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En un gesto que ha tensado las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, Donald Trump ha exigido una lista detallada de las multinacionales españolas con participación pública que operan en territorio estadounidense, incluyendo datos sobre sus consejos de administración y la identidad de los directivos designados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta medida se produce en un contexto de crecientes tensiones entre ambos países, agravadas por la negativa del Ejecutivo español a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para acciones militares contra Irán. La petición, formulada a través de la representación diplomática estadounidense en Madrid, podría ser un preludio de medidas de presión como la suspensión de contratos con empresas españolas como Indra, Telefónica y Navantia, que mantienen una significativa actividad en EEUU. El antecedente de Venezuela, donde la Administración Trump diseñó una estrategia similar antes de intervenir en el país, ha generado preocupación sobre las intenciones reales detrás de esta exigencia. La escalada verbal de Trump contra el Gobierno español ya ha comenzado a tener consecuencias tangibles, como el veto a compras de compañías propiedad de fondos norteamericanos debido al riesgo de que la Administración estadounidense las frene.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes por la vía rápida ha desatado un fraude masivo en Marruecos. La Fiscalía de Tánger investiga decenas de solicitudes de visado español sospechosas de falsificar documentos y datos. El Consulado General de España en Tánger denunció actividades fraudulentas tras detectar irregularidades en contratos de trabajo, certificados de salario y extractos bancarios presentados para obtener el visado Schengen. La policía judicial ha iniciado una investigación preliminar que involucra a personas implicadas en el fraude, indagando en el posible uso de entidades ficticias con fines fraudulentos. El aumento de solicitudes ha desbordado los consulados marroquíes en España, como el de Madrid, que ha tenido que ampliar su horario para atender la demanda. Otros consulados, como el de Argelia o Pakistán, también han registrado colas kilométricas. La Policía Nacional ha alertado de los riesgos de esta regularización masiva, especialmente en cuanto a la verificación de antecedentes penales de posibles delincuentes.
Con 321 votos a favor y 268 en contra, el Parlamento alemán aprobó esta semana una reforma que endurece las condiciones para recibir subsidios de desempleo, generando un intenso debate sobre su impacto en los colectivos más vulnerables. La nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, afectará a unos cinco millones de beneficiarios del actual «pago ciudadano» (Bürgergeld). Según la reforma, aquellos que rechacen ofertas de empleo o no acudan a citas con las agencias de empleo enfrentarán sanciones que pueden llegar a la suspensión total de la ayuda, incluyendo el pago del alquiler. El Gobierno defiende que estas medidas refuerzan la responsabilidad individual y los incentivos laborales, mientras que la oposición y organizaciones sociales advierten que pueden perjudicar a quienes más lo necesitan. El debate también se ha trasladado a España, donde figuras del PP como Alma Ezcurra han mostrado su apoyo a medidas similares, argumentando que las ayudas públicas deben ir acompañadas de obligaciones para reincorporarse al mercado laboral.
La Universidad del País Vasco (UPV-EHU) está dando un paso significativo hacia la eliminación del español como lengua de instrucción, según los criterios para la contratación de personal docente recientemente publicados. El rector, Joxerramon Bengoetxea Caballero, de perfil secesionista, ha presentado un texto que establece que las carreras impartidas en español con menos de 20 alumnos en el curso 2025/2026 no serán ofrecidas en español el próximo curso. Sin embargo, las carreras en euskera seguirán siendo ofertadas independientemente del número de alumnos. La asociación Hablamos Español denuncia que se está utilizando la universidad para llevar a cabo un proyecto de ingeniería social y 'normalizar' el euskera como lengua hegemónica. El texto justifica el uso del euskera como lengua de instrucción argumentando que es la lengua propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y que la UPV-EHU desempeña un papel fundamental en su revitalización y normalización. Además, se menciona que el euskera puede ser un instrumento para atraer estudiantes e investigadores de otras universidades con comunidades vascoparlantes. La asociación critica que el rector no solo busca eliminar grados en español, sino que también pretende aumentar el nivel de requisito lingüístico al personal administrativo y convertir el euskera en la lengua de comunicación en la universidad. Esto supone un paso más hacia la creación de un 'gueto euskaldún' en la universidad vasca.
La situación del PSOE-A en Andalucía es crítica según las encuestas para las próximas elecciones de junio de 2026. María Jesús Montero, actual líder, podría sufrir un descalabro histórico. Para evitarlo, se ha decidido recuperar a figuras clave como Susana Díaz y Manuel Chaves. Los sondeos indican que Montero podría incluso empeorar los resultados de 2022 obtenidos por Juan Espadas. La estrategia pasa por movilizar al electorado, ya que se teme que Vox supere al PSOE-A en varias provincias. La inclusión de Díaz y Chaves busca reactivar el voto socialista, recordando épocas doradas del partido en Andalucía. Susana Díaz, última líder en ganar elecciones autonómicas, parece dispuesta a colaborar tras años de tensión con Pedro Sánchez. Mientras tanto, Manuel Chaves, pese a su complicada situación legal por el caso ERE, será rehabilitado políticamente con su presencia en campaña. Montero ha reivindicado recientemente el legado de Chaves, destacando su papel en la configuración de Andalucía como comunidad autónoma.
El PSOE en Baleares ha lanzado una propuesta polémica al exigir al Govern del PP que habilite espacios exclusivos para las mascotas que llegan en patera, junto con personal cualificado para atenderlas sin mermar los recursos destinados a asistencia humanitaria. Con un total de más de 30.000 llegadas registradas en 2025 en las Islas Baleares, la iniciativa socialista busca garantizar el bienestar animal y la salud pública en situaciones de emergencia migratoria. La propuesta incluye la creación de instalaciones adecuadas para cuarentena sanitaria y la colaboración con centros de protección animal y colegios veterinarios. Los socialistas argumentan que estos animales forman parte del proyecto vital de las personas que llegan y requieren una gestión adecuada. Aunque se han dado casos de mascotas llegando en patera, como la perrita que llegó a Ibiza y permanece en cuarentena, la gestión actual se rige por normativa sanitaria general que no contempla contextos humanitarios excepcionales, generando incertidumbre y tensiones entre administraciones. El PSOE reclama un protocolo específico de actuación que establezca criterios claros sanitarios, administrativos y de bienestar animal, elaborado en coordinación con la Administración General del Estado y los consells insulars.
En un giro inesperado, las víctimas de la DANA en Valencia han presentado ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja las grabaciones que demuestran cómo el marido de la juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra, interrogaba personalmente a los afectados. Este escándalo, destapado inicialmente por OKDIARIO, llevó a seis víctimas representadas por el abogado Rubén Gisbert a solicitar formalmente la recusación de la juez y la nulidad de la causa el pasado 26 de febrero. Sin embargo, la juez archivó la recusación el 2 de marzo sin posibilidad de recurso. Gisbert, quien también presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por presuntas injerencias en la causa, ha llevado ahora estos audios ante el juzgado. La presentación de estos audios supone un nuevo capítulo en un caso que ha generado gran controversia debido a las presuntas irregularidades cometidas por la juez y su marido, el magistrado Jorge Martínez Ribera. La situación se complica aún más con la presentación por parte de la juez de una exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, llena de errores y contradicciones, según fuentes jurídicas. La Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal deberá deliberar sobre esta exposición.
La madrugada del miércoles al jueves, un magrebí identificado incendió seis coches en el barrio de Fuentebella de Parla, agrediendo a un vecino que intentó detenerlo. Este suceso se suma a una ola de delincuencia que azota la localidad madrileña, donde otros tres vehículos aparecieron calcinados en la calle Isabel II. Los vecinos están cada vez más asustados y denuncian la falta de acción del alcalde, Ramón Jurado, quien asegura que la tasa de criminalidad ha descendido un 10,7% en 2025 respecto a 2024. Sin embargo, la realidad en las calles contradice estas cifras: robos, okupaciones y agresiones siguen aumentando. La situación se complica por la escasez de efectivos policiales, tanto de la Policía Local como Nacional, lo que ha llevado a los sindicatos a denunciar el abandono en el que se encuentran. La polémica aumentó cuando un policía local fue cesado tras alertar sobre el incremento de la criminalidad, y otro agente lleva en huelga de hambre desde el 25 de febrero por la negativa del alcalde a concederle medidas de conciliación familiar.
La Unión Europea ha exigido al Ministerio de Sanidad de Mónica García que reforme su ley antitabaco después de que varios países alertaran de que la medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez era «desproporcionada». La ley, que busca modificar la norma antitabaco en 2025, ha sido criticada por Rumanía, Grecia e Italia por ir más allá de lo necesario para alcanzar la protección de la salud pública y por imponer una «carga desproporcionada» a la restauración y el ocio. La Comisión Europea, encabezada por Ursula von der Leyen, ha enviado un comentario en el que se hace eco de las opiniones de estos países, señalando que la norma propuesta por España podría crear ambigüedad en la definición de productos como los cigarrillos electrónicos y que no se ha demostrado que las medidas impuestas sean necesarias para alcanzar el objetivo de salud pública. Los países críticos argumentan que España no puede limitar los derechos más allá de lo que ya haya decidido Bruselas y que la norma podría provocar una «fragmentación del mercado interior».
La Guardia Civil en Ceuta enfrenta graves dificultades en su lucha contra el narcotráfico debido a la precariedad de sus vehículos. Veinticinco patrullas de fiscal y fronteras están en condiciones pésimas, con más de 20 años de antigüedad y sobre 400.000 kilómetros recorridos. Los vehículos presentan problemas como parachoques sujetos con bridas, focos rotos o pegados con cinta adhesiva, y algunos incluso circulan sin airbag o devolviendo gases de combustión dentro del habitáculo. Esta situación ha sido denunciada por la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), que critica la falta de medios adecuados para combatir el narcotráfico y el contrabando. Mientras tanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene un discurso triunfalista sobre la lucha contra los narcos, contrastando con la realidad sobre el terreno. La IGC exige una mejora urgente de los medios materiales y un refuerzo de las plantillas para garantizar la integridad de las fronteras.
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Cristóbal Herrero