Noticias del Lun 11 de May de 2026 | Archivo de NoticiasResumidas.com

Hemeroteca del Lun 11 de May de 2026

Artículos enviados por nuestros usuarios

Una escena nocturna en un puerto industrial. Un barco mercante amarrado, con sus estachas iluminadas por focos amarillentos. En primer plano, varios discos guardarratas colgando torcidos, oxidados y claramente inutilizables, como si alguien los hubiera lanzado desde el barco en un gesto de resignación. Al fondo, siluetas de ratas moviéndose entre cajas de madera y sombras, mientras un muelle vacío se extiende hacia una ciudad con luces tenues. La atmósfera es opresiva, con niebla baja que envuelve los contenedores. No hay personas, solo la sensación de abandono y descuido. El color predominante es un gris sucio, con destellos metálicos oxidados en los guardarratas y rojizos en las luces del barco. Textura de pintura al óleo, estilo realista pero con un toque de surrealismo en la composición desequilibrada.

Ratas, virus y burocracia: el sablazo sanitario

El hantavirus llegó en un barco, pero la negligencia lo recibió con los brazos abiertos. Mientras el Pacific Prospect amarraba en el puerto como si nada, sus guardarratas colgaban del mástil como adornos de un cotillón fallido: torcidos, vacíos, inútiles. Y no es una metáfora exagerada. Estos discos de metal, diseñados para que ni una rata del tamaño de un hámster pueda cruzar de un barco a tierra, estaban caídos o mal colocados, como si alguien hubiera decidido que la prevención era un lujo que el presupuesto no podía permitirse. El MV Hondius, portador del hantavirus de los Andes (ese virus con un 40% de mortalidad que convierte los excrementos de roedor en una lotería macabra), flotaba a escasos metros de este despropósito. Las ratas, esas invitadas de honor a cualquier fiesta de salud pública, tenían carte blanche para saltar al muelle. ¿El colmo? Sanidad Exterior revisó el barco. O al menos eso dice el comunicado oficial, firmado con la elegancia de un funcionario que firma un autógrafo en un restaurante de menú del día. Porque si hubo inspección, alguien se olvidó de mirar bajo los pies. Los protocolos, esos manuales gordos que llenan estanterías mientras la gente se muere de gripe en la sala de espera, aquí eran de cartón. Como ese guardarratas que cuelga del mástil como un recordatorio de que, en este país, la prevención es un concepto abstracto reservado para los discursos de campaña. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, fue el único que no se dejó engañar por el teatro burocrático. Cuando el Gobierno central quiso hacer como que no pasaba nada —‘tranquilos, que todo está controlado’, murmuran los políticos mientras ajustan la corbata—, él vetó el atraque directo. Exigió garantías, como si pedir seguridad sanitaria fuera un capricho de rico. Y tuvo razón. Porque mientras en Madrid se firmaban papeles con tinta azul, en el puerto las ratas reían las últimas. Literalmente: los roedores, portadores del virus, tenían vía libre para convertir el muelle en su propio afterparty. Datos duros que huelen a podrido: - 40% de mortalidad: Así de letal es el hantavirus de los Andes, ese ‘regalo’ que el Hondius traía en su bodega (junto a, probablemente, cajas de vino y maletas con ropa de temporada). - Guardarratas ‘decorativos’: Imágenes que parecen sacadas de un chiste malo. Varios discos inutilizados, como si alguien hubiera dicho: ‘Total, ¿qué va a pasar?’. - 1 veto = 1 crisis evitada: Clavijo actuó como el único adulto en la sala. Mientras la Administración central jugaba al pasa el patata con la salud pública, él puso el freno de mano. Y salvó a Canarias de un brote que, de producirse, habría sido el escándalo sanitario del año. La hipocresía en tres actos: 1. Los protocolos: Documentos de 200 páginas que nadie lee porque, en la práctica, nadie los aplica. Son como las instrucciones de montaje de un IKEA: útiles para tirarlas a la basura. 2. La burocracia: Funcionarios que firman informes con la misma seriedad con que un camarero firma una cuenta con propina incluida. Revisaron el barco, pero no miraron lo esencial. 3. El dinero público: Porque, seamos honestos, vigilar puertos cuesta. Y cuando el presupuesto aprieta, siempre hay algo más urgente que evitar que un virus se convierta en trending topic. Como ese guardarratas que cuelga roto, símbolo de un sistema que prefiere ahorrar en lo que no se ve. El detalle que lo corona todo: Mientras el Pacific Prospect se marchaba con su carga de indiferencia, el Hondius seguía ahí, como un recordatorio de que la salud pública es el pariente pobre de cualquier gobierno. Porque, al final, ¿quién va a votar por un político que gasta en ratas cuando puede gastar en discursos? La moraleja en un bar de puerto: Si hasta las ratas tienen más sentido común que nuestros protocolos sanitarios, esto no es un país, es un experimento social fallido. Y el Hondius fue solo el barco. El verdadero virus está en la oficina.

salud

Hace 3 semanas

Una escena surrealista en un puerto canario al atardecer. A la izquierda, un muelle con autobuses militares rojos de la UME y agentes con trajes NBQ de astronauta, posando para fotos. Al centro, un psicólogo camina por la acera con un traje de protección colgando de la mano como un abrigo usado, mirando al horizonte con indiferencia. Al fondo, un crucero anclado con guardarratas rotos colgando como adornos navideños baratos. En el agua, un cayuco pequeño y precario flota a la deriva, ignorado por las autoridades. El cielo tiene un tono anaranjado dramático, como en una película de catástrofes mal dirigida. Sin texto, solo atmósfera de caos organizado.

Sanidad: del hantavirus al ridículo

El hantavirus llegó a Granadilla, pero el protocolo se fue de vacaciones. Mientras los roedores de los Andes se afanaban en su labor de distribuidores de virus (sí, como los repartidores de Glovo, pero con menos salario y más mala leche), el Estado español montó el operativo sanitario más teatral de la historia reciente. Trajes NBQ para la Guardia Civil, autobuses blindados de la UME y un despliegue de seguridad que recordaba más a una película de contagio de Hollywood que a una respuesta real. Pero, claro, esto es España: donde el protocolo brilla por su ausencia y la improvisación por su creatividad desbordante. El muelle olía a desinfectante y a salsa blanca. Los buques amarrados en el puerto de Granadilla exhibían sus guardarratas (sí, esos discos que ahuyentan a los roedores) rotos, colgando como farolillos de Navidad baratos. Una imagen que lo decía todo: el Estado apaga incendios con bengalas de colores, pero prevenir es de pobres. Mientras tanto, el crucero MV Hondius desembarcaba a sus pasajeros españoles a mano descubierta, sin guantes, sin mascarillas, y con sus maletas precintadas como si fueran paquetes de Amazon con advertencia de fragilidad. Porque, ¿qué es más importante? Que el equipaje no se abra… o que las manos de los ciudadanos no se contagien. El cayuco que se coló por la puerta de atrás. Pero el show no terminó ahí. A 10 millas náuticas del puerto, un cayuco a la deriva —ese tipo de embarcación que parece sacada de un reality de supervivencia— apareció como un intruso en una fiesta exclusiva. El problema: la embarcación de Salvamento Marítimo encargada de vigilar la zona desapareció del mapa, desviada para atender la crisis migratoria de turno. Porque, ¿qué es más urgente? Un virus exótico o un puñado de personas buscando tierra firme? El Gobierno no lo tenía claro, y eso es preocupante cuando hablamos de salud pública. El sectarismo que envenenó la respuesta. Pero el broche de oro llegó con el teatro político. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ordenó retirar las ambulancias del Servicio Canario de la Salud (SCS) que estaban en el puesto de mando. ¿Por qué? Porque, según el guion, no podía quedar rastro de que el Gobierno central dependía de las autonomías para gestionar la crisis. ¡Qué bonito es el orgullo institucional! Mientras los militares de la UME se paseaban en sus autobuses rojos como estrellas de rock, las ambulancias —las únicas que podían salvar vidas— fueron sacadas del escenario como un decorado incómodo. El resultado: una zona crítica sin recursos, pero con fotos para el álbum familiar. El psicólogo que se llevó el EPI de recuerdo. Y para rematar la faena, las cámaras captaron el clímax de la farsa: un psicólogo del convoy, encargado de calmar a los evacuados, se bajó del autobús con su traje de protección en la mano, como si fuera un chándal usado. Mientras la Guardia Civil se movía en trajes de astronauta para no contaminarse, este señor caminó por la calle como si nada, sin descontaminación, sin protocolos. Una metáfora perfecta: el Ministerio de Sanidad exige trajes espaciales para la foto, pero deja la puerta de atrás abierta de par en par. Datos que duelen (y mucho): - 2 millones de euros en operativo de bioseguridad… pero con guardarratas rotos. - Pasajeros evacuados sin guantes, mientras los militares lucían trajes NBQ. - Ambulancias del SCS retiradas para que no se viera la dependencia autonómica. - Un cayuco sin control, porque el Gobierno prefirió atender otra crisis. - Un psicólogo con el EPI en la mano, porque el protocolo es opcional. Esto no es gestión sanitaria: es un reality show con vidas en juego. Mientras los políticos se pelean por quién manda más, los ciudadanos pagan el pato. Y lo peor es que, cuando llegue la próxima crisis, volveremos a ver lo mismo: teatro, improvisación y un EPI en la mano de alguien que debería saber mejor.

politica

Hace 3 semanas

Gualda calló el apaño: 53M en humo

El rescate de 53 millones que se esfumó como un chiste malo. Mientras los españoles apretaban el cinturón en 2020 —aquella época dorada en la que el pan de molde costaba como un billete de avión—, la SEPI, ese fondo público que debería ser más transparente que el cristal de una catedral, se deshacía en halagos para salvar a Plus Ultra. La aerolínea, ahogada en deudas, recibió un cheque en blanco con condiciones claras: los accionistas venezolanos detrás de SNIP Aviation no podían tocar ni un solo título. Era la regla del juego. O eso decían. Pero el 30 de mayo de 2025, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez firmaba cheques sin fin para otros menesteres, los dueños de Plus Ultra —esos mismos que el Estado había rescatado— negociaron en secreto su salida. La operación, sellada el 10 de octubre con notario de por medio, olía a apaño desde el primer momento: la SEPI, en lugar de declarar el vencimiento anticipado del préstamo (como exigía el contrato), aprobó la venta el 21 de noviembre de 2025, como quien firma un autógrafo en una fiesta ajena. 53 millones de euros públicos se quedaron en el aire, pero los accionistas venezolanos se fueron de rositas, sin devolver ni un céntimo. ¿El detalle más jugoso? Todo esto ocurrió justo unos días antes de que la UDEF allanara sus oficinas por un supuesto caso de blanqueo de capitales. Coincidencia? Para los que creen en Papá Noel, quizá. Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, sabía perfectamente de qué iba el tema. El 13 de abril de 2026, mientras el Senado le preguntaba a gritos por los nuevos dueños de Plus Ultra, ella se hizo la sueca. El senador Salvador de Foronda, del PP, le lanzó la pelota varias veces: «¿Quiénes son los accionistas de Plus Ultra?». Gualda, en lugar de responder, prefirió jugar al escondite. Cuando la presidenta de la comisión, Ana Beltrán, le dio un tirón de orejas («Deje que diga quiénes son los accionistas»), la respuesta fue un silencio incómodo, como el de un camarero que se olvida de traerte la cuenta. Si hubiera hablado, habría tenido que explicar por qué la SEPI cambió las reglas del rescate a última hora y por qué validó una operación que, técnicamente, debería haberle costado el puesto a los accionistas originales. El senador Foronda no lo dijo con flores: «Esto huele a opacidad institucional, como esos préstamos puente de Simon Leendert Verhoeven que se saldaron con dinero público». Y tiene razón. Porque mientras los ciudadanos se quejan de que el IBI sube más que el termómetro en agosto, la SEPI negocia con accionistas vinculados a operaciones sospechosas y luego tapa el asunto como si fuera un chisme de vecindad. El rescate de Plus Ultra no fue un acto de generosidad: fue un agujero contable disfrazado de salvación empresarial. Y lo peor es que, cuando te acercas a preguntar, te cierran la puerta en las narices. La moraleja? En España, cuando el dinero público se mezcla con negocios turbios, siempre hay alguien —generalmente un político o un funcionario— que prefiere callar antes que explicar por qué 53 millones de euros se evaporaron como el humo de un cigarrillo en una discoteca. Belén Gualda no solo conocía el apaño: lo aprobó. Y ahora, mientras los venezolanos se frotan las manos, los contribuyentes seguimos pagando la factura. Como siempre.

politica

Hace 3 semanas

Una imagen surrealista de un avión de Plus Ultra posado en una balanza gigante, con monedas de 500 euros cayendo como lluvia. Al fondo, un reloj que marca el 21 de noviembre de 2025 (fecha de la autorización de la SEPI) y un sobre negro con el sello

SEPI rescató a aerolínea fantasma... y los venezolanos se fugaron con el botín

El rescate que olía a gasolina de contrabando Imagina que vas al supermercado con 500 euros en el bolsillo. La lista de la compra son 53 millones. No, no es un chiste: es el menú del día que el Gobierno de Pedro Sánchez le endilgó a Plus Ultra, una aerolínea que, en plena pandemia (cuando hasta el pan costaba más), movía el 0,03% del tráfico aéreo español. Es decir, menos que el humo de un cigarrillo en un vagón de metro. Pero aquí viene lo bueno: los accionistas venezolanos, que olían a negocio turbio como un pescado a tres días de la nevera, se largaron del barco sin devolver ni un céntimo del rescate. Y la SEPI, que debería haberles dicho ‘ni de coña’, les dio luz verde 21 días antes de que la policía les cayera encima. El guante blanco de la hipocresía El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate con la misma naturalidad con la que otros tiran de tarjeta para pagar el capricho del mes. 53 millones de euros —suficientes para comprar 107.000 coches eléctricos, según los cálculos de un perito independiente— se esfumaron hacia una empresa que, según el economista Pedro Martín Molina (el tipo al que la juez encargó analizar el desastre), no solo no debía ser rescatada, sino que nunca devolvería el dinero. Pero claro, ¿quién va a discutírselo a la SEPI cuando el expediente es secreto como los chismes de un vestuario? Belén Gualda, presidenta del holding, ni siquiera se molestó en responder a las preguntas de La Radioteca. Silencio que aúlla. Y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, el amigo del imputado (Julito Martínez, un señor con más conexiones que un router en una oficina pública). El expresidente cobró de una empresa zombi la misma cantidad que esa sociedad había cobrado de Plus Ultra. Coincidencia? Zapatero lo niega, claro. También niega que su reunión con Martínez en El Pardo, tres días antes de la detención, fuera más que un azafata social. Pero los hechos son tozudos: la operación policial se adelantó porque alguien cantó. Y mientras, la SEPI cambió las reglas del juego para que los venezolanos se fueran de rositas. El blanqueo con alas (y sin rastro) Lo más jugoso es el detalle internacional: Suiza, Francia y hasta la Fiscalía Anticorrupción española olfateaban un entramado de lavado de dinero con raíces en Venezuela y paradas en paraísos fiscales como Panamá, Gibraltar y Suiza. Dinero negro con pasaje en primera clase. Pero como en este país los escándalos se archivan como archivos de Word sin guardar, el caso quedó en stand by. Hasta que La Radioteca destapó que los accionistas venezolanos se deshicieron de sus acciones el 30 de mayo de 2025, con la bendición de la SEPI el 21 de noviembre. Justo antes de que la policía les cerrara la puerta. Plus Ultra, por su parte, se rasga las vestiduras: ‘¡Nosotros pagamos intereses!’, dicen, como si eso borrara el hecho de que llevan 10 años sin beneficios (sí, más tiempo que el de un matrimonio con problemas). Y sobre Análisis Relevante —la empresa del amigo de Zapatero— ni una palabra: ‘Es secreto del sumario’, susurran, como si eso justificara que el dinero público acabe en manos de quien sabe Dios qué. El colmo: el juez sigue guardando el expediente bajo siete llaves Mientras, el juez Calama prorroga el secreto de sumario (la próxima fecha clave es el 28 de mayo). Porque, claro, ¿para qué destapar que el Estado español financió una aerolínea fantasma mientras sus dueños se embolsaban el dinero y sus socios venezolanos se esfumaban como humo en un aeropuerto vacío? 53 millones que, según el perito, nunca se recuperarán. Pero tranquilos: la SEPI cumple la normativa. Como un camello en la mezquita. --- Datos que duelen (y cómo los cosieron a la historia): - 0,03%: El tráfico aéreo que movía Plus Ultra en 2021 (menos que el ruido de un taladro en una obra). - 53 millones: Lo que costó el rescate (suficiente para comprar 107.000 coches eléctricos o pagar 21 años de sueldos de un médico de primaria). - 21 de noviembre de 2025: Fecha en que la SEPI autorizó la salida de los accionistas venezolanos (y 20 días después, la policía les detuvo). - 12 millones: Lo que ya ha pagado Plus Ultra en intereses (pero el capital sigue intacto, como un chiste malo). - 64,3%: El porcentaje de acciones que quedó en manos de Julito Martínez, el amigo de Zapatero y ahora imputado. - 10 años: Tiempo que lleva Plus Ultra sin beneficios (más que la esperanza de vida de un político en el poder). - 28 de mayo: Fecha clave para saber si el juez levanta el secreto de sumario (o si seguiremos en la misma).

politica

Hace 3 semanas

70 inmigrantes plantan cara: ‘O papeles, o revuelta’

El motín del colegio abandonado: cuando la paciencia se agota y el Estado se queda sin excusas. Imagínate llegar a un all you can eat de hamburguesas, pero en lugar de comida, te sirven promesas vacías y un menú que nunca cambia. Eso es lo que vivieron 70 inmigrantes en el antiguo colegio Los Maristas (Guardamar del Segura, Alicante), donde la única diferencia entre su situación y la de un hostal low cost es que aquí ni siquiera te dejan factura. El miércoles 8 de mayo, hartos de esperar a que el Gobierno les regularice como si fueran un whatsapp de cadena, bloquearon el acceso a los trabajadores sociales de CEPAIM y montaron un reality show de tensión máxima. La Guardia Civil tuvo que enviar 10 patrullas + la USECIC (su unidad de élite, la que sale en las películas cuando hay que evitar un Black Mirror en vivo), pero al final cedieron: ‘O nos regularizáis, o esto se pone feo’. ¿El detonante? La regularización masiva que prometió Pedro Sánchez en 2024, ese chiste recurrente que lleva dos años en el aire como un globo de helio sin atar. Mientras tanto, estos hombres —alojados desde primavera de 2024 en un hotel de Guardamar que terminó en fuego cruzado (literalmente: reyertas, abusos y robos)— fueron trasladados a este colegio fantasma, a 10 minutos de Elche, como si el problema se solucionara con cambiar de dirección. Error. En enero de 2025 ya lo demostraron: cortaron la N-332 a pie, pararon el tráfico y gritaron su descontento como si fueran influencers de una protesta #MeToo laboral. Ahora, con la amenaza de más motines, la Guardia Civil teme que esto sea el Domino’s de los conflictos sociales: ‘Pedidlo ahora y os lo entregamos… cuando nos dé la gana’. Datos que saben a poco: Llevan dos años en España sin papeles, sin trabajo y con un historial que parece sacado de un thriller barato. Mientras, el Gobierno sigue jugando al ping-pong político: ‘Primero el hotel, luego el colegio, ahora… ¿qué?’. La pregunta no es por qué se amotinan, sino por qué alguien cree que esto no va a repetirse. Porque cuando la dignidad se convierte en producto de temporada, hasta el más tranquilo acaba pidiendo ‘o me das el bono, o me lo como yo’. Y aquí está el twist: CEPAIM, la ONG que gestiona el centro, es el puente entre estos hombres y un Estado que prefiere invertir en seguridad privada (la USECIC) que en soluciones. Mientras, en Guardamar, los vecinos siguen con el trauma post-trauma de 2024: ‘Nos prometieron que se iban, y aquí siguen’. La ironía es que el Gobierno ya tiene la receta para la regularización, pero prefiere que el conflicto hierva a fuego lento, como un cocido que nunca termina de cuajar. El guión es predecible: Protesta → traslado → nueva protesta → más traslados. La variable que falta es el timing. Y mientras, los 70 amotinados ya saben una cosa: en este país, la paciencia es un lujo que solo pagan los de fuera.

social

Hace 3 semanas

Una escena surrealista en un aula de instituto catalán: un profesor con carteles de huelga en una mano y un Mossos de paisano tomando notas con cara de espía de película barata al fondo. A la izquierda, un cartel de ‘Bienvenidos a la clase’ con un ‘No pasaran’ escrito con spray. A la derecha, una pizarra con la frase ‘Hoy toca mediación… o multa’. Iluminación dramática, estilo fotoperiodismo de los 70 mezclado con humor absurdo. Colores apagados, excepto el rojo de un cartel de ‘Prohibido entrar a Mossos’ pegado en la puerta. Sin rostros reconocibles, solo siluetas con gorras y corbatas de paisano.

Mossos en clase: el Govern juega a policía en el cole

El Govern catalán ha convertido los institutos en un campo de pruebas para su particular versión de Gran Hermano: mientras los profesores negocian su salario con huelgas épicas (17 días entre mayo y abril, porque claro, ¿qué es la educación si no un reality de supervivencia?), la Generalitat decide que los Mossos d’Esquadra hagan de tutores de refuerzo en los centros más conflictivos. El plan, anunciado el pasado Sant Jordi con el entusiasmo de quien lanza un globo de helio en una manifestación, consistía en que agentes de paisano —vestidos como si hubieran salido de un escape room de los 90— hicieran de mediadores. Pero, como suele pasar cuando mezclas educación y uniformes, el resultado ha sido más tinder que taller de convivencia. El piloto, puesto en marcha en 14 institutos, ya ha dejado a ocho de ellos en stand by. ¿Motivo? Que los claustros votaron con los pies (o con la boleta de rechazo). Los sindicatos, que no pierden oportunidad para recordarle al Govern que su prioridad debería ser pagarles un sueldo digno —no hacer de security en las aulas—, lo calificaron de “insulto”. Y no les falta razón: ¿qué profesor va a sentir que su espacio es seguro si el back-up son agentes que podrían acabar deteniendo a un alumno por llevar el pelo teñido de azul? Illa, el conseller de Educación, intentó venderlo como una medida “opcional” y “demandada” por los centros, pero la realidad es que sonaba más a “si no hay profes, ponemos Mossos” que a “vamos a mejorar el clima escolar”. Peor aún: Núria Parlon, la consellera de Interior, aseguró que el plan funcionó en Gerona, pero cuando le preguntaron por las deserciones, respondió con un “no tengo cifras” que olía más a papel mojado que a transparencia. Pero el clímax llegó este miércoles, cuando el sindicato CGT destapó que dos Mossos se infiltraron en una asamblea de profesores fingiendo ser docentes. La excusa oficial: “valorar amenazas”. Traducción callejera: “como no sabíamos qué hacer con los agentes, les dijimos que se hicieran pasar por lo que no son”. La oposición, que huele sangre política, ya pide la dimisión de Josep Lluís Trapero (el director general de los Mossos, apodado “el traidor” por los independentistas) y la comparecencia de Jordi Niubó, el presidente del Govern. Illa, por su parte, salió del paso con un “yo no sabía nada” que suena a “yo no firmé el cheque, pero el banco ya me lo cargó”. Eso sí: confía “plenamente” en los Mossos, como quien confía en que el ascensor no se atascará… hasta que se atasca. Lo irónico es que este show de desconfianza y torpeza llega en un momento en que el PSC y ERC se acusan mutuamente de ser “tibios” en el procés. Pues nada como meter policías en las aulas para demostrar que, al menos en esto, el Govern no tiene miedo a tomar decisiones. Aunque, claro, decisiones que parecen sacadas de un sketch de El Intermedio: profesores huelguistas, Mossos de paisano, asambleas infiltradas y un conseller que no sabe ni cuántos institutos han dicho “no gracias”. La educación en Cataluña ya era un juego de tronos antes de esto, pero ahora parece más bien un juego de las sillas musicales donde, si te quedas sin asiento, te multan por desobediencia. Y mientras tanto, los alumnos, los verdaderos perjudicados, siguen atrapados en medio de un experimento social que huele a quema de archivos. Porque, al final, lo que el Govern no entiende es que la educación no se soluciona con más policía, sino con menos burocracia, más dinero y profes que no tengan que elegir entre dar clase o hacer control de daños. Pero, bueno, como dijo alguien: “en Cataluña, hasta los Mossos tienen que hacer colas para entrar en clase”.

politica

Hace 3 semanas

Una escena surrealista en un puerto: un crucero de lujo anclado bajo un cielo dramático, con figuras en trajes de protección desordenados (uno colgando de un brazo como un abrigo olvidado). Al fondo, un microbús militar con miembros del gobierno posando para fotos, mientras en primer plano, un contenedor de basura etiquetado como

Sanidad dejó escapar el hantavirus en el Hondius

El hantavirus y el teatro de Sanidad: cuando los protocolos se convierten en un sketch de emergencia. Mientras el MV Hondius, ese crucero de lujo que parece sacado de un reality de supervivencia, se convertía en el escenario de un brote de hantavirus, algo más preocupante que el virus en sí emergió: la capacidad de Sanidad para detectar casos antes de que los pacientes se convirtieran en titulares en medios extranjeros. Dos positivos —uno estadounidense con síntomas 'leves' (como si eso fuera un fast food de enfermedades) y otro francés que pasó de sentirse 'mal' a dar positivo en PCR como quien cambia de canal— se les escaparon entre los dedos. Y no es que el barco fuera un colador, sino que los protocolos de screening, diseñados para ser infalibles, resultaron tan efectivos como un tamiz de playa en una tormenta. El circo de la cuarentena: 42 días de waiting (y de dudas). El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, anunció que la cuarentena empezaría el 6 de mayo y podría alargarse hasta 42 días —sí, como en El Señor de los Anillos, pero sin la épica—. La fecha, negociada con la OMS, el ECDC y el Centro de Alertas Sanitarias, suena a número redondo sacado de un manual de marketing de crisis. Mientras, los 14 españoles afectados (y sus familias, que seguro ya tienen el Airbnb reservado para aguantar el confinamiento) tendrán una primera semana 'estricta' sin visitas, como si el virus fuera un influencer que no quiere ruidos a su alrededor. Padilla promete que no será un castigo, sino una 'experiencia controlada'. Traducción callejera: 'Aguantad, que esto se alarga más que la cola del INEM'. El EPI, ese accesorio que nadie usa del todo. Pero lo mejor llegó después: un psiquiatra de Sanidad Exterior, en pleno operativo de desembarco express en Tenerife, se bajó de un microbús de la UME con el traje de protección colgando del brazo, como si fuera un smoking después de una fiesta. Las imágenes lo muestran caminando por la calle sin depositar el EPI en ningún contenedor —sí, ese que supuestamente estaba 'habilitado' para la ocasión—. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, salió al rescate con un discurso que olía a copypaste de protocolo: 'Estaba estipulado que lo dejara en un contenedor... imagino que lo hizo'. Imagino, sí. Como cuando tu vecino jura que pagó el gym pero nunca vas a verlo sudar. Fotos en el autobús: el selfie que no debía ser. Mientras, otros miembros del Gobierno y responsables del operativo posaban sonrientes junto al microbús donde estaban los tripulantes del Hondius, como si estuvieran en un glamping sanitario. ¿Prioridades? Parece que la comunicación política (y el content para redes) pesó más que el rigor. Porque, seamos honestos: si esto fuera un thriller médico, el guionista ya habría sido despedido por falta de tensión. El dato que duele: 0 positivos detectados... hasta que no lo fueron. Las autoridades sanitarias aseguraron que nadie a bordo presentaba síntomas del hantavirus. Spoiler: se equivocaron. Como cuando tu madre dice 'esto no está caro' y luego descubres que te ha timado en el mercado. La pregunta es: ¿falló el protocolo, la formación o simplemente la presión por cerrar el operativo ya? Mientras, la OMS y el ECDC miran para otro lado, y los pasajeros del crucero —ahora en cuarentena— se preguntan si su vacaciones de lujo acaban de convertirse en el reality más caro de su vida. La moraleja del Hondius: cuando la salud pública se juega a las chapuzas. Este episodio no es solo un fail sanitario, sino un espejo de cómo se gestionan las crisis en España: con prisa, con fotos para el feed y con protocolos que parecen sacados de un manual de supervivencia low cost. Mientras los científicos debaten plazos y cifras, los pacientes (y los contribuyentes) pagamos el pato. Y lo peor es que, cuando esto acabe, nadie dimitirá. Como siempre.

salud

Hace 3 semanas

Imagen surrealista de un espejo gigante en Moncloa con dos maquilladores compitiendo: uno con pinceles y otro con un maletín de

Moncloa paga 83K por maquillar a Sánchez... y el frío lo pone él

El Gobierno tira la toalla con su maquilladora de confianza —y el presupuesto no se lo cree. Mientras los españoles ajustan el cinturón para llegar a fin de mes, Moncloa se rasga las vestiduras por elegir al artista que le quite los brillos al presidente en su próximo selfie institucional. Ovejero Sequeiro, la empresa que durante ocho años ha sido la manicura oficial de Pedro Sánchez (y antes de Mariano Rajoy, porque la política no tiene memoria), ha sido echará’ pa’lante como si oliera a gasolina. Y no es por falta de currículum: desde 2018, esta joya de la subcontratación pública ha embolsado 600.000 euros en contratillos de lo más variopinto —desde eventos hasta trabajos de fantasía— con 400 licitaciones bajo el brazo. Pero ahora, con el año electoral a la vuelta de la esquina, parece que Sánchez prefiere un look más cool: alguien que sepa maquillarle en ambiente frío (¿acaso el hemiciclo es la Antártida?) y que, además, describa con antelación sus técnicas de peinado y maquillaje como si fuera un chef explicando su menú degustación. 83.000 euros por 190 sesiones. Eso es 436 euros por acto —o lo que es lo mismo, el precio de un after en un bar de moda por cada rueda de prensa donde Sánchez suda tinta. Y no es cualquier rueda: hay que estar preparado para exterior frío, exterior cálido, interior frío, interior cálido y, por supuesto, la clásica después del Consejo de Ministros, donde el presidente suele salir con cara de quien acaba de perder al Monopoly. Los pliegos de la licitación son un manual de instrucciones para maquilladores: no basta con saber retocar; hay que demostrar cómo lo harías en cada escenario, como si esto fuera MasterChef pero con base de maquillaje. La hipocresía del sistema. Lo más gracioso (o triste, según se mire) es que el 50% de la puntuación para adjudicar el contrato depende de juicios subjetivos. ¿Que cómo se valora el grado de profesionalidad? Pues como uno quiera, porque aquí no hay fórmulas: es a ojo. Mientras, Ovejero Sequeiro, la eterna candidata, ha sido filtrada del proceso por arte de magia (o de influencia), dejando solo a Baiona Steve Lacara S.L. y su estrella, Mariló Herranz, una maquilladora que, además de retocar rostros, imparte cursos en Atresmedia Formación. ¿Coincidencia? Que no se note. El circo electoral ya está montado. Con 150 euros por sesión para quitar brillos (sí, leen bien), el Gobierno parece más preocupado por el filtrado de Sánchez que por los brillos de la economía. Mientras la ciudadanía hace cola en el INEM, Moncloa se luce con licitaciones que huelen a puerta giratoria: 120 contratos menores en 5 años para una empresa que, de repente, ya no sirve. ¿Cambio de look o cambio de chaqueta? La historia dirá si Herranz logra el makeover político del siglo… o si esto es solo el precalentamiento de un año en el que lo único que brillará será el brillo de los discursos. Datos que duelen (y no son de la OMS): - 83.000 euros para maquillar a Sánchez en 2026 (190 sesiones en Madrid + 20 fuera). - 150 euros por acto dentro de la Comunidad (sí, menos que un menú del día en un sitio decente). - 600.000 euros en contratillos para Ovejero Sequeiro desde 2018 (y 400 licitaciones para cositas). - 50% de la puntuación en juicio de valor (porque la democracia también tiene gusto). - Ana Renedo fuera; Mariló Herranz (de Atresmedia) dentro: el casting político nunca falla. - 120 contratos menores en 5 años para la empresa descartada: ¿sobresueldos o sobrefacturación?

politica

Hace 3 semanas

Una oficina sindical en penumbra, con un escritorio lleno de cheques falsificados y tinta borrable esparcida como huellas digitales. Al fondo, un teléfono móvil con una llamada reciente marcada como

Álvarez tapó el fraude y felicitó a la ladrona

El sindicalista que prefería el 'silencio corporativo' a la denuncia Mientras los trabajadores de UGT Madrid sudaban tinta en la oficina (o desde sus casas, teletrabajando como Mayka Tomás López, la administrativa estrella que gestionaba los FOGASA desde su salón), Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, se dedicaba a otra cosa: borrar rastro. No el de los cheques falsificados —esos los firmaba ella con tinta borrable—, sino el de la responsabilidad. Porque cuando el fraude ya olía a podrido (y a vuelos a Dubái con dinero público), Álvarez no ordenó una investigación. Ordenó lo contrario: callar. 4.616.385 euros. Esa es la cifra que el Juzgado de Instrucción 21 de Madrid persigue como un fantasma: dinero de trabajadores estafados, convertido en paquetes turísticos de lujo, cirugías estéticas y dos Mercedes que brillan más que la carrera política de Álvarez. Pero lo gracioso —o trágico, según se mire— es que el sindicato tardó 17 meses en denunciar. Diecisiete meses en los que la presunta ladrona, Mayka, se paseaba por las Maldivas mientras sus compañeros en UGT Madrid seguían cobrando su sueldo. Eficiencia sindical, vaya. Álvarez no aparece como investigado, pero sí como el hombre que dijo 'no'. Tres veces, según el sumario. La primera, cuando su asesor jurídico le contó que Mayka presumía de haberle llamado para felicitarla por su gestión (sí, con comillas, porque gestionar un fraude no es lo mismo que gestionar un conflicto laboral). La segunda, cuando dos empleados intentaron recuperar documentos clave y se encontraron con un muro: «Pepe Álvarez ha dicho que no se denuncie». Y la tercera, cuando, en pleno caos, el despacho de administración fue clonado y custodiado por seguridad privada mientras los implicados seguían negociando en silencio. ¿Incompetencia o complicidad? La pregunta que el sumario deja en el aire como un cheque sin firmar. Porque mientras UGT Madrid se ahogaba en su propia burocracia, Álvarez seguía siendo el sindicalista de los acuerdos: el mismo que negociaba reformas laborales con el Gobierno (como la de 2021, que derogó parte de la reforma de Rajoy) mientras su organización se desangraba por dentro. Institucional hasta la médula, pero con un problema: cuando el dinero público huele a podrido, hasta los más perfectos tienen que elegir entre la denuncia y el silencio. Y él, claro, eligió el silencio. Porque en el mundo de los sindicatos, a veces el mejor aliado de un ladrón es un dirigente que prefiere no hacer preguntas. Detalle curioso: Mientras Mayka disfrutaba de sus viajes, Álvarez llevaba 10 años al frente de UGT (desde 2016). Diez años de liderazgo institucional, pero con un pequeño problema: cuando la casa arde, hasta los bomberos más pulcros se manchan las manos. O las dejan manchar a otros. ¿Responsabilidad penal para UGT? El sindicato Solidaridad lo pidió, pero la juez lo rechazó: «UGT es la perjudicada». Una ironía digna de los mejores chistes sindicales: el sindicato que defiende a los trabajadores es, según la ley, una víctima… aunque sus dirigentes hayan ayudado a que el ladrón saliera impune.

social

Hace 3 semanas

Una escena surrealista en un puerto canario al atardecer. Un microbús militar de cristal (tipo

Sanidad y Defensa: el psiquiatra que bailó sin EPI

El crucero del hantavirus: cuando el protocolo se convierte en un chiste mal contado. Mientras el Gobierno repite como loros que el operativo del Hondius —ese crucero que parece sacado de una película de terror barato— es un ejemplo de «normalidad absoluta», un psiquiatra de Sanidad Exterior se baja de un microbús militar agitando su equipo de protección individual (EPI) como si fuera un abanico en un día de verano. 14 turistas españoles acababan de ser trasladados en ese mismo vehículo desde el barco al aeropuerto, y el tipo, que según OKDIARIO viajó allí por petición expresa del Ministerio de Mónica García, no solo no llevaba puesto el EPI, sino que lo exhibía como prueba de que, en realidad, le sobraba tiempo para preocuparse por el protocolo. ¿Un fallo aislado? Ni de coña. Esto no es un glitch de sistema, es el colmo de la improvisación cuando el dinero público arde. Porque mientras el psiquiatra se bajaba del microbús como si el hantavirus fuera un resfriado más, Margarita Robles, ministra de Defensa, estaba digiriendo con mal sabor de boca que Sanidad le hubiera colado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) el trabajo sucio de transportar a los afectados. ¿El resultado? Un operativo que huele a salsa de tomate echada sobre una chapuza: 14 pasajeros en un microbús militar (sí, como los de las películas de guerra, pero sin la épica), un psiquiatra sin protección que agitaba su EPI como si fuera un amuleto contra la mala suerte, y un Ministerio de Sanidad que, en lugar de asumir el desastre, prefiere vender la idea de que todo va «extraordinariamente bien». Pero el pastel se pone más gordo. Mientras el Gobierno central se frota las manos por la «operación inédita», Fernando Clavijo, presidente de Canarias, no solo ha llamado desdén y desprecio a la actuación de Pedro Sánchez, sino que ha montado en cólera porque el Hondius lleva más de 24 horas fondeado frente a Granadilla sin permiso. Técnicos canarios le advirtieron que el barco era un «peligro potencial», pero el Gobierno de España, en vez de escuchar, decidió improvisar un operativo que parece sacado de un sketch de El Intermedio. ¿El resultado? Una reunión de emergencia entre Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla para soltar un rotundo: «No vamos a autorizar esto». Datos duros que pican más que el hantavirus: - 14 turistas en un microbús militar (porque, claro, nada como mezclar lo público y lo privado para ahorrar). - Un psiquiatra de Sanidad sin EPI, agitando su equipo como si fuera un selfie de protesta. - 24 horas extra del crucero fondeado, a pesar de las advertencias técnicas. - Mónica García vendiendo «normalidad absoluta» mientras el operativo huele a improvisación con mayúsculas. ¿Y la UME en todo esto? Pues aguantando el chaparrón, porque cuando el Gobierno necesita un microbús para trasladar a gente en una emergencia sanitaria, no pregunta, ordena. Y mientras, Defensa se rasga las vestiduras porque le han tirado un trabajo que no era suyo. ¿El colmo? Que todo esto pase mientras el Gobierno repite como un disco rayado que «todo va bien», como si el hantavirus fuera un virus de la gripe y no un peligro real que requiere protocolos serios, no improvisaciones de última hora. La ironía del caso: Mientras el psiquiatra agitaba su EPI en plena calle, Sanidad y Defensa se peleaban por quién había metido la pata. ¿El verdadero problema? Que en medio del lío, los 14 turistas (y quién sabe cuántos más) quedaron expuestos a un operativo que, en lugar de ser un ejemplo, parece sacado de un reality show de catástrofes. ¿Moraleja? Cuando el Gobierno dice que «todo va bien», revisa bien la foto: porque lo que ves no siempre es lo que hay. Y en este caso, lo que hay es un microbús militar, un psiquiatra sin protección, y un crucero del hantavirus que parece más un plot twist de serie que una emergencia real. Bienvenidos al circo del hantavirus: donde el protocolo se escribe con tiza y la improvisación es la estrella del espectáculo.

salud

Hace 3 semanas

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