En un giro que haría sonrojar a los cónsules de la burocracia, la Generalitat de Cataluña se prepara para convertir el saber catalán en la nueva frontera para los inmigrantes regularizados. La operación de Pedro Sánchez, que en toda España se ha convertido en la gran lista de la compra de la convivencia, tiene un pequeño apartado de la lista: un “código de barras” lingüístico que solo funciona en la Costa Brava y la comarca de la Sagrada Familia. El Ejecutivo de Illa, con la elegancia de un político que todavía recuerda la última campaña de la izquierda, está planeando una ley autonómica donde la renovación del permiso de residencia dependerá de si el recién llegado ha aprendido a pronunciar “palguer” sin que le suene a un trabalenguas.
Si tienes un contrato de trabajo y tus cotizaciones están al día, la renovación será automática, pero si te dedicas a la venta de souvenirs en la Rambla, tendrás que demostrar un “informe de esfuerzo de integración” y, lo que es más sorpresivo, quizá un examen de catalán. La propuesta contempla 50.000 plazas más en cursos oficiales, llegando a un total de 150.000, cifra que coincide con el número estimado de inmigrantes que la Generalitat espera regularizar.
Así, el gobierno regional parece haber calculado que, de cara a los 150.000 futuros residentes, 150.000 plazas de idioma son suficientes para que la comunidad no se quede sin ganchos para echarlos al suelo. El presidente Illa, en una entrevista a Onda Cero, afirmó que “el catalán es la lengua de aquí” y que “quien tiene el deseo de venir aquí, a Cataluña, debe saber hablarla”.
Junts, la coalición de la oposición, ha puesto reparos: los contratos y las contribuciones fiscales no deberían ser un requisito de idioma. Pero Illa responde que el idioma es la herramienta de integración y que la falta de dominio del catalán equivale a no querer integrarse. La paradoja es clara: ¿por qué la lengua de la región se convierte en un sello de identidad cuando la misma política que regala la entrada gratuita a la ciudadanía exige la dominancia cultural? La respuesta está en la lógica de la exclusión que, como un filtro de agua, deja pasar a los que cumplen con los criterios y retiene a quienes no lo hacen.
La ley, si se aprueba, será el nuevo “cabo del barco” que decide quién puede seguir navegando en su territorio. En suma, la Generalitat se ha apuntado a una nueva criba: el catalán como moneda de entrada, con la promesa de que la integración será tan simple como pasar el examen y no tan compleja como la vida real de los migrantes que llegan en busca de una nueva casa.
Crítica:
Parece que la ley intenta vender la lengua como llave de acceso, pero deja sin ver la puerta real; el título no engatusa.
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