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En un capítulo oscuro de su historia compartida, Dinamarca admitió haber esterilizado a miles de niñas inuit en Groenlandia entre 1966 y 1971, como parte de un controvertido programa de control poblacional conocido como la 'campaña de la espiral'. Este programa, que se extendió hasta 1991, afectó a unas 4.500 mujeres y niñas, muchas de ellas menores de edad, quienes recibieron dispositivos intrauterinos (DIU) sin su consentimiento ni el de sus padres. Las autoridades danesas impulsaron esta iniciativa para frenar el crecimiento demográfico en Groenlandia, entonces una provincia danesa, con el objetivo de reducir gastos en servicios públicos. La medida fue efectiva: los nacimientos se redujeron a la mitad a comienzos de los 70. Sin embargo, el programa dejó graves secuelas en las víctimas, con más de 350 mujeres reportando complicaciones de salud como infecciones graves, infertilidad y traumas psicológicos. En diciembre de 2025, Dinamarca anunció compensaciones de 300.000 coronas danesas (unos 40.000 euros) por víctima, tras una demanda colectiva de 143 mujeres. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el programa de 'discriminación sistemática' y reconoció la responsabilidad del Gobierno danés. El debate sobre si este programa constituye genocidio sigue abierto, con argumentos a favor y en contra. Mientras tanto, los ciudadanos de Groenlandia siguen enfrentando discriminaciones y desafíos socioeconómicos, lo que ha avivado el debate sobre la independencia de la isla.
En un giro inesperado, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró ayer que las muertes en las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán 'han parado' y que no hay planes de ejecuciones, según le habían informado. Esta declaración se produjo tras la evacuación preventiva de la base militar de Al Ueid en Qatar, lo que algunos interpretaron como una señal de que un ataque era inminente. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin (no Scott Bessent, que no figura en registros oficiales como Secretario del Tesoro), reveló que su departamento ha detectado el movimiento de 'decenas de millones de dólares' saliendo de Irán hacia bancos e instituciones en todo el mundo. 'Estamos viendo cómo las ratas abandonan el barco', afirmó Mnuchin, añadiendo que están rastreando estos activos y asegurando que no podrán quedarse con ellos. Las sanciones y la presión de la administración Trump parecen estar pasando factura al régimen iraní, según Mnuchin, quien destacó la operación Midnight Hammer contra instalaciones nucleares iraníes del pasado verano como ejemplo de la presión ejercida. Mientras, continúan difundiéndose imágenes de la brutal represión de la Guardia Revolucionaria contra los manifestantes pese al férreo bloqueo del régimen. NBC News informó que un posible ataque estadounidense buscaría ser 'rápido y decisivo', aunque existe preocupación por la capacidad de EE. UU. para manejar una eventual respuesta agresiva de Irán.
En una sesión cargada de polémica, el Congreso de los Diputados ha visto frustrada su intento de mostrar solidaridad con las mujeres iraníes debido a la oposición de Podemos y Sumar. El PP había promovido una declaración institucional para reconocer la valentía de las mujeres en Irán, pero la falta de unanimidad ha impedido su aprobación. Fuentes del PP han criticado duramente a Podemos y Sumar, acusándolos de 'torpedear' la declaración y de tener 'alergia a la libertad y a la democracia'. La negativa se produce en un contexto en el que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado su respaldo a las protestas de las mujeres iraníes. La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha denunciado la doble moral de la izquierda, que según ella, defiende el feminismo pero ignora la situación de las mujeres más oprimidas. Mientras tanto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la líder de Podemos, Ione Belarra, han mostrado su apoyo a denunciantes de casos de abuso en España, pero no han hecho lo mismo con las mujeres iraníes. Este episodio ha puesto de relieve las tensiones internas dentro de la coalición gobernante en España y ha generado críticas hacia la postura de Podemos y Sumar en relación con la situación en Irán.
En plena fiebre del Carnaval de Cádiz, la agrupación sevillana 'To pa mi', liderada por los directores Juan Carlos Nevado y José Antonio Gobea, ha conseguido un éxito viral con su última chirigota. La agrupación ha optado por una sátira mordaz, disfrazándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con billetes asomando de manera ostentosa de sus bolsos. La actuación incluye un estribillo que dice: 'Cobro el IVA a la gente, rigurosa, supuestamente sirve para pagar muchas cosas, disfruto gastando el dinero de los demás', en clara alusión al papel de Montero al frente de Hacienda y la política recaudatoria del gobierno. Además, la agrupación parodia otros temas populares como 'La Morocha', adaptándola para criticar a los morosos y la labor de la Agencia Tributaria. Con letras como 'Voy detrás de la gente morosa que a Hacienda no paga. Estoy loca por ponerme a mandar cartas certificadas' o 'No te vayas a hacer el remolón, que me he quedado con tu cara', la agrupación no deja indiferente a nadie, generando un gran debate en redes sociales sobre la percepción de la política fiscal del gobierno.
El Govern catalán, liderado por Salvador Illa, ha anunciado un incremento significativo en las ayudas destinadas a promover el aprendizaje del catalán entre los hijos de catalanes residentes en el extranjero. Durante el plenario del Consell de la Catalunya Exterior, Illa destacó que esta medida, junto con el derecho al voto de los catalanes en el exterior, constituye una de las prioridades del Govern para el periodo 2025-2029. El conseller Jaume Duch detalló que la partida destinada a ayudas y actividades para el aprendizaje del catalán en el extranjero alcanzará los 286.381 euros en 2025, lo que supone un incremento del 42% respecto al año anterior. Además, se informó que estas ayudas continuarán aumentando en el futuro. El Pacto Nacional por la Lengua, dotado con 255 millones, también fue objeto de debate, con la posibilidad de que las instituciones catalanas en el exterior se sumen a esta iniciativa. Paralelamente, se discutieron otros temas como la creación de un Registro de Catalanes en el Exterior y la ampliación del apoyo a los ciudadanos catalanes residentes fuera de Cataluña.
El Gobierno de España ha presentado una propuesta en Bruselas para que los menores migrantes no acompañados (menas) llegados a Canarias sean redistribuidos por toda Europa, exigiendo un marco jurídico adecuado y solidaridad continental. La iniciativa, liderada por el ministro Ángel Víctor Torres, busca evitar la concentración de migrantes en regiones ultraperiféricas y convertirlas en un banco de ensayos para innovaciones legislativas en la UE. Con casi 6.000 menores africanos tutelados por Canarias en 2025, España exige a Bruselas no solo la redistribución, sino también un 'cheque en blanco' económico que permita ayudas de Estado sin restricciones para mantener la estabilidad en la ruta atlántica. La propuesta supone un cambio radical en la política migratoria, pasando del debate interno sobre la redistribución de menores a una exigencia de corresponsabilidad continental.
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado la intervención de la Unidad Adscrita de Policía Judicial ante la negativa de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez a entregar sus pasaportes. La investigación, que comenzó hace más de dos meses, busca esclarecer si ambas viajaron juntas a Londres para gestionar asuntos relacionados con una cátedra. El instructor sospecha que Begoña Gómez pudo utilizar a una trabajadora de Presidencia del Gobierno para sus negocios privados, lo que podría constituir un delito de malversación. A pesar de un auto de 44 páginas emitido en noviembre, las investigadas se han negado a colaborar, lo que ha retrasado la investigación. Ante esta resistencia, el juez ha dictado una providencia el 12 de enero, pidiendo a la Policía que informe sobre las gestiones realizadas y la respuesta obtenida hasta la fecha.
El presidente Pedro Sánchez ha entregado al País Vasco la gestión y el pago de las prestaciones por desempleo, un traspaso de competencias que alcanza a 51.000 beneficiarios y supone un coste anual de 820 millones de euros. La decisión, pactada en julio con el lehendakari Imanol Pradales, llega después de meses de presión del PNV y se enmarca en un paquete más amplio de transferencias que incluye también prestaciones no contributivas por cuidado familiar, el seguro escolar, Salvamento Marítimo y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. El traspaso implica que Lanbide asumirá la gestión de las prestaciones contributivas y subsidios no contributivos, con un total de 534 trabajadores y 30 oficinas del SEPE que se incorporan al dispositivo autonómico. La derecha ha criticado el acuerdo, con Isabel Díaz Ayuso denunciando que se trata de una transacción para comprar Presupuestos. El PNV, por su parte, ha subrayado que el acuerdo estaba pactado desde verano, pero que se ha firmado con retraso.
El Tribunal Supremo ha dado luz verde a la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar las cuentas de Erkolan, una sociedad cooperativa que recibió 367.290 euros de Servinabar entre junio de 2020 y mayo de 2025. Esta empresa contrató a Belén Cerdán, hermana de Santos Cerdán, uno de los principales implicados en una trama de presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública. La UCO descubrió que Servinabar pagó 22.324 euros a Belén Cerdán mediante seis transferencias mensuales entre febrero y junio de 2020. La investigación también apunta a tres ejecutivos de Acciona: Tomás Olarte, Manuel García Alconchel y Justo Vicente Pelegrini. La relación entre Acciona y Servinabar es especialmente relevante, ya que el 75,33% de los ingresos de Servinabar provenían de Acciona. Además, la UCO está analizando 80 transferencias realizadas a familiares de Santos Cerdán, entre ellos su mujer, Francisca Muñoz Cano, quien recibió 9.500 euros de la empresa Noran Coop sin que conste que realizara actividad alguna.
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, emprendió un viaje oficial a Perú en octubre de 2025, acompañado por una delegación de 30 personas, incluyendo altos cargos, técnicos y nueve invitados externos. El coste total del viaje ascendió a 41.430 euros de dinero público, con el Instituto Cervantes asumiendo la mayor parte del gasto. El desplazamiento coincidió con el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebrado en Arequipa, donde García Montero protagonizó un enfrentamiento verbal con Santiago Muñoz Machado, presidente de la RAE, lo que generó malestar en el ámbito cultural. Los gastos se distribuyeron en billetes de avión, alojamiento, dietas y otros conceptos relacionados con el evento. Aunque las autoridades peruanas sufragaron parte del alojamiento y desplazamientos, el Instituto Cervantes gastó 17.917 euros en personal y 23.512 euros en invitados externos, con un sobrecoste de 3.060 euros por el cambio de billete de una periodista invitada. El viaje incluyó actividades académicas y culturales, y se firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa sin contenido económico.
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Margarita Caballero