Gobierno deja regularización en caos total

El Gobierno, con la elegancia de un carpintero que deja la madera sin lijar, lanzó la regularización masiva de migrantes bajo la promesa de un proceso sencillo: una casilla y un certificado de vulnerabilidad. Pero la realidad se despliega como un chicle pegado a la alfombra del ayuntamiento: colas de gente que esperaban el documento y una burocracia que parece haber sido diseñada en un taller de carpintería sin reglas. En la primera madrugada de la medida, los ciudadanos se alinearon en las oficinas de los ayuntamientos como si fueran a comprar entradas para un concierto.

La cifra de personas que se registraron en los primeros días se disparó, multiplicándose como un número de filas de clientes en una tienda de última hora. El Ministerio de Migraciones, encabezado por la mujer que nunca deja un formulario sin firmar, Elma Saiz, informó que la vulnerabilidad “no es un requisito que se exija en todos los casos”.

Así, el proceso queda a la mercé de los contratos informales, de las personas a cargo y de los descendientes de primer grado. En teoría, basta con marcar una X en un documento de tres apartados que, a modo de checklist, contiene: datos del solicitante, datos de la entidad certificadora y el motivo de la vulnerabilidad. Para lograr esto, el Estado publicó un listado de asociaciones colaboradoras: ONG, culturales, LGBTI, agrarias y más.

Pero, como si el Gobierno hubiera dejado el manual de instrucciones en una caja vacía, las entidades se encuentran en un limbo de dudas. COAG Almería, por ejemplo, se pregunta si la persona que valida el certificado debe ser abogado, psicólogo, trabajador social o administrativo.

UPA Jaén, por su parte, aún no sabe si el sello de la organización debe ir firmado por un técnico o un funcionario. El Centro Rural O Viso, con la misma incertidumbre, afirma que el formulario solo se expedirá en casos excepcionales, salvo que el solicitante ya haya sido reconocido como vulnerable. El resultado es una cadena de responsabilidad que recae sobre las entidades colaboradoras, que, por su propia voluntad, deciden ayudar únicamente a quienes ya tienen un vínculo previo con ellas.

El resto se deriva a Servicios Sociales, que se encargan de “hacer la criba” sin ninguna obligación de asesorar al migrante. Así, la regularización se convierte en un coladero donde la burocracia, la falta de información y la indiferencia del Gobierno se mezclan como los ingredientes de una sopa sin receta. El proceso, que prometía ser tan simple como marcar una casilla, se ha transformado en un laberinto donde la única constante es la incertidumbre.

Y mientras tanto, los migrantes siguen esperando, con la paciencia de un cliente en la fila del supermercado, que alguien le explique cómo colocar la X correcta en el documento que, en teoría, debería haber sido tan sencillo como un recibo de compra.