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Gibraltar ha expandido su territorio un 15% en cinco décadas mediante la ganancia de terreno al mar, incorporando cerca de un millón de metros cuadrados. Esta ampliación, equivalente a todo el Parque del Retiro de Madrid, ha permitido crear suelo urbanizable, infraestructuras y áreas portuarias. El Tratado de Utrecht de 1713 cedió 'la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas' a Reino Unido, pero no incluyó el istmo ni las aguas circundantes. España sostiene que la soberanía británica se limita al perímetro original y que los rellenos posteriores crearon territorio inexistente en el momento de la cesión. La disputa territorial permanece sin resolver. Recientemente, la UE y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo que redefine la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, eliminando la verja física y trasladando los controles al puerto y al aeropuerto, e integrando de facto el enclave en el espacio Schengen.
La reciente querella presentada contra la juez instructora del 'caso DANA', Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, ha destapado una polémica en torno a la instrucción de uno de los casos más delicados de la justicia española. La Ley del Poder Judicial prohíbe que dos magistrados cónyuges formen parte del mismo tribunal para evitar la influencia del vínculo afectivo en la independencia judicial. Sin embargo, según la querella, el marido de la juez habría intervenido en la toma de declaración a familiares de las víctimas de la DANA valenciana, pese a no tener ningún cargo que lo legitimara. Los querellantes, familiares de las víctimas, han presentado pruebas, como grabaciones de audio, que demuestran la participación activa de Jorge Martínez Ribera en las declaraciones. La querella acusa a la juez y a su marido de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y prevaricación, entre otros delitos. Además, se acusa al letrado Joaquín Esteve Esteve de filtrar información de las declaraciones a medios de comunicación. Los querellantes solicitan el apartamiento de la juez, la suspensión de ambos magistrados y la nulidad de la instrucción practicada hasta la fecha.
Julio Iglesias ha decidido emprender acciones legales contra la Fiscalía General del Estado por presunta vulneración de sus derechos fundamentales. El cantante afirma que se le ha negado el acceso a la denuncia presentada por sus ex empleadas, quienes lo acusaron de agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra los trabajadores. La defensa de Iglesias sostiene que esta negativa constituye una violación de los artículos 23 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Iglesias ha calificado este proceso como un episodio que le ha quitado 'cinco años de vida' y se muestra decidido a luchar por su inocencia. El próximo 2 de marzo, su equipo legal presentará una demanda de amparo judicial por lesiones de derechos fundamentales. La situación ha generado un gran debate sobre la transparencia y el derecho a la información en los procesos judiciales.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) ha enviado 383.480 euros a Túnez para actividades deportivas, específicamente a la empresa 'Société Promosport', cuya principal actividad parece ser las apuestas deportivas. La convocatoria, publicada el 12 de enero de 2026 en la Base de Datos de Subvenciones, asignó 191.740 euros a esta empresa, exactamente la mitad de la cantidad total. La falta de transparencia en la gestión de estos fondos públicos ha generado dudas sobre la idoneidad de la cooperación internacional española y su posible uso para blanqueo de dinero. La Aecid, encargada de distribuir estos fondos, ha sido criticada por la opacidad en su gestión y la dificultad para rastrear el destino final de los fondos. El autor denuncia que la cooperación internacional se ha convertido en un 'lugar opaco' para prácticas corruptas.
Con un precio de 131.000 euros por dos años de colaboración, Pablo Iglesias se estrena como productor en Colombia con el programa 'La minga', un espacio de análisis y coyuntura política que se emite en Señal Colombia desde el 25 de febrero. El programa, producido por el Canal Red de Iglesias, se inspira en el formato de 'La base' y busca ofrecer una lectura crítica de la actualidad colombiana y global. La emisión del programa supone un salto cualitativo para el grupo mediático de Iglesias, que ya ha alcanzado un acuerdo para sumarse a la parrilla de Movistar+ después de un periodo de prueba. El Canal Red de Iglesias, lanzado para 'construir una televisión latinoamericana para resistir la ofensiva cultural e ideológica del trumpismo', ha logrado beneficios de 81.269 euros en 2024 y 50.518 euros en 2023. El acuerdo con RTVC confirma una relación que empezó en noviembre de 2024 con la emisión en diferido de 'La Base'. La oposición al Gobierno de Gustavo Petro ya criticó la primera alianza con el Canal Red, acusando a Petro de usar dinero público para financiar a Iglesias. Sin embargo, el gerente de RTVC, Hollman Morris, defendió que Iglesias es 'una de las voces más influyentes y críticas del pensamiento progresista en Iberoamérica'.
En el entramado de relaciones entre gobiernos españoles y Venezuela destaca un episodio clave tras la visita de Hugo Chávez a España en 2004. José Bono, entonces ministro de Defensa, forjó una particular amistad con Chávez que culminó en un contrato histórico de 1.700 millones de euros para la compra de doce aviones militares y ocho fragatas. Sin embargo, la operación se complicó por la inclusión de software estadounidense y la negativa de Washington a permitir su reventa. Finalmente, el contrato se redujo a 1.207 millones de euros por la eliminación de los aviones. Investigaciones posteriores revelaron que Caracas pagó 1.249 millones, lo que sugiere una comisión de 42 millones a la empresa Rebazve Holding, de la cual al menos 12 millones fueron a parar a manos de Javier Salas y Antonio Rodríguez-Andín. A pesar de estas evidencias, el caso fue archivado al no considerarse un quebranto para las arcas públicas españolas. El escándalo salió a la luz nuevamente en 2021 cuando Hugo 'El Pollo' Carvajal mencionó a Bono y otros exministros españoles como posibles destinatarios de las corruptelas ante la Audiencia Nacional.
La alcaldesa socialista de Getafe, Sara Hernández, está en el ojo del huracán por unos supuestos gastos millonarios en protocolo, propaganda y 'regalitos'. El Partido Popular denuncia que Hernández ha gastado 'cerca de 3,5 millones de euros' en estos conceptos, una cifra que el PP calcula a partir de la duplicación de los presupuestos anuales. Concretamente, en 2024 se destinaron 130.000 euros a protocolo y representación, mientras que en 2025 la cantidad ascendió a 200.000 euros. Entre los gastos más llamativos se encuentran 14.500 euros en 2.200 botellas de aceite de oliva virgen extra para los trabajadores del Ayuntamiento, 14.500 euros en 160 'corazones de metacrilato' como reconocimientos a deportistas, y 10.942,86 euros en 4.500 bolsas de regalo con el logo del Ayuntamiento para un programa educativo. El PP critica la falta de transparencia y acusa a Hernández de ocultar información y negarse a mostrar las facturas. El PSOE responde que la cifra es 'inventada' y que los populares están sumando conceptos distintos para inflar las cifras. Defienden que los regalos son parte de programas educativos y reconocimientos institucionales. El líder del PP en Getafe, Antonio José Mesa, arremete contra la alcaldesa, acusándola de 'derrochar' en protocolo y autobombo mientras impone tasas abusivas a los ciudadanos.
La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros ha destapado un presunto entramado de corrupción que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Laura y Alba. Según ha podido acreditar THE OBJECTIVE, las hijas de Zapatero ofrecían acceso a su padre y sus contactos a cambio de una suscripción mensual a sus servicios de consultoría a través de su agencia de comunicación, Whathefav. Esta empresa, que tenía entre sus clientes al presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, ofrecía un servicio integral de comunicación y 'consultoría estratégica' por varios miles de euros al mes. Empresarios han relatado a TO que recibieron ofertas de Whathefav para acceder a Zapatero y sus contactos en Latinoamérica, especialmente en Colombia y México, donde el exmandatario tiene influencia a través del Grupo de Puebla. Aunque algunas empresas dudaron de la efectividad de estos servicios y decidieron no contratarlos, los pagos de Análisis Relevante SL, la empresa vinculada a Julio Martínez, a Whathefav y a Zapatero están siendo investigados. La cantidad pagada a Zapatero asciende a unos 450.000 euros, mientras que a la empresa de sus hijas se le han abonado alrededor de 200.000 euros. Tras la detención de Martínez, las hijas de Zapatero eliminaron gran parte del contenido de sus redes sociales y borraron el rastro de algunas colaboraciones empresariales.
En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizaron un enfrentamiento verbal por las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que alertaba de que personal de Adif retiró piezas clave de la vía sin autorización judicial. Marlaska acusó a Puente de actuar 'por su cuenta' y cuestionó la labor de la Guardia Civil, mientras que Puente defendió la actuación de Adif y criticó la construcción de un relato que, según él, no se ajusta a los hechos. Este choque refleja las tensiones internas del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dos de sus ministros más destacados gestionan conflictos que afectan directamente a sus ámbitos sin lograr coordinar un relato común. La investigación del accidente sigue en curso en el juzgado de Montoro, pero el efecto político ya se ha hecho notar.
El Govern de Salvador Illa se gastó cerca de un millón de euros, exactamente 973.665 euros, en una campaña contra el machismo digital el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña 'Si sembla violencia masclista, és violencia masclista' buscaba visibilizar las múltiples formas de violencia machista, especialmente aquellas ejercidas a través de las redes sociales y los móviles. El Ejecutivo catalán distribuyó este gasto entre tres departamentos: Igualdad y Feminismos, Presidencia, e Interior y Seguridad Pública. La empresa Two Small, SL recibió 170.747 euros por 'creatividad gráfica y adaptaciones', mientras que Carat España SAU ingresó 287.474 euros por 'inserciones de publicidad institucional'. Además, el departamento de Interior y Seguridad Pública destinó 409.321 euros a inserciones publicitarias y 17.545 euros a 'Creatividad para el segmento de cuerpos de seguridad y emergencias'. Estas cifras han generado polémica, especialmente tras la reciente controversia sobre los cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional en Gaza para promover el feminismo. El Govern defiende que la campaña era necesaria para combatir la creciente violencia machista digital, que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
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Cristóbal Herrero