Crítica:
El titular promete polémica, pero el cuerpo se queda en discursos vacíos y comparaciones sin sustancia. Falta profundidad sobre la verdadera relación entre los actores locales y la política venezolana.
Zapatero carga contra María Corina Machado y los venezolanos que gritaron al 'generoso' Sánchez en Sol
Zapatero: 'Maldita la generosidad española'
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Francia amenaza con cerrar puertas por España
El debate migratorio en Francia no se ha detenido en el sofá de la política, sino que se ha convertido en un teatro de acusaciones donde el protagonista es la derecha francesa y el escenario es España. Bruno Retailleau, candidato de Los Republicanos para las presidenciales de 2027, se ha convertido en el portavoz de una queja que no se puede callar: la regularización masiva que el Gobierno de Pedro Sánchez ha lanzado a la luz del día. En una entrevista a LCI, recabada por EFE, Retailleau declaró que la política migratoria española “no se puede soportar”. Su frase, tan mordaz como un cuchillo afilado, sugiere que cientos de miles de migrantes podrían atravesar sin obstáculos la frontera francesa, convirtiendo el espacio Schengen en una autopista sin peajes. Pero la acusación no termina ahí. Retailleau avanza a la velocidad de una motocicleta en una autopista congestionada: “restablecer los controles en las fronteras”. Con la misma rapidez que se activa un sistema de alarmas, su discurso recuerda las normativas comunitarias que permiten “activarlas en situaciones excepcionales”. El presidente francés, que ha demostrado su dureza durante su mandato como Ministro del Interior, no se queda en la teoría. La idea de marginar a España de las naciones europeas es un plan que, según él, está tan arraigado como la mezcla de harina y agua que hace la masa de la baguette. El eco de esta retórica se amplifica cuando otros nombres de la derecha francesa se unen al coro: Éric Ciotti, exlíder de Los Republicanos, llama a Sánchez una “traición europea”, y Marine Le Pen de la Agrupación Nacional advierte que la regularización podría generar nuevas olas migratorias. El escenario se vuelve tan complejo como un cubo de Rubik invertido: la posibilidad de expulsar a España del Schengen, aunque jurídicamente complicada, pasa de la teoría a la conversación en la mesa de trabajo del Parlamento Europeo. Retailleau añade, con la misma energía que un barbero afila su navaja, la propuesta de externalizar la gestión migratoria en países africanos y restringir prestaciones sociales a extranjeros en situación irregular. El objetivo es claro: frenar la ola que se desborda entre la legal y la ilegal. Este debate no es solo política, es un espejo que muestra las grietas que se han abierto en el consenso europeo, y la forma en que la derecha francesa decide usar la regulación migratoria como arma de juego de ajedrez.
Periquitos al borde de la ilegalidad
El Gobierno, con la elegancia de un vendedor de billetes de lotería, ha decidido que el periquito —ese pequeño pájaro que se arrastra en la alfombra y nunca ha visto un campo— se quede en el cajón de la burocracia. Desde que se lanzó la Ley de Bienestar Animal hace más de tres años, el periquito ha sido el protagonista de una obra de teatro sin guion, donde la escena del salón familiar se vuelve escenario de un drama legal. Pedro Sánchez, con su traje impecable, ha orquestado un borrador del Real Decreto que, entre listas de control de puertos y aeropuertos, pretende decidir quién puede vivir en tu casa. El periquito que lleva 20 años con su cartilla veterinaria, registrado en la Comunidad Autónoma y cuyo linaje nunca ha pisado Australia, se ve al borde del “no se admite” porque la lista oficial, creada para controlar importaciones extranjeras, se ha vuelto la lista de “animales de compañía permitidos”. El caso es que la normativa del Real Decreto 570/2020, que debería limitar los animales que entran desde fuera de la UE, incluye al periquito, la chinchilla y el guppy. Si la regla se aplica, estos bichos quedarían ilegales como un coche sin permiso de circulación. La ironía: la lista que nunca funcionó para controlar el mercado se reutiliza para decidir quién puede ser tu mascota. Federación Fauna clama que el objetivo es “maximizar el número de especies excluidas del listado positivo”. El periquito sigue en su jaula, con más papeles que su dueño, y su gran depredador ahora es el BOE, ese tribunal de la burocracia que parece más un laberinto que un simple expediente. En la calle, la gente se pregunta: ¿quién necesita un permiso de Hacienda para vivir con un pájaro que nunca ha viajado? La respuesta del gobierno es que el periquito es una “lista de la compra” de la ley, y que, sin la certificación, no puede existir en la “lista de la casa”. Mientras tanto, en la realidad, el periquito sigue mirando el techo como si supiera que en la próxima reunión del Senado, el tema de las mascotas será tan importante como la política internacional. Y la moraleja, como siempre en la política: lo que parece una medida de bienestar se convierte en un truco de control, y el periquito se queda sin vuelo en la lista de la burocracia.
Catalán, la nueva alfombra roja
En un giro que haría sonrojar a los cónsules de la burocracia, la Generalitat de Cataluña se prepara para convertir el saber catalán en la nueva frontera para los inmigrantes regularizados. La operación de Pedro Sánchez, que en toda España se ha convertido en la gran lista de la compra de la convivencia, tiene un pequeño apartado de la lista: un “código de barras” lingüístico que solo funciona en la Costa Brava y la comarca de la Sagrada Familia. El Ejecutivo de Illa, con la elegancia de un político que todavía recuerda la última campaña de la izquierda, está planeando una ley autonómica donde la renovación del permiso de residencia dependerá de si el recién llegado ha aprendido a pronunciar “palguer” sin que le suene a un trabalenguas. Si tienes un contrato de trabajo y tus cotizaciones están al día, la renovación será automática, pero si te dedicas a la venta de souvenirs en la Rambla, tendrás que demostrar un “informe de esfuerzo de integración” y, lo que es más sorpresivo, quizá un examen de catalán. La propuesta contempla 50.000 plazas más en cursos oficiales, llegando a un total de 150.000, cifra que coincide con el número estimado de inmigrantes que la Generalitat espera regularizar. Así, el gobierno regional parece haber calculado que, de cara a los 150.000 futuros residentes, 150.000 plazas de idioma son suficientes para que la comunidad no se quede sin ganchos para echarlos al suelo. El presidente Illa, en una entrevista a Onda Cero, afirmó que “el catalán es la lengua de aquí” y que “quien tiene el deseo de venir aquí, a Cataluña, debe saber hablarla”. Junts, la coalición de la oposición, ha puesto reparos: los contratos y las contribuciones fiscales no deberían ser un requisito de idioma. Pero Illa responde que el idioma es la herramienta de integración y que la falta de dominio del catalán equivale a no querer integrarse. La paradoja es clara: ¿por qué la lengua de la región se convierte en un sello de identidad cuando la misma política que regala la entrada gratuita a la ciudadanía exige la dominancia cultural? La respuesta está en la lógica de la exclusión que, como un filtro de agua, deja pasar a los que cumplen con los criterios y retiene a quienes no lo hacen. La ley, si se aprueba, será el nuevo “cabo del barco” que decide quién puede seguir navegando en su territorio. En suma, la Generalitat se ha apuntado a una nueva criba: el catalán como moneda de entrada, con la promesa de que la integración será tan simple como pasar el examen y no tan compleja como la vida real de los migrantes que llegan en busca de una nueva casa.
Gobierno deja regularización en caos total
El Gobierno, con la elegancia de un carpintero que deja la madera sin lijar, lanzó la regularización masiva de migrantes bajo la promesa de un proceso sencillo: una casilla y un certificado de vulnerabilidad. Pero la realidad se despliega como un chicle pegado a la alfombra del ayuntamiento: colas de gente que esperaban el documento y una burocracia que parece haber sido diseñada en un taller de carpintería sin reglas. En la primera madrugada de la medida, los ciudadanos se alinearon en las oficinas de los ayuntamientos como si fueran a comprar entradas para un concierto. La cifra de personas que se registraron en los primeros días se disparó, multiplicándose como un número de filas de clientes en una tienda de última hora. El Ministerio de Migraciones, encabezado por la mujer que nunca deja un formulario sin firmar, Elma Saiz, informó que la vulnerabilidad “no es un requisito que se exija en todos los casos”. Así, el proceso queda a la mercé de los contratos informales, de las personas a cargo y de los descendientes de primer grado. En teoría, basta con marcar una X en un documento de tres apartados que, a modo de checklist, contiene: datos del solicitante, datos de la entidad certificadora y el motivo de la vulnerabilidad. Para lograr esto, el Estado publicó un listado de asociaciones colaboradoras: ONG, culturales, LGBTI, agrarias y más. Pero, como si el Gobierno hubiera dejado el manual de instrucciones en una caja vacía, las entidades se encuentran en un limbo de dudas. COAG Almería, por ejemplo, se pregunta si la persona que valida el certificado debe ser abogado, psicólogo, trabajador social o administrativo. UPA Jaén, por su parte, aún no sabe si el sello de la organización debe ir firmado por un técnico o un funcionario. El Centro Rural O Viso, con la misma incertidumbre, afirma que el formulario solo se expedirá en casos excepcionales, salvo que el solicitante ya haya sido reconocido como vulnerable. El resultado es una cadena de responsabilidad que recae sobre las entidades colaboradoras, que, por su propia voluntad, deciden ayudar únicamente a quienes ya tienen un vínculo previo con ellas. El resto se deriva a Servicios Sociales, que se encargan de “hacer la criba” sin ninguna obligación de asesorar al migrante. Así, la regularización se convierte en un coladero donde la burocracia, la falta de información y la indiferencia del Gobierno se mezclan como los ingredientes de una sopa sin receta. El proceso, que prometía ser tan simple como marcar una casilla, se ha transformado en un laberinto donde la única constante es la incertidumbre. Y mientras tanto, los migrantes siguen esperando, con la paciencia de un cliente en la fila del supermercado, que alguien le explique cómo colocar la X correcta en el documento que, en teoría, debería haber sido tan sencillo como un recibo de compra.
Bonus de 700k: empleados gritan, directivos alza
En medio de la nueva ola de apagones informativos que han dejado a los corresponsales de Oriente Medio sin luz, la cúpula de EFE se ha hecho un chapuzón de 700.000 euros y ha decidido hacer la fila con la última palabra del bolsillo. 50 responsables, entre directivos y mandos intermedios, se han visto empapados de una cifra que, al parecer, se ha filtrado a través de un filtro de oro, mientras el resto de la plantilla sigue con la factura del combustible que no baja de la cabeza. El número de 700.000 euros se reparte como si fuera una gran pizza: cada porción se asigna a un responsable con un objetivo que, según la dirección, se ha cumplido. Pero la realidad es la que se ve en la mesa de los trabajadores: la pizza se corta en rebanadas de 14.000 euros, y la mayoría de los que están en la mesa no tienen ni un plato. Los trabajadores afirman que la dirección ha optado por una estrategia de “cierre de cuentas” que, en términos de la calle, es un “sablazo en la factura” que deja a los empleados sin un centavo extra. Lo que hace que la receta sea aún más picante es que la compañía sigue con una deuda creciente y previsiones de deterioro. Cuando la dirección presenta su visión optimista, la representación social responde con la misma frialdad que un refrigerador en la oficina: “preocupantes”. Y cuando el plan de bonificación se denomina internamente DPPO, los trabajadores se preguntan si eso significa “Dinero Puro, Pura Oportunidad” o simplemente “Desperdicio de Pérdidas Pasadas”. La cifra también se compara con los 1.000 euros netos mensuales que obtienen los corresponsales. Un sueldo que, en la práctica, se convierte en un chiste de “¿cuánto cabe en el bolsillo?” cuando se suman los gastos de permisos de residencia y la ausencia de pagas extras. La nueva directora de Estrategia, nombrada a través de una convocatoria telemática que nadie pidió, se ha visto envuelta en el mismo drama de “insuficiente brevedad” que la reunión de cuentas. La relación entre la dirección de 26 directores y la plantilla se ha ido al desierto, con la dirección lanzando un “optimismo” que se siente como un anuncio de venta de garbanzos a la quinta de la esquina: todo lo que prometen se vende, pero nadie sabe si realmente se sirve. La plantilla exige mayor transparencia, un diálogo real y medidas que alivien las condiciones laborales, como ampliar los días de teletrabajo. En la calle, la moraleja es clara: mientras la cúpula se lleve el dinero, los trabajadores siguen trabajando para que ellos se lo lleven. En una ciudad donde el aire está tan cargado de noticias como la factura del combustible, EFE parece haber olvidado que una agencia de noticias no es un club de golf. El público se pregunta si la cúpula está escuchando los gritos del suelo o solo el eco de los billetes que se suman a su bolsillo. Y mientras los trabajadores siguen cargando con la carga de trabajo elevada, la dirección sigue contando los números como si fueran fichas de un juego de azar: la apuesta es alta, la ganancia, todavía, es incierta.
Vivienda 7k, pensiones 14k, ¡qué patada!
El Gobierno, con la misma energía con la que un barista prepara un café instantáneo, aprobó el martes un Plan Estatal de Vivienda que desemboca en 7.000 millones de euros entre 2026 y 2030. 60 % del capital llega del Ejecutivo, el 40 % a las comunidades autónomas, pero la cifra sigue siendo una porción del apetito público cuando se la compara con la nómina de pensiones. En marzo, la última nómina ascendió a 14.307 millones de euros, lo que hace que el plan de vivienda sea equivalente a medio mes de gasto en pensiones. Incluso la revalorización anual de las prestaciones, que costó 7.300 millones según el IVIE, compite con la cifra del plan. En el terreno de ingresos, el desembolso equivale a 5 % de la recaudación de IRPF y a 7 % del IVA de 2025, lo que demuestra que la vivienda, a pesar de ser una prioridad social, sigue quedando relegada a la sombra de los ingresos fiscales. Los 4.900 millones destinados a construcción o rehabilitación representan el 70 % del presupuesto, y las autoridades estiman que el proyecto sumará entre 100.000 y 150.000 viviendas nuevas en cinco años, reduciendo el déficit de pisos en menos del 10 %. La cifra de déficit actual, según el Banco de España, sitúa a 700.000 unidades, con proyecciones de 922.000 en 2029 y 794.000 en 2027 según Caixabank Research y BBVA Research. El sector de la construcción, representado por la CNC, calificó el plan como "bueno y completo" pero advirtió que la coordinación entre administraciones es esencial para evitar frenos políticos. Las comunidades autónomas recibirán la mayor parte del presupuesto: Andalucía 1.197 millones, Madrid 1.113, Cataluña 1.015, y Valencia 798, mientras que Galicia obtendrá 399, Castilla y León 378, Canarias 371 y el resto de la península con cifras que van de 280 a 7 millones para Ceuta y Melilla. Comisiones Obreras, en la otra esquina, consideró la inversión insuficiente y exigió 16.000 millones anuales, un 1 % del PIB, para responder a la crisis de vivienda. Así, el Plan de Vivienda se alza como la última gran promesa, pero la balanza sigue inclinado a favor de la pensión y las revalorizaciones, dejando a la ciudadanía en la misma posición de esperar que el dinero llegue a las cerraduras de las viviendas.
Gasto de 600 euros: drama del PSOE
El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien manejó los reintegros en la sede de Ferraz entre 2017 y 2021, acaba de dar su confesión en la octava sesión del caso Mascarillas. Allí, entre la espuma de la tinta y el olor a café pasado, Moreno admite haber interrogado a su superior, José Luis Ábalos, sobre un gasto que describió como “desproporcionado”. Un ticket de 600 euros, la comida en Vigo para 14 comensales, se convirtió en el punto de partida de la acusación. Mientras el ministro justifica la cifra como un “evento de equipo”, Moreno le recuerda que su caja de “metal” contenía el 99,4 % de los adelantos que, en teoría, se devolverían por transferencia. El mismo Moreno, con la delicadeza de un vendedor de cervezas en la barra, afirma que nunca aceptó billetes de 500 euros, las “chistorras” que la Guardia Civil insinúa que se entregaban a Koldo García. La defensa de Koldo, con la misma lógica que un repartidor de mensajería que entrega paquetes sin etiquetas, sostiene que el dinero tenía origen ilícito y que el PSOE simplemente lo distribuyó. Celia Rodríguez, la encargada de la Secretaría de Organización, explica el proceso: recibos, sobre, hoja de liquidación, aprobación, y luego el dinero en mano. El juez Ismael Moreno, bajo secreto de sumario, investiga la posible financiación irregular del PSOE, con la presencia de figuras como la empresaria Carmen Pano y el exsocio de Víctor de Aldama. Todo el escenario parece un teatro de sombras donde el dinero corre por la calle y el baluarte político se tambalea entre la “justificación” y la “conspiración”. Al final, la crónica deja la sensación de que el PSOE sigue jugando con cuentas sin reglas, mientras el público observa la escena como un espectador en una plaza, señalando los billetes que, lejos de ser monedas de cambio, son los ladrillos de una casa en ruinas.
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