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La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, protagonizó un bochornoso momento en un directo de Instagram al no recibir ninguna pregunta de sus seguidores. A pesar de invitar a sus seguidores a hacerle preguntas sobre el salario mínimo y otros temas de interés, el silencio fue total. Díaz se mostró visiblemente nerviosa, gesticulando y pidiendo que se animaran a hacerle preguntas. Finalmente, decidió comenzar a hablar sin que nadie le hubiera preguntado nada. Este incidente se suma a otras polémicas recientes protagonizadas por Díaz, como sus controvertidas declaraciones sobre la prohibición del burka, argumentando que vulneraría la Constitución española. Sus palabras han generado un intenso debate en redes sociales.
El Partido Popular ha lanzado un ataque directo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de 'boicotear' la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La acusación surge tras la negativa del Ministerio del Interior a localizar a Julio Martínez Martínez, señalado como posible testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, para que comparezca en el Senado el próximo jueves 26. Según el PP, esta negativa es una 'excusa ridícula' dado que Julio Martínez Martínez fue detenido y está imputado, lo que facilitaría su localización. El PP sugiere que el intento de 'torpedear' la declaración se debe al temor de lo que Martínez podría revelar. La formación liderada por Feijóo destaca que el testimonio de Julio Martínez es 'clave' para la investigación del 'escándalo de Plus Ultra', ya que todo apunta a que podría ser el testaferro de Zapatero, habiendo cobrado una comisión por el rescate y posteriormente devolviendo el dinero a través de facturas fantasma por asesorías a Zapatero y a la empresa de sus hijas. El PP advierte que si Marlaska impide la comparecencia, buscarán fórmulas alternativas para asegurarse de que Julio Martínez rinda cuentas.
En un giro inesperado, España se queda fuera de la mesa de negociación sobre el futuro del Sáhara Occidental, pese a que la cumbre crucial se celebrará en Madrid a mediados de marzo. La reunión, convocada por Estados Unidos en su embajada, reunirá a representantes de Marruecos y el Frente Polisario, junto con emisarios de la ONU y observadores de Argelia y Mauritania. España, considerada potencia administradora según resoluciones de la ONU, brillará por su ausencia. La Administración Trump busca acelerar las negociaciones para lograr un acuerdo antes del 31 de octubre, fecha en que expira el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso). Marruecos presenta un plan de autonomía, mientras el Frente Polisario insiste en un referéndum de autodeterminación pactado en 1991. El conflicto del Sáhara, enquistado durante décadas, enfrenta posturas irreconciliables. España, que abandonó la colonia en 1975 tras la Marcha Verde, ha variado su postura tradicional al respaldar el plan marroquí en 2022, en una decisión controvertida tomada por Pedro Sánchez sin consulta parlamentaria.
La polémica sobre la neutralidad de RTVE ha alcanzado un punto crítico. Un análisis del Instituto Juan de Mariana revela un sesgo izquierdista en la televisión pública, con tres impactos negativos contra la oposición por cada crítica al Gobierno. El estudio, basado en el procesamiento de datos con software especializado, cuestiona la equidad en un ente financiado con recursos públicos. Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto, analiza los datos en el podcast 'Economía Para Quedarse Sin Amigos', invitando a reflexionar sobre el modelo mediático actual.
La Administración Pública española ha gastado más de 720.000 euros en 2025 en medidas de seguridad contra la ocupación ilegal de viviendas y locales públicos, contradiciendo la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez de que la okupación es un problema 'minoritario'. Entre los contratos adjudicados se encuentran el suministro de puertas antiokupas, sistemas de alarma y cerramientos antivandálicos por parte de empresas como Wallner Europa y Grupo Torneo Seguridad. Destaca un contrato de 491.204,58 euros para la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y otro de 123.420 euros para la Junta de Andalucía. Estos gastos revelan una discrepancia entre las declaraciones públicas del Gobierno y las acciones emprendidas para proteger viviendas públicas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado a los guardias civiles patrullar a pie en diversas zonas de España debido a la falta de vehículos policiales. En Loja (Granada), por ejemplo, los agentes deben turnarse para patrullar a pie o en el único vehículo operativo disponible, dependiendo de las condiciones climáticas. Mientras tanto, vehículos de lujo asignados a mandos permanecen sin usarse en las instalaciones policiales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia esta situación como un 'despropósito' y critica la falta de medios para los agentes, contrastando con gastos excesivos en merchandising, jardinería y equipamiento no esencial. El número de delitos en España aumentó un 0,8% en 2025 respecto a 2024, con incrementos significativos en homicidios, secuestros y agresiones sexuales.
El juez José Ignacio Vilaplana investiga el Plan Linares Futuro, activado por la Junta de Andalucía en 2011 para recolocar a 750 trabajadores tras el cierre de Santana Motor. El auto judicial del 16 de febrero revela que 17 personas cobraron anticipos sin ser beneficiarios y que se concedió un préstamo de 1.497.343,36 euros a la Asociación '28 de Febrero' sin garantías suficientes. La investigación apunta a posibles delitos de prevaricación y malversación, involucrando a ex directivos de la Agencia IDEA y representantes de la asociación beneficiaria. El mecanismo de pago, canalizado a través de transferencias de financiación de capital de IDEA, 'eludía controles y fiscalizaciones', según el auto. Figuran como investigados Bienvenido Martínez, ex directivo de IDEA, y Francisco S. J. y Salvador C. G., representantes de la Asociación '28 de Febrero'. El plan, firmado con UGT y CCOO, incluía una prestación mensual a más de 700 ex trabajadores, prometiendo recolocación en empresas tecnológicas que nunca llegaron.
El Gobierno de España planea modificar el Código Técnico de Edificación (CTE) para incluir requisitos que promuevan la sostenibilidad en los edificios, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Entre los cambios propuestos, destaca la obligatoriedad de incluir plazas para bicicletas en los inmuebles. Según el borrador del nuevo CTE, los edificios residenciales deberán tener al menos dos plazas para bicicletas por vivienda, mientras que en edificios no residenciales, el 5% de la capacidad total de usuarios deberá destinarse a aparcamiento para bicicletas. Las dimensiones mínimas para estas plazas serán de 2,00 x 0,4 metros, y un 5% de ellas deberán ser de mayor tamaño (2,5 x 0,9 metros) para acomodar bicicletas de gran longitud o para personas con discapacidad. El sector de la construcción ya ha expresado su preocupación por el aumento de costes que estos cambios podrían suponer, especialmente en un momento en que los precios de la vivienda ya están disparados. El Colegio de Aparejadores de Madrid estima que los nuevos requisitos podrían encarecer las nuevas viviendas en hasta 18.000 euros una vez estén plenamente implantados.
El Gobierno ha desbloqueado con más de medio año de retraso la creación de la nueva Autoridad Administrativa Independiente que investigará accidentes ferroviarios, aéreos y marítimos. Esta entidad debía haberse constituido antes de agosto pasado y sustituirá a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes. La ley que aprobó su puesta en marcha entró en vigor en agosto de 2024, estableciendo un plazo máximo de un año para el inicio de sus actividades mediante un real decreto. El Ejecutivo se ha escudado en las asociaciones de víctimas para justificar el retraso, argumentando que se ha realizado un 'proceloso y cuidado procedimiento de máxima difusión' con la participación de dichas asociaciones y entidades representativas del sector. Sin embargo, la Comisión Europea ya había instado a España a reforzar la seguridad ferroviaria y aplicar la directiva europea de Resiliencia de las Entidades Críticas. La Junta de Andalucía también pondrá en marcha una comisión de seguimiento sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido la construcción de 15.000 nuevas viviendas financiadas con 3.400 millones de euros procedentes de fondos europeos. Sin embargo, esta promesa llega en un contexto de lenta ejecución de los fondos Next Generation destinados a la vivienda. A finales de noviembre, el Ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, tenía presupuestados 3.813 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pero solo había realizado pagos por valor de 372 millones. La diferencia entre las obligaciones reconocidas y los pagos efectivos asciende a 3.441 millones, un dinero que permanece 'atascado' en las administraciones. El Partido Popular ha criticado duramente al Gobierno por su ineficacia en la gestión de estos fondos y ha pedido la comparecencia de los ministros para explicar el 'fracaso global' en la inversión. La promesa de Sánchez se enmarca en el fondo 'España Crece', una iniciativa que busca aprovechar los fondos europeos antes de la fecha límite de agosto de 2025.
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Margarita Caballero