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La UCO de la Guardia Civil investiga la adjudicación de una obra en La Rioja a Acciona pese a que Sacyr presentó una oferta más ventajosa. La diferencia fue de solo dos centésimas (25.266 euros) y la obra finalmente costó más de 26 millones de euros adicionales por modificados posteriores. El director general de Carreteras, Javier Herrero, comunicó '¡Bingo en Logroño!' antes de la resolución oficial. Los investigadores detectaron un patrón de exclusión de ofertas competitivas y adjudicaciones a empresas señaladas en el manuscrito de Koldo García. La obra, de más de 123 millones de euros, fue la primera adjudicada por el Ministerio de Transportes a la trama del PSOE. Los funcionarios Ángel Salazar y Camino Arce fijaron el umbral de exclusión en 28.08%, excluyendo a Sacyr que ofertó 28.10%. La UTE de Acciona y Aquaterra se adjudicó el proyecto con una valoración técnica de 96.56 puntos frente a los 90.16 de Sacyr. La investigación analiza múltiples contratos con patrones similares de adjudicación irregular y modificados que elevaron sustancialmente los costes iniciales. El Tribunal Supremo podría llamar a declarar a los técnicos implicados.
El PSOE de Extremadura ofrece 109 euros a jóvenes para participar en un anuncio publicitario para las elecciones del 21 de diciembre. El candidato, Miguel Ángel Gallardo, está imputado por crear un puesto ficticio para el hermano de Pedro Sánchez. La campaña se lanza de forma anónima a través de WhatsApp, pidiendo fotos de cara y cuerpo a jóvenes de entre 20 y 30 años. El rodaje está previsto para el sábado en Mérida. Los jóvenes recibirán 50 euros por derechos de imagen y 59 euros por la jornada. Según el CIS, Vox es el partido preferido entre los jóvenes de 18 a 24 años con el 25.1%, mientras que el PSOE apenas alcanza el 12.9% en esta franja de edad. El caso Azagra, por el que Gallardo será juzgado del 9 al 14 de febrero junto con otros ocho procesados, implica prevaricación administrativa y tráfico de influencias. La iniciativa del PSOE coincide con una tendencia de los jóvenes a apoyar postulados de derechas.
El 30 de octubre de 2025, Pedro Sánchez negó en el Senado que su suegro, Sabiniano Gómez, hubiese financiado su campaña para las primarias de 2017 del PSOE. Sin embargo, Koldo García afirmó en OKDIARIO haber escuchado a Sánchez y Paco Salazar mencionar que Sabiniano aportaría 100.000 euros. Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, declaró que durante una conversación entre Sánchez y su círculo cercano se discutió la aportación de Sabiniano Gómez. Según García, se dijo que la aportación «ya está hecha» y «ya está gestionado». Pedro Luis Egea, tesorero de Bancal de Rosas, se mostró ambiguo sobre la financiación, mientras que Salvador de Foronda demostró que el portal web para donaciones estaba registrado a nombre de Sánchez. Koldo reveló también que se practicó «pitufeo» con inmigrantes que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para evadir límites legales. El Código Penal establece sanciones para quien mienta en una comisión parlamentaria, incluyendo prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
El Ministerio de Derechos Sociales pagó 45.905 euros por un informe sobre derechos sexuales de personas con discapacidad que no ha sido descargado. Publicado el 4 de septiembre en el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), acumula cero descargas y unas diez visualizaciones. El estudio, elaborado por Cocemfe, denuncia barreras estructurales que limitan el acceso a información y servicios de salud accesibles. Incluye testimonios de personas con discapacidad como Rosa, Arturo y María, que relatan experiencias de discriminación y falta de recursos adecuados. Cocemfe reclama políticas públicas específicas y formación para profesionales. El ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, también gastó 78.000 euros en material promocional para la Agenda 2030, incluyendo pines, bolsas y botellas reutilizables con el logotipo oficial. Este gasto no incluye indicadores de impacto ni mecanismos de evaluación. El conocimiento ciudadano sobre los ODS permanece estancado según el CIS.
El Gobierno ha trasladado solo 38 menores inmigrantes desde Canarias en tres meses desde la modificación de la ley de extranjería. Canarias tutela a 1.700 jóvenes, superando la capacidad de acogida. El ministro Ángel Víctor Torres criticó la lentitud del Ejecutivo canario, que ha enviado 449 expedientes de los 2.826 menores en situación de contingencia migratoria. El Gobierno debe informar a Canarias dónde enviar a los menores y hablar con comunidades autónomas para establecer cupos de acogida. La ley ha establecido un proceso que se retrasa por errores burocráticos y negativa de regiones a aceptar a los jóvenes. El Tribunal Supremo ordenó al Gobierno hacerse cargo de menores con protección internacional. El Estado ha asumido la tutela de la mayoría de estos jóvenes, quedando 70 casos pendientes. La red de protección internacional para menores es insuficiente y no cumple con los requisitos mínimos. Llegan nuevos menores migrantes a las islas, con 200 llegadas desde la aprobación de la norma, de los que solo 41 han sido trasladados.
La Fiscalía Anticorrupción imputa a José Luis Ábalos y Koldo García un delito de uso de información privilegiada relacionado con el rescate de Air Europa con 476M€. El juez Leopoldo Puente decretó prisión provisional para ambos. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de los delitos de uso de información privilegiada (artículo 442 del Código Penal) y aprovechamiento de información privilegiada (artículo 418). Ábalos enfrenta una posible pena de 2 años de prisión y Koldo de 1 año y 6 meses. El delito implica un déficit de control que podría escalar responsabilidades hasta Pedro Sánchez. La nota de prensa favorable a Air Europa se publicó el 8 de agosto de 2020, antes de que la compañía solicitara oficialmente el rescate el 7 de septiembre. Ábalos asegura que no entiende por qué no se imputa a Air Europa ni a Jésica por presunto cohecho. La investigación apunta a un posible intercambio de favores, incluyendo un chalet vacacional en Marbella. Expertos en compliance como María de la Torre destacan que este delito señala un 'déficit de control' y conlleva inhabilitación especial para cargo público de hasta 12 años.
Aitziber Campión, concejal de Euskera en Pamplona por Bildu desde septiembre de 2025, carece de formación educativa formal. Su experiencia incluye trabajos como camarera en locales vinculados a la kale borroka. Fue responsable de organización en Sortu entre 2014 y 2019, formación política relacionada con ETA. Campión se autodenomina experta en Coaching, Mentoring y Glotodidáctica. El bar Iruñazarra S.A., donde trabajó entre 2011 y 2013, fue usado como almacén clandestino de material incendiario vinculado a la kale borroka hasta 2014, cuando cambió de propietario. La polémica se extiende a otros miembros de Bildu en el Ayuntamiento, como Endika Alonso (concejal de Seguridad Ciudadana), cuya formación se limita a un curso de Jardinería. Ambos casos generan controversia por la falta de formación específica para sus cargos. El 8 de noviembre de 2025, Endika Alonso mostró desconocimiento sobre el operativo en la Carpa Universitaria tras una agresión sexual.
La Audiencia Nacional absuelve a Yassine Kanjaa, autor del asesinato de un sacristán en Algeciras el 25 de enero de 2023, debido a su enfermedad mental. La sentencia ordena su internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 30 años. Los magistrados apreciaron eximente completa de alteración psiquiátrica. El yihadista presentaba un cuadro de filiación esquizofrénica con descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades. La Fiscalía pedía hasta 50 años de cárcel por intento de asesinato y asesinato con carácter terrorista, pero la Sala de lo Penal descartó esta calificación al no apreciar una alteración grave de la paz pública ni un estado de terror en la población. La sentencia incluye indemnizaciones de 150.000 euros a la viuda del sacristán, 50.000 euros a cada uno de sus hijos y 17.000 euros a los familiares del sacerdote herido. La magistrada Carolina Rius emitió un voto particular defendiendo que el trastorno del acusado no debería impedir considerar sus actos como terrorismo, lo que permitiría a las víctimas acceder a ayudas específicas.
Menos de 24 horas después del acuerdo entre Gobierno y sindicatos, los funcionarios recibirán un incremento salarial del 2,5% en diciembre con efectos desde el 1 de enero de 2025. El aumento, parte de un pacto que incluye subidas del 11,4% en cuatro años, ha generado sorpresa entre los empleados públicos por su rapidez y se especula que podría estar relacionado con un eventual adelanto electoral. Los sueldos de los funcionarios oscilarán entre 11.112,92 euros y 34.801,72 euros anuales. El acuerdo también incluye la eliminación de la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna y movilidad, y la adaptación de la clasificación de puestos de trabajo. Las negociaciones fueron rápidas a pesar de las posturas inicialmente distanciadas. El incremento total previsto para los próximos años es del 11,4%, distribuido en un 2,5% retroactivo para 2025, un incremento fijo del 1,5% en 2026 (más un 0,5% adicional si la inflación es igual o superior al 1,5%), un 5% (o 4,5% si se confirma el adelanto del año anterior) en 2027, y un 2,4% en 2028.
Una empleada de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad Complutense declaró ante el juez que Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, actuaba como interlocutora de Begoña Gómez en cuestiones relacionadas con el software del proyecto. La declaración se produjo el 28 de noviembre de 2025 ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, donde el magistrado Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. En noviembre de 2024, el juez abrió una nueva línea de investigación debido a una querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez. El juez imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo. Ahora, Peinado ordena diligencias para esclarecer si Gómez cometió un delito de intrusismo al firmar la propuesta del pliego de cláusulas administrativas particulares relativas a la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC), así como documentos y pliegos técnicos del contrato con Deloitte para el desarrollo del software. La defensa de Gómez ha incidido en que firmó dichos pliegos por órdenes de la Complutense. La interventora de la Universidad Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna, ha descartado que Gómez actuase de forma irregular al firmar los pliegos de contratación para patrocinadores de la cátedra TSC. El juez Peinado ha avisado de que si envía la causa a juicio, Gómez sería juzgada por un jurado popular.
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Pilar Castro