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Parece que la solidaridad romántica de la 'Ley de Memoria Democrática' ha terminado siendo la alfombra roja perfecta para los personajes menos deseables del Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un carné, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un grifo que, según el Departamento de Estado de EEUU, no solo deja pasar a nietos de exiliados, sino a tipos con el currículum manchado de narcotráfico y crimen organizado. Washington no está para bromas. El Departamento de Estado ha detectado que el pasaporte español —ese trozo de papel que abre puertas en todo el mundo— podría convertirse en el 'pase VIP' para que operativos del castrismo más recalcitrante y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro se infiltren en territorio estadounidense. Estamos hablando de más de trescientos mil cubanos solicitando la nacionalidad a través del Consulado General de España en La Habana, en un proceso donde el control lo tiene el régimen, básicamente decidiendo quién entra en la lista y quién se queda fuera, como quien reparte invitaciones para una fiesta privada. Pero el asunto tiene un aroma a complicidad que llega hasta La Moncloa. La Administración Trump, que ahora juega al ajedrez geopolítico en la zona, ha empezado a mover piezas que incomodan al PSOE. No es casualidad que el Departamento del Tesoro estuviera esperando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, para evitar que se largara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores mientras lo investigan por el rescate de una aerolínea venezolana. Y mientras tanto, el exministro José Bono ve cómo su nombre aparece en investigaciones sobre actividades 'opacas' en República Dominicana. Al final, la ley del abuelo ha servido para que algunos busquen raíces, pero otros, parece, busquen un refugio legal para sus negocios turbios.
Hay quienes dicen que la política es una vocación; otros, que es la mejor agencia de colocación para jubilaciones doradas. José Bono, el eterno estratega del PSOE, ha decidido que el retiro se lleva mejor con brisa caribeña y suelos de mármol. Mientras el ciudadano medio pelea con la hipoteca o recorta en la lista de la compra, el exministro se ha hecho con dos viviendas de lujo en Santo Domingo, en el exclusivo complejo Meridian Residences. No son precisamente estudios para estudiantes: hablamos de 212 metros cuadrados en la planta 14 y otros 183 en la 16, con maderas preciosas y grifería que probablemente cuesta más que el salario anual de un funcionario medio. La magia de esta ingeniería financiera empezó a cocinarse el 29 de septiembre de 2020, cuando el presidente Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana. Un detalle elegante para facilitar el despliegue de Teivelpir, la mercantil que Bono fundó en plena pandemia. ¿El negocio? Un macroparque solar llamado Pimentel Energy en la provincia de Duarte, junto a otro proyecto, Las Parras Energy, cuya valoración conjunta roza los 500 millones de euros. El exministro, operando con Juan Segovia como pantalla para no mancharse el currículum, movió los hilos desde el 9 de abril de 2021 ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que los permisos fluyeran como champán en una boda. Pero la ambición no entiende de límites energéticos. El grupo empresarial, que incluye sociedades como Vetapir, se ha metido también en el negocio de la basura. En septiembre de 2024, el consorcio Sucesat se llevó un contrato de recogida de residuos en Santo Domingo Norte por 120 millones de euros. Es el ciclo perfecto: del despacho ministerial al sol del Caribe, pasando por la gestión de los desechos ajenos. Los empresarios dicen que no le han pagado ni un duro, pero los pisos de alto standing no se compran con aire.
Hay que tener valor para llamar 'hermoso' a un combustible que tiene el planeta en cuidados intensivos. Donald Trump ha decidido que el carbón, esa industria que lleva décadas en modo zombie, merece un desfibrilador de 700 millones de dólares. Para lograrlo, no ha usado una hucha de ahorros, sino que ha rescatado la Ley de Producción de Defensa de 1950, un artefacto de la Guerra Fría que permite al presidente jugar al capitán industria bajo la excusa de la 'seguridad nacional'. Es el equivalente a usar un manual de instrucciones de un televisor de tubo para intentar arreglar un smartphone. Lo más delirante es la procedencia del dinero. Según The New York Times, los fondos venían destinados precisamente a reducir las emisiones de CO2. Es decir, han cogido la cartera de la limpieza para pagar el detergente más sucio del mercado. El reparto es quirúrgico: 425 millones para que 13 plantas obsoletas no cierren la persiana y el resto para levantar dos nuevas centrales en Alaska y West Virginia, las primeras desde 2013. Todo esto mientras el carbón solo representa el diez por ciento de la producción energética doméstica. Trump promete 14.000 empleos, pero los datos del Sierra Club son un jarro de agua fría: 330 plantas han cerrado desde 2010 y otras 60 se irán al hoyo para 2031. La paradoja final es que la IA, con su hambre voraz de energía, está obligando a encender estas reliquias. Como dice Lena Moffitt de Evergreen Action, lanzar 700 millones al carbón hoy es como intentar salvar un barco que ya está en el fondo del océano; puedes tirar la cuerda que quieras, pero el barco sigue mojado.
En el manual de la meritocracia del Interior, parece que el camino al éxito no es la eficiencia, sino el arte de borrar historiales y regalar el parking público como si fuera el patio de su casa. Jesús María Gómez Martín, el comisario que orquestó el operativo del 'Delcygate', ha pasado de gestionar el aeropuerto de Barajas a mandar en Canarias con una facilidad pasmosa, mientras la UDEF le pisa los talones por un presunto entramado de favores y dinero sucio. La historia es un clásico: un inspector honesto intentó avisar el 29 de marzo de 2022 sobre un mando que trataba la frontera como un club privado. Hablamos de recoger amigos a pie de avión el 25 de diciembre de 2021 con coches camuflados y convertir el aparcamiento policial en un 'parking VIP' para empresarios. Mientras el ciudadano medio lucha con la burocracia, Gómez Martín presuntamente cobraba 7.000 euros de magnates venezolanos por hacer que la ley fuera opcional para sus allegados. La respuesta institucional fue la habitual: en lugar de investigar el agujero ético, castigaron al denunciante enviándolo a Chamartín, un movimiento que la Justicia acabó tildando de ilegal. Pero el premio al 'buen empleado' llegó en noviembre de 2022, cuando el Ministerio del Interior lo catapultó a Jefe Superior de Canarias. Ahora, frente al Senado, el comisario juega la carta de la 'casualidad'. Dice que tomarse un café de 15 minutos con el testaferro de Zapatero, Julio Martínez, o conocer a figuras como Danilo Díezgranados y Miguel Palomero son simples 'relaciones del cargo'. Es la eterna danza de la hipocresía: el mando niega haber recibido 700 millones, pero se olvida de que, en la calle, el respeto no se gana con ascensos sospechosos, sino con la coherencia que aquí brilla por su ausencia.
Imagínate que vas a pagar la cuenta de un restaurante y, solo porque el camarero no te gusta cómo vistes, te clava un cargo extra de 100 euros sin explicación. Pues eso es, básicamente, lo que ha intentado hacer la Universidad del País Vasco (EHU) con decenas de alumnos en el examen de euskera de la selectividad. Unos ceros masivos, quirúrgicos y sospechosamente concentrados, que han caído como un cubo de agua fría sobre estudiantes de centros donde el español es el idioma rey. La justicia de Bilbao ha tenido que intervenir para evitar que el futuro de estos chavales se fuera por el sumidero. El presidente del Tribunal de Instancia, Aner Uriarte, ha soltado la bomba: hay una "posible infracción" porque los examinadores sabían perfectamente de qué colegio venía cada alumno. El anonimato, que en un examen es tan sagrado como el ticket del súper para reclamar un producto caducado, brillaba por su ausencia. Entre 25 y 30 demandas han forzado que los juzgados de lo Contencioso-Administrativo suspendan esos ceros cautelarmente. Ahora, los alumnos pueden recalcular su nota de acceso sin ese lastre para matricularse antes de que expire el plazo este martes. Pero ojo, que aquí viene la letra pequeña: la sentencia definitiva tardará entre 8 y 14 meses. Es decir, que el alumno puede entrar en la carrera hoy, pero si dentro de un año el juez dice que el cero era legal, la EHU podría echarlo a patadas de la facultad. Un juego de ruleta rusa académica. La EHU, por supuesto, ha activado el modo defensa y dice que cumplir la medida es "imposible" porque alteraría el orden de prelación. Básicamente, argumentan que proteger el derecho de unos pocos perjudica la igualdad del resto, olvidando convenientemente que la igualdad empieza por no saber quién es el que escribe el examen.
Hay quienes regalan flores y quienes regalan palacios en la Castellana. Pedro Sánchez ha optado por lo segundo, inaugurando este lunes un edificio público cedido a la Organización Mundial del Turismo (OMT) con una generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. No es un alquiler compartido ni un préstamo de fin de semana; es una cesión gratuita por 75 años. Para que el detalle fuera redondo, el Estado no solo entregó las llaves, sino que se dejó en la cartera 24,6 millones de euros para la reforma. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, el Ejecutivo ha firmado un cheque en blanco por tres cuartos de siglo. La coincidencia temporal es, cuanto menos, curiosa. Este despliegue de altruismo institucional llega después de que Zurab Pololikashvili, el jefe de la OMT, hiciera de puente dorado para que Begoña Gómez aterrizara en círculos de negocios internacionales. Incluso Inmark, la consultora donde Gómez acumuló acciones y contratos públicos, logró pescar un contrato en la República Dominicana gracias al empujón de la OMT tras la pandemia. Es el ciclo perfecto: contactos, contratos y un edificio gratis en el corazón de Madrid. La fiesta de inauguración no ha sido un trámite. Sánchez ha movilizado un despliegue de siete ministros, incluyendo a Carlos Cuerpo, Yolanda Díaz, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, para escoltar el acto. Un despliegue digno de una cumbre geopolítica para celebrar que la OMT tiene casa nueva. Todo esto mientras la UDEF pone la lupa sobre Pololikashvili, vinculado a un viaje con José Luis Rodríguez Zapatero a Bolivia para que el exmandatario embolsara 200.000 euros evitando una multa a una empresa peruana. La generosidad pública, al parecer, tiene un lenguaje muy específico y se habla fluidamente en los pasillos de la Moncloa.
Hay que tener un talento especial para pasar de gestionar carteras ministeriales en España a coleccionar pasaportes caribeños como quien junta cromos. José Bono, el eterno superviviente, ha aterrizado en República Dominicana no precisamente para tomar sol, sino para montar un tablero de Monopoly energético. Todo empezó en octubre de 2020, cuando Luis Abinader le regaló la nacionalidad dominicana mediante un decreto presidencial, abriéndole la puerta de garaje a un ecosistema de sociedades como Sociedad Veleta y Teivelpir SRL. Mientras el ciudadano medio lucha con el precio del alquiler, Bono y su séquito —donde aparecen nombres como Dimas de Andrés Puyol y el exdiputado Juan Segovia— se han movido en la liga de los grandes. El programa '55 Minutos con Julissa Céspedes' ha destapado que Segovia y el empresario Williams Jiménez están pegados a dos proyectos solares, Las Parras Energy y Pimentel Energy. Hablamos de una inversión inicial de 146,2 millones de dólares. Sí, millones con 'M', una cifra que haría palidecer a cualquier libro de cuentas doméstico. Estas joyas fueron adjudicadas en 2024 a MedCap Energy Caribe, SRL, por la Comisión Nacional de Energía. Lo fascinante es la 'magia' administrativa: cuando los periodistas pidieron los contratos, la Comisión Nacional de Energía aplicó la técnica del 'no hay nada que ver aquí', alegando que no estaban en la web ni en el portal de contratación pública. Para rematar la función, MedCap Energy Caribe parece una empresa fantasma que juega al escondite telefónico, con respuestas contradictorias sobre si realmente existen. Y como si el sol no fuera suficiente, Bono también parece haber sido el 'consultor invisible' en la reforma de la Policía Nacional Dominicana; la institución niega el contrato, pero las fotos oficiales lo sitúan en la mesa de los jefes. Un asesorado muy eficiente: cobra en influencia y paga con invisibilidad contractual.
Imaginen que el censo electoral es como la lista de invitados de una boda: si de repente aparecen miles de desconocidos que dicen ser primos lejanos solo para comer gratis, cualquiera empezaría a sospechar. Eso es exactamente lo que Iustitia Europa ha llevado a la Junta Electoral. El partido ha lanzado un grito de alerta sobre la Ley 20/2022 de Memoria Democrática —la famosa «Ley de Nietos»—, denunciando que el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en una especie de caja negra donde se inscriben electores masivamente sin que nadie sepa muy bien por qué acaban asignados a una provincia u otra. El problema es que en España los escaños se reparten por provincias. Si alguien que no ha pisado el país en décadas acaba adscrito a una provincia pequeña por un 'error' administrativo o una 'complacencia' consular en Argentina, Brasil o Cuba, el resultado electoral puede cambiar más que el precio del aceite en el súper. Luis María Pardo, portavoz de la formación, pide que la Oficina del Censo Electoral (OCE) deje de jugar al misterio y explique el soporte documental de cada alta. Para darle color a la denuncia, Iustitia Europa lanza la cifra de 3.202.002 españoles en el exterior a enero de 2026 (un subidón del 5,1%). Pero aquí hay un truco de magia contable: están usando el Padrón (PERE) del INE, publicado el 19 de marzo de 2026, que incluye a 451.968 niños que no pueden votar. El censo real de votantes (CERA) es de 2.664.898. Mientras tanto, Hazte Oír se ha ido al Parlamento Europeo el 22 de junio con unas 50.000 firmas (o 47.000, según quien cuente) llamando a esto un «golpe de Estado». Mucho ruido, mucha retórica de barricada, pero de momento, la JEC no ha dicho ni mu.
Hay una palabra que en los despachos del poder suena a música celestial y en la calle a estafa: 'intachable'. Así describió María Jesús Montero a José Antonio Marco Sanjuán, su antiguo 'tres', mientras el sujeto, aparentemente, decoraba su domicilio con fajos de billetes ocultos. Pero el verdadero arte no estaba en el colchón, sino en el suelo de Tarragona. Marco Sanjuán, inspector especial que hoy sigue cobrando su nómina en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, resultó ser un experto en el 'urbanismo de oportunidad'. A través de la sociedad Naves Europark SL —donde ostenta un 7,22% vía Investment Betancunia SL—, el funcionario controlaba dos fincas en Les Gavarres que suman más de 23.000 metros cuadrados. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la luz, Marco Sanjuán y su socio, Gonzalo Perdrix Ecequiel (un subinspector de Hacienda en excedencia), vigilaban el macroproyecto Hard Rock, valorado en 2.000 millones de euros. La ironía es deliciosa: el hombre encargado de vigilar que todos paguen sus impuestos usaba su mercantil para 'canalizar pagos' de empresarios a cambio de anular pleitos fiscales. Un servicio de limpieza contable premium. Pero aquí llega el giro de guion. Esos mismos terrenos se entrelazan con la trama de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional investiga un contrato de octubre de 2021 con Idella Consulenza, propiedad de Julio Martínez (alias 'Julito'), donde se pactó un 3% de retribución. Traducido al lenguaje de la calle: un sablazo de 60 millones de euros. Para que todo pareciera legal, alguien tuvo la brillante idea de borrar la palabra «comisión» del contrato. Mientras tanto, Marco Sanjuán escribía emocionado por WhatsApp: «Con el terreno me voy a forrar». Una honestidad brutal que rara vez se ve en los boletines oficiales.
Hay formas muy elegantes de expresar el desprecio político, y luego está el método de la calle Bambú. Este domingo, la sede nacional de Vox decidió estrenar un sistema de 'decoración efímera' bastante peculiar. Primero, un anónimo decidió que la entrada del edificio necesitaba una colección de penes de plástico. Un detalle sutil, casi minimalista. Pero el arte conceptual no terminó ahí. Horas más tarde, otro individuo, probablemente con un sentido del humor piromaníaco, decidió que el plástico necesitaba un toque de calor, rociando los juguetes con líquido inflamable y prendiéndoles fuego. El resultado fue una fachada con marcas de quemaduras, un recordatorio visual de que la política actual tiene la temperatura de una barbacoa mal gestionada. Lo más cómico del asunto es que el fuego se extinguió solo. Ni siquiera hicieron falta los bomberos; la combustión de los falos fue tan breve como la paciencia de los vecinos de Madrid un domingo por la tarde. No hubo heridos, solo el orgullo herido de una formación que ahora se encuentra con el dilema de explicar en una denuncia oficial que su edificio fue vandalizado con juguetes eróticos incendiados. Santiago Abascal y su equipo ya han anunciado que acudirán a las autoridades para buscar a los responsables. Porque claro, en la era de las cámaras de seguridad, encontrar a alguien que lanza plástico y juega con mecheros debería ser más fácil que aprobar una ley en el Congreso. Mientras tanto, la sede de Vox luce esas manchas negras en la pared,lecciones de química básica aplicadas al odio político, donde el coste material es mínimo pero el ridículo es, sencillamente, monumental.
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Margarita Caballero