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El ministro Ángel Víctor Torres protagonizó un desliz al mencionar 'refinería en Arucas' durante una rueda de prensa sobre el informe de la UCO. La oposición cuestionó su veracidad. Torres negó cualquier irregularidad y anunció una demanda contra Víctor de Aldama. El proyecto de refinería en Canarias fue discutido previamente en enero de 2025. Torres fue alcalde de Arucas entre 2011 y 2015. La UCO entregó su informe al juez el 5 de noviembre de 2025. Torres insistió en que 'no hay refinerías, no hay mordidas'. La oposición liderada por PP y Vox criticó la mención a Arucas como un posible lapsus revelador. Fuentes del Ministerio calificaron el episodio como un 'lapsus verbal'. El empresario Víctor de Aldama había acusado a Torres de irregularidades.
La noticia publicada critica duramente a Irene Montero, utilizando términos despectivos como 'pobre desdichada'. El contenido del artículo se centra en la difusión de un programa a través de diversas plataformas de podcast y redes sociales, mencionando la disponibilidad en esRadio.fm, Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube e iVoox. El artículo también destaca la importancia de suscribirse a los contenidos. Además, se hace referencia a la presencia de información comercial de anunciantes y marcas colaboradoras que contribuyen a la creación de contenido.
El Gobierno otorgó 22,2 millones de euros a Openchips, empresa tecnológica catalana donde Therese Jamaa, pareja de José Manuel Albares, es vicepresidenta desde 2024. La subvención proviene de fondos NextGeneration de la UE. Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona y GTD Innovation & Technologies. La empresa recibió en 2023 otra subvención de 111 millones de euros. Openchips se dedica al desarrollo de tecnología de microprocesadores y soberanía digital europea. La concesión de la ayuda se registró el 22 de octubre en las bases de datos de Hacienda. Therese Jamaa también fue directiva de Huawei España hasta mayo de 2023, lo que generó polémica por la relación de Albares con decisiones sobre la empresa china y el desarrollo del 5G en España. La CIA estadounidense alertó sobre la vinculación de Albares con Jamaa cuando era directiva de Huawei.
El ministro Ángel Víctor Torres fue grabado en audio reconociendo que cenó con Víctor de Aldama en Madrid en 2020, contradiciendo su declaración ante el Senado donde negó haberse reunido con él. La cena ocurrió en el restaurante Jai Alai el 15 de julio de 2020, en plena pandemia, y estuvo también presente Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Torres había sido citado a declarar por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en 2024, donde afirmó no haber estado reunido con Aldama. Sin embargo, el audio del 21 de julio de 2020 muestra a Torres diciendo a Koldo que llamará a 'la persona que conocí el otro día en el restaurante', identificada por la UCO como Aldama. Canarias pagó 6.87 millones de euros por 2.7 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S.L., vinculada a Aldama, de las cuales algunas estaban en mal estado. El Gobierno canario firmó tres contratos con esta empresa.
José Luis Ábalos y Koldo García discutieron sobre la certificación de mascarillas de Canarias con Yolanda Díaz el 24 de agosto de 2020. La UCO reveló que Ábalos afirmó que Díaz confirmó la certificación. Koldo García gestionó contratos con el Gobierno canario presidido por Ángel Víctor Torres por 12M€ para mascarillas y 5.36M€ para test PCR con empresas vinculadas a la trama. El Gobierno canario concedió cuatro contratos por vía de emergencia a Soluciones de Gestión SL, principal investigada en el caso mascarillas. Eurofins Megalab recibió contratos para test PCR. Koldo García presentó un 'protocolo PCR' diseñado por Megalab a Torres, facilitando negocios a Víctor de Aldama y socios. La investigación vincula a García con empresarios que buscaban introducir productos sanitarios en Canarias.
La Generalitat de Cataluña patrocina el XVI Congreso Islámico de Cataluña en El Prat de Llobregat (Barcelona) del 19 al 21 de diciembre. El evento, organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y Entre Joves, cuenta con ponentes como Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado, detenidos en operaciones antiterroristas. Cheddadi fue detenido en 2005 y 2007 por su implicación en actividades yihadistas. Soldado, converso al islam y relacionado con círculos salafistas, fue detenido en 2015. La presencia de estos ponentes ha generado polémica. El congreso busca reflexionar sobre el papel de la familia en la comunidad islámica. La colaboración de la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha generado críticas. Este no es el primer evento de este tipo respaldado por el gobierno de Illa; un congreso similar en Torredembarra el año pasado también generó controversia por los contenidos de algunos ponentes.
Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, analiza las pesquisas policiales de la UCO sobre el donativo de 1 millón de euros recaudado por el PSOE durante la pandemia de coronavirus. La Guardia Civil investiga el origen de estos fondos. Entrambasaguas destaca la importancia de esclarecer hechos irregulares y anima a los lectores a enviar información a investigacion@eldebate.com. El donativo se produjo en un momento crítico de la pandemia, cuando el país estaba bajo estrictas medidas de confinamiento y el sistema sanitario estaba sometido a una gran presión.
La UCO reveló que Víctor de Aldama contactó con Ángel Víctor Torres el 16 de julio de 2020 para ofrecer test de Covid a través de WhatsApp. Torres leyó el mensaje pero no respondió. Aldama se presentó como 'Víctor de Air Europa'. La Guardia Civil destacó este contacto como indicio de la influencia de Aldama en la Administración durante la crisis sanitaria. Torres, entonces presidente de Canarias, pidió disculpas a Koldo García por retrasos en pagos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama de corrupción en la compra de mascarillas. Torres aseguró haber intervenido para desbloquear el pago: 'He dado el golpe preciso en la mesa'. Koldo García agradeció la gestión y mencionó que le habían 'montado una que me pusieron colorado' por el retraso. Las conversaciones ocurrieron entre el 14 y 23 de julio de 2020.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, criticó duramente a Salvador Illa, exministro de Sanidad, por retrasos en la adquisición de pruebas COVID. Torres, entonces presidente de Canarias, mantuvo conversaciones con Koldo García, exasesor de Ábalos, entre el 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2020. Torres solicitó pruebas de antígenos y se mostró frustrado por las dilaciones de Illa. El 2 de diciembre, Torres expresó su descontento: «No hay puta manera con Illa. Si no se resuelve tendrán que intervenir Ábalos o Pedro». Koldo García actuó como intermediario entre Torres y José Luis Ábalos. Torres amenazó con renunciar si no se resolvía el problema: «Me bajo. No aguanto más». Finalmente, Illa contactó con Torres el 3 de diciembre para intentar resolver la situación. Torres firmó un decreto para adquirir las pruebas tras el compromiso inicial de Illa y el apoyo de sus técnicos.
Una funcionaria del Servicio Canario de Salud advirtió el 22 de abril de 2020 sobre irregularidades en la compra de 12,3 millones de euros de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, propiedad de Víctor de Aldama. La técnica destacó que el precio de 2,50 euros por unidad estaba por encima del mercado (1,89 euros) y cuestionó la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante. El informe de la UCO de la Guardia Civil documentó que las advertencias fueron ignoradas bajo presión política, incluyendo la intervención personal del entonces presidente Ángel Víctor Torres para desbloquear los pagos. Las conversaciones intervenidas revelan que Torres y otros funcionarios, como el viceconsejero Olivera, negociaron directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para agilizar el proceso. El sobreprecio generó un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias concluyó que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.
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Pilar Castro