso un piso a una puta en la Plaza de España'. El desplome fue lento pero seguro. Primero intentaron colar el abolicionismo en la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero en 2022, pero el injerto fue rechazado por el cuerpo parlamentario y casi tumba la ley entera. Luego presentaron su propia norma en junio de 2022, que murió por inanición al acabar la legislatura. Y para rematar el cuadro, en 2024, bajo el mando de Ana Redondo, ni siquiera lograron que el Congreso aceptara tramitarla. Hasta Sumar, que suele ir en el mismo barco, decidió saltar por la borda y votar en contra. Mientras los políticos juegan al Monopoly con la vida ajena, las trabajadoras sexuales viven en un limbo jurídico que es un auténtico laberinto. Sin reconocimiento laboral, quedan a merced de ordenanzas municipales de civismo que funcionan como una máquina de hacer multas. Luna Wine pone el ejemplo: una mujer con 6.000 euros en sanciones por 'uso intensivo de la vía pública'. Básicamente, el Estado no sabe si eres una trabajadora, una delincuente o un mueble urbano, pero sabe cobrarte la factura.
Hay una lógica muy sencilla en el barrio: si el portero del edificio solo le pide el DNI al vecino que llega con una maleta vieja y no al que baja de un Tesla, es obvio que el primero acabará teniendo más 'incidentes' registrados. Pues bien, Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Francisco Pardo Piqueras, han decidido que los futuros subinspectores de la Policía Nacional aprendan esta joya de la sociología en la Universidad Pública de Salamanca. El manual de instrucciones para los mandos policiales es fascinante. Básicamente, les explican que detener a más inmigrantes es el resultado de un 'control desproporcionadamente más intenso'. Es la teoría del 'profiling' elevada a dogma: si etiquetas a alguien como delincuente en potencia y lo vigilas más que a tu propia cartera en un concierto, lógicamente lo pillarás más veces. Es como decir que en una casa donde solo revisas la habitación del hijo menor, es donde más calcetines sucios vas a encontrar. El texto no se corta y lanza el dardo: en 2013, la población extranjera encarcelada en España superaba el 35%, una cifra que el manual atribuye a que la policía es la 'puerta de entrada al sistema penal' y no necesariamente a una tendencia criminal. Para rematar el cuadro, el manual juega al juego de la patata caliente y culpa a la Unión Europea de imponer una política 'punitivista' y un 'Derecho penal del enemigo', mientras el legislador nacional, según el texto, se apunta al toro y hasta añade rigurosidad extra a las normas, como ocurre con la definición de organización criminal. Mientras el ciudadano de a pie siente que la seguridad es un lujo, en las aulas de Salamanca se enseña que las estadísticas de detenciones son, en realidad, un espejismo provocado por mirar más a unos que a otros. Una ingeniería conceptual brillante para justificar que los datos de la Policía Vasca, donde dos tercios de las detenciones en delitos principales son extranjeros, sean solo el resultado de un 'círculo vicioso'.
En el manual de supervivencia política, el primer paso es llamar 'percepción' a lo que el ciudadano ve por la ventana. Pero hay un momento en que el maquillaje se derrite, y en Ceuta ese momento ha llegado. Mientras algunos despachos en Madrid juegan al Tetris con la realidad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado una bomba de datos que no admite interpretaciones poéticas. No es una sensación térmica; es un incendio. Empecemos por los números, que son los que no mienten aunque los políticos lo intenten. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández, ha soltado que las infracciones penales subieron un 60% en agosto y septiembre comparado con el año pasado. Si queremos ser más precisos, el 8 de septiembre se habló de un incremento del 75% en la actividad penal desde aquel caos de los días 30 y 31 de julio. Es como si, de repente, la ciudad hubiera decidido cambiar el civismo por el código penal en tiempo récord. El 112, que debería ser un servicio de emergencias y no una central de crisis permanente, ha pasado de 93 a 1.357 avisos por agresiones en seis semanas. Los allanamientos de morada han saltado de 16 a 837. Es un salto cuantitativo que deja en ridículo cualquier discurso de 'inseguridad subjetiva'. Para rematar, el Consejo General del Poder Judicial tiene 37 diligencias abiertas por agresión sexual. ¿Y quién paga el pato? Los guardias civiles, que llevan dos meses encadenando turnos sin vacaciones, trabajando en una Comandancia que ya tenía cien plazas vacías antes de que llegara la tormenta. Diego Madrazo, de la AUGC, lo tiene claro: no se puede sostener la frontera de la UE con el agotamiento de los mismos de siempre. Mientras Fernando Grande-Marlaska gestiona el calendario, los agentes viven en la misma ciudad donde trabajan, sin descanso y con dietas que parecen un chiste de mal gusto. Una gestión que llegó tarde y que, ahora, prefiere mirar hacia otro lado.
Hay una danza macabra en el Congreso que ya huele a naftalina y cinismo. En el centro, el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que pasó siete décadas en su casa del Retiro para terminar sus días en la intemperie. En la periferia, el juego de sillas entre Isabel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso, donde el dolor de una anciana es el combustible perfecto para el marketing político. La ministra de Vivienda, cómodamente instalada en su sillón azul, decidió que era el momento ideal para señalar con el dedo a Ayuso y sus áticos, olvidando convenientemente que, según Alicia del Río y el Sindicato de Inquilinas, el Gobierno tenía un dossier sobre la mesa desde octubre de 2025. Un dossier. Papeles que, en la administración, suelen tener la misma utilidad que un cenicero en una moto si no hay voluntad política. Mientras la ministra pedía condenas morales, el Sindicato le recordaba que ignorar un real decreto para paralizar el desahucio es, básicamente, dejar que la maquinaria rentista haga su trabajo. Es la clásica ingeniería del 'yo no fui'. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el alquiler se come la mitad de su nómina, este espectáculo es agotador. Mientras el Gobierno juega al tenis con la responsabilidad, Maricarmen desaparecía del mapa. La ironía es fina: el PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de inacción, pero el Sindicato de Inquilinas les grita en la cara que el Ministerio no contestó ni una sola de las soluciones propuestas. Al final, el dinero público fluye hacia los áticos y las ferias inmobiliarias, mientras que para Maricarmen solo hubo tiempo para un dossier que cogió polvo durante un año. Un balance contable donde la dignidad humana sale en números rojos.
Votar desde el extranjero en España siempre ha sido un deporte de riesgo, una carrera de obstáculos digna de un programa de televisión donde, si te olvidas de una fotocopia o firmas un milímetro fuera del recuadro, tu voluntad democrática acaba en la papelera. Ahora, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha decidido que tanta burocracia es 'demasiado'. Proponen eliminar la fotocopia del DNI y la firma en el voto en urna, requisitos que hoy son el verdugo de miles de papeletas. La jugada es sencilla: quieren 'mejorar la participación'. Es curioso que el informe se redactara en 2025, justo cuando la Ley de Nietos estaba engrosando el censo con descendientes de exiliados. Claro que el Supremo puso el freno de mano a los efectos electorales, y el Ejecutivo salió al paso diciendo que la participación exterior es tan baja (menos del 10%) que no movería ni un escaño. Pero, mientras el Gobierno restaba importancia al asunto en público, sus organismos trabajaban en el sótano para aceitar la maquinaria. Actualmente, enviar un voto por correo es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: necesitas el sobre a la Junta Electoral Provincial, la papeleta, el certificado de censo firmado y la fotocopia del DNI, todo enviado cinco días antes. Un error y adiós. El CGCEE admite que dos tercios de los electores siguen usando el correo y solo un tercio va a la urna, a pesar de que algunas oficinas ya pasan de pedir la fotocopia por debajo de la mesa. Lo que buscan ahora es que esa 'flexibilidad' sea la norma en toda la red consular. Menos papeleo, más votos. La aritmética del poder no perdona.
Hay una mística casi religiosa en la capacidad de algunos políticos para mirar al abismo y no pestañear. Laura Borràs, la ex presidenta del Parlament que acaba de cumplir 56 años, es la maestra de esta disciplina. Mientras el ciudadano medio suda tinta para cuadrar la hipoteca, Borràs nos regala una lección de 'empoderamiento financiero': comprar un Jaguar XF de 45.900 euros para su marido, Xavier Botet, y defenderlo con la altivez de quien no ha roto un plato, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diga lo contrario. La aritmética del poder es fascinante. Por un lado, tenemos la 'ingeniería administrativa' en la Institució de les Lletres Catalanes que le costó una condena; por otro, un indulto parcial en julio de 2026 que le redujo la pena a dos años y le permitió esquivar la cárcel el pasado 6 de octubre, siempre y cuando se siente 25 horas en un curso de prevención de la corrupción. Es el trato perfecto: un curso intensivo de 'cómo no hacer lo que ya hice' para seguir disfrutando de la vida. En su declaración de bienes de 2021, la transparencia era un ejercicio de minimalismo selectivo. Un piso en Barcelona comprado a medias en 1996 (valor catastral de 201.000 euros), unos 15.000 euros en cuentas y 50.000 en planes de pensiones. Todo muy correcto, excepto ese Jaguar que brilla más que cualquier ética pública. Borràs sostiene que fue fruto de su 'esfuerzo', mientras conduce un Toyota Yaris para mantener la fachada de humildad. Es la clásica maniobra de quien tiene el coche de lujo en el garaje pero sale a hacer la compra en el utilitario para no levantar sospechas. Una coreografía perfecta entre la ópera, el punk de su marido y el arte de no pedir perdón por nada.
En Ceuta, la línea entre un asentamiento improvisado y un campo de entrenamiento de guerrilla se ha vuelto peligrosamente difusa. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para sacar el alquiler, el Ejército de Tierra ha descubierto que sus patrullas no se enfrentan a una masa desorganizada, sino a una coreografía bélica. No son piedras lanzadas al azar; son maniobras de cerco, observadores estratégicos y trampas en barrancos que parecen sacadas de un manual de tácticas especiales. El detalle que convierte el asunto en una comedia negra geopolítica es el hallazgo de entre 12 y 14 militares marroquíes en activo entre los desalojados de El Trampolín. Estos personajes, que convenientemente se autodenominan «desertores», portaban material militar y, probablemente, el mapa de los horarios de guardia de nuestros soldados. La hipocresía es deliciosa: el vecino que te sonríe en la frontera puede estar coordinando el bloqueo de una ruta de evacuación. El episodio del 27 de agosto en Benzú fue el clímax de este despliegue. Un grupo de 30 a 40 personas no solo apedreó a cuatro integrantes del Grupo de Regulares número 54, sino que aplicaron un cerco profesional para anular cualquier posibilidad de retroceso. El resultado: cuatro heridos y 12 detenidos, pero una duda razonable que quema. Mientras tanto, en los despachos, la burocracia sigue su curso mientras asociaciones como Asfaspro, AUME y UMT gritan que sus soldados patrullan sin garantías, algunos incluso desarmados, en un escenario donde el enemigo conoce sus rutas mejor que ellos. A esto sumamos 21 detenidos a principios de septiembre y dos militares evacuados al Hospital Gómez Ulla en Madrid. No es una crisis migratoria; es un tablero de ajedrez donde los peones españoles están jugando a ciegas.
Hay una coreografía muy depurada en los despachos del poder que consiste en viajar a mitad del mundo mientras se decide quién se lleva el premio gordo, y luego poner cara de 'yo no he visto nada'. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, se ha plantado en Japón para asistir al foro de la IHRA, una organización que, casualmente, es el escaparate brillante de la tecnología japonesa y donde Hitachi —una de las candidatas a llevarse el contrato de 4.000 millones de euros— se siente como pez en el agua. Es como si el juez de un concurso de cocina se fuera de vacaciones a la fábrica de harina del concursante favorito justo antes de dar la puntuación y luego asegurara que solo fue a mirar el paisaje. Renfe, con una agilidad mental envidiable, dice que Heredia no vio a Hitachi. Que no hubo reuniones con fabricantes. Que el viaje fue para 'reforzar relaciones' con Japan Railway y saludar a los de EE.UU. y Australia. Un despliegue de diplomacia ferroviaria que, curiosamente, se mantuvo en un silencio sepulcral en X (antes Twitter). Nada de selfies institucionales ni hashtags de progreso, solo mensajes genéricos sobre el puente de octubre y sus 400.000 plazas de alta velocidad. Saben que el ruido molesta. Mientras la plantilla de la empresa mira el calendario con escepticismo, la licitación —puesta en marcha en marzo de 2026— juega en la liga de los números gordos: 1.362 millones para el pedido inicial y un total que roza los 4.145 millones. Siemens, que está en la otra esquina del ring, guarda un silencio incómodo. Jurídicamente, el viaje es un 'no es bonito', pero difícil de castigar. En la calle, sin embargo, sabemos que cuando alguien viaja al jardín de casa del interesado en un contrato de miles de millones, no es para estudiar el clima, sino para aceitar los engranajes.
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere que no le pongan una trampa en el pasillo. El Partido Popular y Vox han decidido que pisar RTVE durante la campaña electoral del 29 de noviembre es, básicamente, como entrar en la cocina de un enemigo con los ojos vendados. La desconfianza no es un capricho; es una estrategia de supervivencia ante lo que llaman la 'sumisión' de la corporación a los deseos de Pedro Sánchez. El punto crítico es el llamado 'modelo Mañaneros'. Para Alberto Núñez Feijóo, sentarse en el plató de Jesús Cintora no es una entrevista, es una encerrona. El líder del PP ha puesto una condición que suena a manual de instrucciones para evitar el sablazo mediático: solo irá si la producción es propia de la casa y no externa. ¿La razón? Las productoras externas son el 'agujero negro' del libro de estilo, donde el rigor se va de vacaciones y el infoentretenimiento se convierte en un arma arrojadiza. Es como aceptar una invitación a cenar en casa del rival, pero solo si el cocinero es un empleado público y no un amigo íntimo del anfitrión. Mientras tanto, el sindicato Solidaridad, que lleva la bandera de Vox, no se anda con rodeos. Juan Carlos López Casas ha soltado la frase del día: 'Van a ir a matar'. Denuncian que programas como 'Malas lenguas' han tratado las declaraciones de José María Figaredo sobre las pensiones con un sesgo que ya quisiera un panfleto partidista. Bajo la presidencia de José Pablo López, la televisión pública ha pasado de ser un espejo de la sociedad a ser, según la oposición, una artillería de desinformación. Al final, la lucha no es solo por los votos, sino por quién controla el mando a distancia de la verdad oficial.
Hay una coreografía muy depurada en Ceuta que merece un premio al mejor montaje. El guion es sencillo: el 13 de octubre llegan Don Felipe y Doña Leticia, y para que la postal sea impecable, se ha montado un despliegue de 1.800 efectivos que haría palidecer a cualquier cumbre del G20. Tenemos a 1.400 agentes —entre UIP, GRS y plantillas locales— y 400 militares haciendo de muro humano. Todo coordinado con el sigilo de una operación de inteligencia, porque blindar la ciudad es la prioridad absoluta mientras los Reyes dedican diez horas a 'conocer la emergencia', visitan un colegio y rinden homenaje en un cementerio musulmán. Lo fascinante no es el número de uniformes, sino la magia de la limpieza exprés. Durante 60 días, los asentamientos en El Trampolín y la playa de Benítez eran el recordatorio diario de una crisis migratoria con 90.000 personas cruzando la frontera los pasados 30 y 31 de julio. Pero, ¡oh, milagro!, justo antes de la visita, 300 agentes despejaron las playas y maquinaria pesada succionó 221.000 kilos de residuos en menos de un día. Es el equivalente a limpiar el salón a toda prisa cuando sabes que viene tu suegra: no has solucionado el problema, solo has escondido la basura bajo la alfombra. La ingeniería social ha sido brillante: 1.200 inmigrantes 'optaron' por el retorno voluntario a Marruecos en autobús, evitando el laberinto judicial de la Comisión de Asilo. Mientras tanto, la realidad se ha vuelto invisible, no inexistente. Los sindicatos policiales saben que el problema no ha muerto, solo ha mutado. Ahora hay unos 1.000 escondidos en montes y más de 100 inmuebles convertidos en refugios clandestinos. Ceuta luce radiante para la primera pernoctación real desde 1927, pero el aroma a hipocresía es lo único que el despliegue de seguridad no puede filtrar.
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Margarita Caballero